Mensaje presidencial del doctor Raúl Alfonsín a la Honorable Asamblea Legislativa

Honorable Congreso:

El 1° de Mayo tiene para los argentinos un significado múltiple. Marca el momento en que el Poder Ejecutivo, dentro del principio constitucional de separación de los poderes, informa al Congreso de la Nación las grandes líneas de su acción de gobierno, define propósitos para el cumplimiento de su mandato y da cuenta al pueblo y a las provincias en la persona de su representante del estado de los asuntos públicos.

En la fecha recuerda con gratitud a los Constituyentes que sancionaron la Constitución Nacional en 1853, cuya inspiración y sabiduría son fuente de orientación permanente en la marcha de la República hacia sus grandes destinos en paz, unión y democracia.

Tiene el 1° de Mayo un sentido especial para los trabajadores. Es una fecha que ellos han consagrado para reclamar contra la injusticia, y prometerse fraternalmente eliminarla por el camino del trabajo y la valorización de su presencia política.

Y este 1° de Mayo agrega además un sentimiento entrañable. Recuerda el acto bautismal sellado con sangre en defensa del honor nacional. En su virtud, quienes fueron a la batalla para morir como valientes, mostraron coraje al servicio de la patria. Permitieron que las glorias de nuestra historia quedaran sin mengua y pudiera renovarse el compromiso del pueblo con sus ancestros, que en similares circunstancias supieron morir con gallardía y determinación.

Honorable Congreso:

Hace 140 días que se ha restablecido el sistema republicano, representativo y federal en la Argentina.

En ese corto tiempo, hemos podido apreciar los constantes requerimientos de la ciudadanía, que empieza a encontrar en la democracia su forma natural de convivencia. Pero faltaríamos a la verdad si no dijéramos que el país sufre aún las consecuencias de profundos trastrocamientos en la escala de valores y que se observan vestigios de una acción corporativa como producto evidente de una época en que cada sector pensaba egoístamente en la sola defensa de sus intereses directos.

La democracia sólo funcionará en plenitud cuando todos estemos dispuestos a anteponer los intereses de la República a ideas particulares que resultarían estériles si no se compatibilizaran con las del conjunto de la sociedad.

Para ello se requiere del diálogo que presupone la unidad de los dialogantes, y esta unidad exige un amplio espíritu de reconciliación. Sin reconciliación y diálogo aparecerán y se acrecentaron las tendencias a la fragmentación: «Todo reino dividido contra sí mismo es arruinado y las casas caen unas sobre otras», narra el evangelista.

Un gobierno democrático debe considerar siempre que en el juego de las instituciones la discrepancia constituye una forma efectiva de colaboración, además del ejercicio de incuestionables derechos. La oposición ejerce la fiscalización de los actos de gobierno y propone a su turno alternativas legítimas. Una oposición que intentara la anulación del gobierno se alejaría
de las reglas de juego del sistema democrático. El desarrollo de la pluralidad, dentro de la unidad, irá acrecentando el espacio de la tradición democrática argentina.

El diálogo constituye una empresa difícil, pero es tan urgente como indispensable. Sin la existencia de un verdadero diálogo, serían insostenibles el orden y la paz. Estamos seguros de que la opinión pública y el conjunto de la ciudadanía desean una paz interior que asegure posibilidades para la búsqueda de mayor libertad, con mayor seguridad y mayor bienestar.

La paz interior no se establece ni se preserva por sí sola: la reconciliación y el diálogo deben ser introducidos en la vida social, aun para asegurar el mismo progreso material.

Después de las guerras civiles del siglo pasado, la tarea fundamental de artesanía política consistió en restaurar las condiciones para la convivencia entre los argentinos. Y en diversas ocasiones, las luchas se hubieran evitado si los tratados y acuerdos hubieran tenido lugar antes y no después de las confrontaciones. La reconciliación consiste verdaderamente en tratar a los demás como prójimos, como próximos, como a los otros que son como nosotros.

La reconciliación está en el centro del razonamiento ético, porque el razonamiento ético implica siempre renunciar a una parte de las apetencias propias en función del conjunto. A través del diálogo se establece una prioridad ética y solidaria. La paz interiores imposible si cada uno atiende solamente a sus propias necesidades de existencia y no a las condiciones de existencia de los demás.

Por medio del diálogo y del esfuerzo en reconciliar a los argentinos reconocemos que existen diversidades. Del reconocimiento de esas diversidades parte nuestra propuesta, pues si todos pensáramos lo mismo y tuviéramos las mismas necesidades e intereses, el diálogo sería superfluo.

Toda ética se basa en el respeto a los demás y en el reconocimiento de derechos propios de los otros. El respeto a los demás parte del respeto a la vida y desde allí se extiende. La reconciliación que proponemos, que debe ser una reconciliación profunda, no puede sino basarse en la verdad: sin engaños, sin recursos tácticos, sin verdades a medias,con una sinceridad absoluta de corazón, podremos encontrarnos los argentinos. La grave crisis que estamos viviendo exige el sacrificio de renunciar a ventajas ocasionales y aceptar una búsqueda común de la verdad. No solamente son insinceros quienes usan del oportunismo o de los fingimientos, sino quienes formulan exigencias que en su fuero interno saben de cumplimiento imposible. La justicia exige verdadera honestidad y verdadero interés por nuestros contemporáneos.

No puede hablarse de reconciliación ni de diálogo justo si, por voluntad de poder, o por intereses creados, o por espíritu de venganza, quien habla no está dispuesto a ceder nada o quien escucha endurece su corazón. El desbloqueo de las rigideces, apoyado en la conciencia general de los peligros que nos acechan y en la esperanza común de dejan a nuestros hijos un país mejor, es indispensable para lograr el entendimiento entre los argentinos.

Aunque el Parlamento y las vías normales complementarias resultan insustituibles para la convivencia, no son suficientes en la emergencia que vive el país.

Es indispensable superar antagonismos artificiales, que más bien son residuos históricos pero también superar antagonismos naturales que hacen a la problemática específica que nos toca enfrentar.

Uno de los aspectos menos explicados de la vida política de todos los países es la terrible atracción que sobre algunos sectores tienen la destrucción y la muerte. Cuando llamamos a la reconciliación y al diálogo estamos defendiendo la vida. La elaboración de un mecanismo racional para la defensa de la convivencia constituye el único camino que podemos seguir los argentinos para impedir nuevos y peores ciclos de terrorismo y represión. Por nuestra parte tenemos muy en claro que debemos compatibilizar nuestra inclaudicable vocación de justicia con la convicción de que la justicia está al servicio de la vida. Existen ocasiones en que la justicia —así ocurre en las guerras—suele ser invocada antes como un arma que como una metodología de la paz.

La justicia se opone de por sí a la destrucción y va acompañada necesariamente de la honestidad de conciencia. Esto implica problemas que no son siempre fáciles de resolver. Muchas de esas cuestiones pueden ser encaminadas a través de un espíritu de reconciliación. Hay veces, como explica Santo Tomás, en que la bondad de la voluntad humana acerca más a la justicia que la simple razón humana.

Para alcanzar, entonces, la reconciliación no solamente será necesario hablar con honestidad, aceptar ser hablado y buscar la justicia, sino también iluminar nuestras acciones con bondad. Sin bondad, no habrá unidad nacional.

La fragmentación de una sociedad es la alternativa inexorable cuando en un país cada uno deja de escuchar y atender a los demás.

El autoritarismo, muy lejos de establecer la autoridad, la destruyó y llevó a deshacer, en la República, a la misma autoridad presidencial.

Muchos hablan de que existía una dictadura sin dictador. El poder, así, se feudalizaba y crispaba, impotente para componerse.

En la Argentina se ha restablecido, después de muchos años, la autoridad del gobierno propiamente dicho. El ciclo autoritario tendió a deshacer la autoridad e inició o acentuó un proceso de fragmentación terriblemente peligroso.

Quizá parezca paradójico decir que con la democracia se ha restablecido en el país la existencia misma del gobierno y se ha terminado, esta vez sí, con un verdadero vacío de poder para recrear una voluntad nacional firme y serena, establecida sobre las bases del derecho y la justicia.

Sin embargo, el pasado es demasiado reciente como para que haya desaparecido el peligro de una fragmentación, que sería mucho más grave aún que la ya conocida.

Cuando hablamos del peligro de una fragmentación del país no estamos inventando un fantasma, pues esa fragmentación estuvo claramente insinuada ya en épocas recientes y de ella surgió una importante franja de violencia.

Nos encontramos el 10 de diciembre con una Argentina angustiada y señalada inequívocamente con los signos de la destrucción. Pero de esa angustia surgirán la esperanza, la resurrección, la perspectiva de reconstruir la república de la vida. La autoridad del gobierno democrático emanó de un sentimiento ético, en nombre del cual se convocó al pueblo argentino.

Nosotros proponemos al país un optimismo responsable. Si en el optimismo por los logros alcanzados por la libertad; la democracia, la moral pública, la justicia y la autoridad recuperadas, olvidáramos el grave peligro de una fragmentación de la República, haríamos a esta fragmentación posible.

El 30 de octubre el pueblo argentino votó por un proyecto de unión nacional y en reafirmación de los derechos a la libertad y a la vida, contra todo tipo de intolerancia.

Ese mandato nos impone una severa obligación moral, tanto a quienes estamos en el gobierno como a quienes les ha correspondido la tarea de actuar desde la oposición.

Ni nosotros ni la oposición podemos modificar la voluntad del pueblo argentino expresada a favor de la convivencia democrática. Ni nosotros ni la oposición podemos actuar desconociendo la realidad, y la realidad es que en la Argentina no tenemos dos siglos de democracia consolidada, sino una democracia naciente a la que todos debemos preservar en nuestros actos y en nuestras palabras. Pueblos admirables han entendido muy bien, en el pasado reciente, que es una transición y cuáles son sus verdaderas reglas de juego para que no fuera un nuevo intervalo entre dos dictaduras. No pretendemos transferir a la oposición la responsabilidad que, por el contrario, asumimos plenamente a través de la búsqueda de la reconciliación y el diálogo.

Honorable Congreso:

El 10 de diciembre dijimos aquí que una savia común alimentará la vida de cada uno de los actos del gobierno democrático: la rectitud de los procedimientos. Anotamos, también, que enfrentaríamos muchos problemas, pero que haríamos un gobierno decente. Hemos establecido en la Argentina un gobierno, que en sentido propio no lo había, y un gobierno decente. Los argentinos hemos logrado el funcionamiento pleno de los tres poderes del Estado y la vigencia del sistema federal. A veces, parecemos olvidar que hace muy poco tiempo tales cosas no existían. Los argentinos hemos rescatado la libertad y la democracia. Entre enormes dificultades, y aun si se quiere de contradicciones, nadie puede negar que estamos buscando el imperio de la justicia social, mientras que ese tema había sido olvidado en momentos de profunda insensibilidad, también cercanos. Los argentinos hemos recobrado plenamente nuestro prestigio internacional y decenas de gobernantes han visitado a nuestro país, que estaba absolutamente aislado antes del restablecimiento de la democracia. Los argentinos hemos emprendido una política interna y externa coherente, con aciertos y errores, pero totalmente comprensible, que reemplaza una acción que subordinaba los principios a la táctica y que hizo oscilar al país en todas las direcciones. Los argentinos nos hemos vuelto a encontrar con la libertad en nuestras universidades, donde el ruido de fondo de la vida reemplaza a la descomposición profunda del miedo.

No son pocas ni poco importantes las cosas que hemos logrado los argentinos en estos meses de democracia y será bueno que recordemos cuales son para poder defenderlas frente a quienes buscan dividirnos en función de sofisticaciones absurdas o francamente delirantes.

No dejamos de tener en cuenta la extrema gravedad de un contexto económico-social que no hemos creado, pero el esfuerzo común en la unidad nacional nos permitirá, con la ayuda de Dios, salir adelante.

Honorable Congreso:

Hemos recibido un país con un Estado totalmente distorsionado y puesto al servicio de un proyecto político autoritario y represivo, que dio como resultado una larga noche de miedo y muerte.

En este contexto, el Ministerio del Interior era el eje político del aparato desde donde se controlaba a la sociedad civil y desde donde se le negaba el derecho a la libertad mientras se manipulaba a la opinión pública tratando no sólo de reprimir las expresiones políticas sino, lo que es más grave, degradar a la misma actividad política. Durante ocho años estuvo al servicio de una política económica destructiva en la medida en que prohibía y castigaba toda protesta social que se levantara contra aquélla. La represión era una variable más de las utilizadas para ajustar la economía nacional hacia abajo, con el consiguiente deterioro de la estructura productiva, del capital y del salario.

Desde el Ministerio del Interior se instrumentaron las primeras medidas para destruir el federalismo, pese a que ese departamento, por ley, está a cargo de la defensa y de la promoción del régimen federal y de las autonomías provinciales. Así, se desprotegió a las provincias —en momentos en que ellas sufrían el deterioro economías regionales—y se impulsó un sistema de poderes de las subordinados capricho del poder central. En los hechos, los gobernadores provinciales se constituyeron en correas transmisoras del Poder Ejecutivo configurándose, entonces, un régimen vertical de desigualdades en donde las provincias carecieron de canales de intermediación de intereses y reclamos.

También hemos apreciado que durante el ejercicio pasado se registró una abrupta caída, del orden del 35 por ciento, de los recursos tributarios provinciales respecto del quinquenio 1978/82. Se trató de una consecuencia directa del descenso de la actividad económica y de un elevado porcentaje de evasión fiscal. Y en el orden del endeudamiento público de las provincias que integran las llamadas «economías regionales», hemos heredado una deuda en divisas (al 30/12/83) de 700 millones de dólares, no incluyendo esta cifra deudas de otras provincias como Buenos Aires, ni la de los bancos provinciales.

A la dramática situación de los presupuestos provinciales podemos agregar las consecuencias de una legislación heredada, dirigida a obtener financiamiento para el sistema de seguridad social, que contribuyó a agravar la crisis de las finanzas provinciales.

Las consecuencias de esas modificaciones pudieron apreciarse en 1982, cuando la precopartícipación absorbió el 44,9 por ciento del total de la recaudación de los impuestos nacionales coparticipantes. Ello trajo aparejado que la coparticipación federal —distribución secundaria—percibida por las provincias se redujera al 50 por ciento, aproximadamente, de lo que resultaría por aplicación de la ley 20.221.

La modificación del régimen de coparticipación federal produjo una merma del orden del 30 por ciento en términos reales, durante 1981, de los recursos del Fondo de Desarrollo Regional que constituye una herramienta vital para las economías regionales. La situación se agravó en 1982 y en el ejercicio último, 1983, el Fondo de Desarrollo Regional entró en crisis debiendo solicitar un anticipo al Tesoro nacional. A pesar de esta ayuda, la capacidad económica del Fondo fue inferior en un 50 por ciento respecto de 1980 y ello explica el atraso sufrido en los pagos de certificaciones, lo que provoca no pocos inconvenientes en las obras provinciales.

La represión, el terror y la violación sistemática de los derechos humanos fueron los elementos constitutivos de un proyecto político, social autoritario, regresivo y elitista que depredó la República. Con el objetivo de corregir este panorama y otorgar viabilidad al deseo de cambio de los argentinos hemos iniciado, en estos 140 días de gobierno, la reversión de ese proceso a través de distintas medidas. Mencionaré algunas de ellas:

• Derogación de la llamada Ley de Amnistía.
• Prosecución de las causas penales contra jefes político-militares de organizaciones terroristas por homicidio, asociación ilícita, investigación pública a cometer delitos, apología del delito y otras causas que pudieran surgir.
• Prosecución de las causas penales contra los integrantes de las tres primeras juntas militares, quienes son procesados por la responsabilidad que les cupo en los cursos de acción elegidos para reprimir la subversión.
• Proceso para la determinación de las responsabilidades por la guerra de las Malvinas.
• Promoción de la ley de protección del orden constitucional y de la vida democrática. El antiguo delito de rebelión ha sido elevado a la figura de atentado al orden constitucional y se pena la amenaza pública de cometer estos hechos, estableciéndose que las acciones penales previstas en este orden no prescribirán mientras dure la alteración.
• Desmantelamiento del aparato represivo existente.
• Modificación del Código de Procedimientos en Materia Penal, para aliviar la situación carcelaria modificando normas sobre condenación condicional, régimen de reincidencias y de excarcelación. Se establece el hábeas corpus en las condenas dictadas por tribunales militares contra civiles.
• Modificación del Código de Justicia Militar. Se ha generado un recurso de apelación que puede interponer tanto el acusado como la parte acusadora y que será entendido por los tribunales civiles comunes a todos los argentinos. Se contemplan distintos grados de culpabilidad en la represión ilegal del terrorismo; se revisan las condenas a civiles dictadas por tribunales militares y se deroga la competencia de esos tribunales para delitos comunes cometidos por personal militar o de seguridad, poniendo fin a las pautas autoritarias que constituyeron una herencia colonial, vigente durante 160 años.
• Derogación del cuerpo de leyes de facto que regulan el procedimiento contra el terrorismo.
• Creación de un cuerpo de policía judicial y recreación de las oficinas judiciales que tienen por función actuar en prevenciones sumarias y reestructuración de los planes de estudio de los aspirantes a oficiales de la Policía Federal.
• Investigación de actos y hechos ilícitos económicos del gobierno de facto. Se investigan, asimismo, todas las medidas económicas sancionadas que pudieran haber perjudicado al Estado o la sociedad, con el propósito de determinar si corresponde el enjuiciamiento de los responsables.
• Establecimiento de una amnistía para todos aquellos inmigrantes irregulares que, durante años, han contribuido con su trabajo a la comunidad nacional.
• Implementación de un plan de captación y promoción de inmigración calificada y concapital, para ser canalizada hacia las zonas poco desarrolladas del país.
• Creación de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas.
• Aprobación de distintos pactos sobre derechos humanos promovidos por la Organización de Estados Americanos, en especial el Pacto de San José de Costa Rica.
• Derogación de todo el cuerpo de disposiciones mediante el cual el gobierno podía expulsar del país a extranjeros por causas políticas o ideológicas.
• Derogación de todas las normas que permitían el sometimiento de civiles a tribunales militares en períodos de conmoción interior.
• Fortalecimiento de la figura del hábeas corpus, al que se ha dado la dimensión preconizada por los grandes juristas argentinos pero que nunca había logrado concretarse en la realidad.

En otro orden de ideas, nos hemos propuesto una política poblacional que revierta la tendencia al achicamiento del país. Así, hemos comenzado por impulsar diez proyectos de radicación de inmigrantes y sus familias con planes específicos a cumplir en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Tucumán, y promovemos políticas concretas desde el punto de vista de la migración interna, que permitirán una adecuada distribución de la población en el espacio territorial nacional, privilegiando las zonas de frontera.

Honorable Congreso:

Hemos destacado ya las características de este ingreso de la Argentina en la plena vida democrática. Hemos señalado la necesidad de diálogo y de reconciliación; hemos insistido en que la democracia no se consolidará sin una actitud activa de dirigentes y ciudadanos, sin una comprensión responsable de los peligros que acechan a la República. No podemos desentendernos y simular que está asegurado un largo y continuado ejercicio de las libertades: esas libertades deben ser cuidadas por todos a través de una acción política que, en el disenso, ayude a superar la fragmentación y evitar sus consecuencias.

Pero no ignoramos que en buena medida la consolidación de la paz social está ligada también a la capacidad de respuesta frente a los gravísimos problemas económicos heredados del ciclo autoritario.

El país estaba, y de alguna manera sigue estando, al borde del abismo.

Al asumir el gobierno éramos conscientes de la gravedad de los problemas económicos que sufría —y sufre—el país en su conjunto. Pero no imaginábamos que la conjunción, impuesta en 1976, entre un régimen carente de legitimidad democrática y un modelo económico extraño, inviable en la práctica, fuera a producir tantas y tan graves heridas en el cuerpo social y económico de la República.

Al asumir el gobierno recibimos un país al borde del desastre, situación a la que fue llevado por la irresponsabilidad de una política que, para solucionar problemas en el sector externo, apeló a la clásica receta de ajuste con recesión y caída del salario real. Simultáneamente se consolidó una estructura de especulación y se mantuvo latente el proceso inflacionario.

Así, entonces, se dieron todas las condiciones para el ingreso libre de capitales foráneos, se acentuó la regresividad en la distribución del ingreso y se dio nuevos ímpetus a aquellas fuerzas que pretendían la destrucción sistemática de la producción nacional, con una combinación de atraso cambiario y rebaja arancelaria, en aras de una supuesta eficiencia para la que se trataba, indistintamente, de producir acero o caramelos y, finalmente, ninguna de ambas cosas.

Al asumir el gobierno recibimos un país desarticulado, condicionado por la deuda externa, la inflación, la recesión y la distorsión de los factores económicos que fueron —y son—la herencia dejada por los sucesivos gobiernos del régimen militar.

La actividad económica se redujo constantemente durante el período 1977-1983. El producto bruto interno (PBI) por habitante —medido en pesos argentinos de 1970—descendió durante este período a razón de una tasa acumulada anual del 1,4 por ciento. El producto bruto interno industrial de 1983 es inferior al de 1976 en un 9,6 por ciento y al de 1974 en un 14,6 por ciento. El nivel de la inversión bruta industrial en 1983 es el más bajo desde 1968 y su participación en el PBI es la más baja desde 1950. Todos estos índices encuadran elocuentemente la profundidad de la recesión heredada.

Al 10 de diciembre de 1983, la producción estaba desarticulada. El stock ganadero había experimentado una caída de 5.500.000 cabezas en comparación con 1977 y todas las economías regionales estaban virtualmente en quiebra. La industria, en gran parte desmantelada. No había inversiones. Los sectores pequeños y medianos, duramente castigados. Mientras se verificaba desabastecimiento de insumos importados, se retraía el mercado y se perdía capital de trabajo.

Existían —existen aún—fuertes distorsiones en los sistemas de abastecimiento y comercialización, debidas a mecanismos innecesarios de intermediación.

Ni el sistema financiero ni el bancario funcionaban normalmente, lo que todavía no se ha corregido. Aún ahora, las carteras de los bancos son sumamente pesadas y sus activos tienen un grado elevado de inmovilización. El país recuerda la sucesión de estruendosas quiebras en el sector, quiebras que hace cuatro años marcaron un hito significativo en la crisis. El gran número de sucursales bancarias existentes requiere un costo de explotación excesivo que gravita fuertemente sobre las tasas de interés. En el país se había establecido, y aún persiste, un circuito financiero parabancario con tasas de interés superiores a las fijadas por la autoridad monetaria. La cuenta de regulación monetaria sigue proyectando una ominosa carga sobre el conjunto de la economía.

Al asumir el gobierno recibimos, también, un agudo déficit en el sector público. En 1966 era del 4,57 por ciento; en 1976 había crecido al 11,76 por ciento y a fines de 1983 trepó hasta el 14,79 por ciento. Este déficit, medido en porcentaje del producto bruto interno, creció en forma alarmante, como consecuencia de un desacertado manejo de las finanzas públicas, sin la obtención de beneficios sociales para el conjunto de la población, pero sí para un pequeño grupo de privilegiados. Durante el ejercicio anterior se operó, también, un relajamiento de la disciplina fiscal de los contribuyentes, produciéndose importantes caídas en la recaudación de impuestos sobre las transacciones y los ingresos (fundamentalmente, IVA y ganancias), que junto con la falta de eficacia para controlar el gasto determinaron un déficit fiscal del orden del 14 por ciento del PBI, pero que en el último trimestre del año se amplió al 17 por ciento. Esta situación se vio agravada además por la aceleración en la tasa de inflación que deterioraba, mes a mes, los ingresos fiscales en términos reales.

Al asumir el gobierno recibimos un proceso inflacionario desbocado. Este tema, el de la inflación, representa un viejo desafío al que esta generación de argentinos debe responder, ya que constituye un enraizado vicio cuya corrección es incuestionable e ineludible para lograr la recuperación de la salud moral y económica de la República.

Lo sucedido en 1983, cuando la inflación alcanzó uno de sus mayores niveles históricos raramente alcanzado o superado en el pasado, constituye una seria advertencia para todos los argentinos. Vencer a la inflación es uno de nuestros grandes desafíos.

Al asumir el gobierno lo hicimos en un país donde la expansión monetaria se había precipitado hasta niveles críticos. La base monetaria había crecido a un ritmo mensual del 21,4 por ciento durante el cuarto trimestre y a una tasa del 30.4 por ciento en diciembre de 1983. Este proceso tuvo un correlato en el ritmo inflacionario que determinó que las tasas de interés de los depósitos resultaran, no obstante sus elevadísimos niveles nominales, negativas en términos reales, desestimulando el ahorro líquido de la población. La propensión del público a mantener depósitos en el sistema financiero se encontraba en proceso de decaimiento, añadiendo presión sobre los precios y concentrando los depósitos en el corto plazo. Todos estos factores se tradujeron en un notable deterioro de crédito al sector privado que mermó, hacia 1983, en un 20 por ciento.

Al asumir el gobierno, el sistema financiero atravesaba una profunda crisis, asociada al alto grado de iliquidez e insolvencia de las carteras crediticias de un gran número de entidades y a la distorsión producida por su sobredimensionamiento estructural. A diciembre de 1983, los préstamos en esa situación representaban globalmente el 60 por ciento de los patrimonios netos y el 18 por ciento ele los préstamos totales.

Lo expuesto, señores legisladores, traduce una ineficiencia que queda patentizada en los costos operativos del sistema. A diciembre de 1983, los costos medios operativos alcanzaban al 23 por ciento anual, valor aproximadamente cinco veces superior al promedio observado en otros países.

Al asumir el gobierno también asumimos una deuda externa contraída, en su gran dimensión, por el régimen autoritario. La deuda, externa argentina era, en junio de 1966, de 2.673 millones de dólares. En diciembrede 1975 había crecido hasta 7.875 millones de dólares, mientras que en diciembre de 1983 esta cifra estimada superaba los 42.600 millones de esa moneda. En el lapso de ocho años la deuda se quintuplicó, sin que tal incremento haya sido utilizado en realizaciones concretas para el desarrollo del país y el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo. Además, el escalonamiento de la deuda se acumula de tal manera que en el presente año los vencimientos suman aproximadamente 20.000 millones de dólares, lo que crea enormes dificultades para la refinanciación de los mismos.

El balance de pagos ha registrado déficit desde 1980. En el último ejercicio, el saldo comercial fue favorable en 3.146 millones de dólares, pero el saldo en cuenta corriente fue negativo en 2.570 millones debido a las fuertes obligaciones por intereses, que representaron alrededor del 7O por ciento de las exportaciones del año.

Al asumir la presidencia, el país contaba con reservas internacionales de absoluta disponibilidad por sólo 102 millones de dólares, aparte de un pequeño monto de derechos especiales de giro y de las reservas en oro, cuya enajenación podría tener imprevisibles consecuencias. Frente a esta reducida disponibilidad existían obligaciones perentorias por sumas mucho más elevadas, implicando ello una situación sumamente comprometida para el país, privándolo totalmente de autonomía de decisión. Para hacer frente a la situación de desequilibrio entre el bajo nivel de reservas y las obligaciones externas se dispuso la práctica de suspender las ventas de cambio para pagos al exterior, acumulándose al 9 de diciembre pasado atrasos en los pagos externos por 2.545 millones de dólares.

El Poder Ejecutivo debió afrontar esta situación, sumada a un impresionante nivel de desocupación, a salarios insuficientes, a falta de atención de la salud en las franjas más carenciadas, a una administración desmoralizada y a la ausencia de una política de viviendas.

El desafío es gigantesco: debemos reactivar la economía, incrementar el salario real y contener la inflación.

No habrá resultados estables en ninguno de estos tres campos si no se obtienen también en los restantes.

Vamos a reiterar nuestros objetivos en ese sentido: la reactivación económica debe manifestarse en un crecimiento del producto bruto interno del orden del 5 %; los salarios reales deben crecer del 6 al 8 % en este año y la inflación debe disminuir en alrededor de un 50 % medida por los niveles generales de precios.

El problema inmediato con que nos encontramos consistió en contener la traslación a los mecanismos de precios del torrente monetario generado por la financiación del déficit presupuestario del último trimestre de 1983, al que debía sumarse el correspondiente a enero de 1984. Esa contención debía realizarse aumentando el nivel de actividad, asegurando los beneficios de los productores, combatiendo la desocupación, y todo ello sin afectar la rentabilidad empresaria ni descapitalizar a las empresas públicas. Al mismo tiempo, esa tarea debía ser compatible con aumentos del salario real.

Se adoptó, en consecuencia, en un plan de largo alcance una estrategia dinámica. En el terreno de la política salarial hemos avanzado muy rápidamente: en algunos sectores de la actividad privada la recuperación del salario real se aceleró abruptamente y en el sector público esa recuperación, en el primer trimestre, excedió proporcionalmente la pauta anual.

Hemos comenzado por ocuparnos de los sectores más desprotegidos. Entre noviembre de 1983 y abril de 1984, el salario mínimo nominal pasó de 1.800 pesos a 5.030 pesos, lo que equivale a decir que virtualmente se ha triplicado. Por otro lado, el salario medio de los trabajadores excede el monto calculado para la canasta familiar por eI INDEC. Se incrementaron las asignaciones familiaresy se eliminó el IVA para productos alimenticios y medicamentos.

Se ha iniciado la implementación del PAN, Programa Alimentario Nacional, que significará un incremento no monetario de los salarios reales en los sectores más carenciados. La política educativa, en base a una escuela que incluye el concepto de asistencialidad, y las medidas sanitarias tenderán al mismo fin.

El nivel de desocupación obrera se ha reducido rápidamente. La economía muestra signos muy claros de expansión, con excepción de la construcción, que todavía permanece retrasada. El avance de las economías regionales permite ir invirtiendo el proceso que había determinado su asfixia.

Mejoró sensiblemente la situación de la pequeña y mediana empresa, aprovechándose así las ventajas del acrecentamiento de la demanda. La producción industrial avanzó en casi todos sus sectores. En algunos rubros, el crecimiento de la demanda no ha sido acompañado por el incremento de la oferta pese a existir condiciones para hacerlo. Queremos advertir que impediremos cualquier maniobra de desabastecimiento por retracción injustificada de la producción y, de ser necesario, adoptaremos las medidas previstas por la ley de abastecimiento.

Debemos también señalar que no hemos obtenido hasta ahora los resultados esperados en la contención inflacionaria. Ya hemos mencionado como causas del desborde monetario los déficit fiscales incurridos y la cuenta de regulación monetaria, a lo que ahora agregamos la necesidad ineludible de reconstituir las reservas del Banco Central. A esta situación debe unirse la necesidad de recomponer la estructura de los ingresos de distintos sectores sociales y el ajuste de precios relativos, todo en el contexto de un proceso inflacionario de tremenda potencia.

Gravitan, también, otras razones, como el acrecentamiento de la demanda frente a una rigidez relativa de la oferta en los productos alimenticios. La despoblación ganadera y la falta de mecanismos eficientes para la comercialización de productos sustitutivos explica en parte la situación. Pero también debemos señalar que existen quienes no han comprendido su responsabilidad social y que, en vez de contribuir al ordenamiento del mecanismo de producción y distribución, persisten en actividades y maniobras especulativas.

En el sector externo, hemos procurado asegurar la colocación de la producción exportable.Ese objetivo se está logrando. Al mismo tiempo dispusimos ordenar el aprovisionamiento de bienes e insumos importados para asegurar el mantenimiento de la actividad interna.

Estamos logrando reconstituir la reserva de divisas extranjeras y negociando activamente la enorme deuda externa heredada. La negociación se viene cumpliendo regularmente, en etapas previstas, permitiendo sortear los compromisos con el exterior, asegurar el abastecimiento de insumos y obtener nuevos créditos para inversiones.

Una vez más, es importante destacar la trascendencia de la operación financiera concretada el 30 de marzo último con los países hermanos de México, Venezuela, Colombia y Brasil y con la participación del gobierno de los Estados Unidos así como el aporte de un grupo de bancos comerciales. Esa operación es un verdadero ejemplo de lo que puede obtenerse en el campo de la cooperación internacional cuando existe buena fe, voluntad y comprensión.

No hemos logrado todos los objetivos propuestos, pero estamos avanzando por el buen camino. Redoblaremos nuestros esfuerzos para obtener el equilibrio interno y el ordenamiento del sector externo.

Vamos a corregir las distorsiones que subsisten en el proceso productivo y de distribución de bienes. Por ejemplo, en lo que hace al sector de la construcción, retrasado hasta ahora, vamos a impulsar nuestro plan de viviendas. Además del plan de inversión pública que admite nuestra situación, estimularemos el incremento de los niveles de la actividad económica y del salario real, encuadrándolos lógicamente en las posibilidades del país para evitar que una expansión exagerada desvirtúe nuestros objetivos.

Continuaremos la difícil lucha contra la inflación. Ya hemos reducido el déficit fiscal, y persistiremos en esa política. El gasto público será expansivo, pero su mejor funcionamiento será obtenido a través de la mejora de la recaudación fiscal, de los nuevos impuestos ya sancionados y de otros que serán puestos a consideración del Congreso Nacional.

En orden a las medidas instrumentadas para poner en marcha la reforma del aparato estatal, se creó una comisión destinada a analizar qué actividades corresponde excluir del sector público por considerarse que son ajenas a sus fines esenciales.

Esa comisión, integrada por funcionarios de la Presidencia de la Nación, de seis ministerios nacionales y de los tres grandes bancos del Estado, ha presentado tras 45 días de intensa labor un primer informe en que consigna una nómina de diecinueve empresas y sociedades cuya situación considera analizables a los fines de su eventual privatización. Además, ha propuesto medidas que estima idóneas para el seguimiento y aceleración de los procedimientos liquidatorios que se cumplen en otras ocho entidades, en virtud de disposiciones legales anteriores.

La comisión considerará en todos los casos las consecuencias socioeconómicas de las propuestas de privatización que elevará en cumplimiento de su cometido.

Los señores legisladores también tendrán en sus manos un proyecto de reforma financiera para sanear el sistema bancario, achicando el costo financiero de los créditos para ponerlo al servicio de las actividades productivas. Se adoptarán muy severas medidas para combatir las actividades especulativas en el mercado financiero.

Los créditos y su destino serán estrictamente controlados, para que su aplicación sea, invariablemente, favorecer la producción y el fluido abastecimiento. La rentabilidad empresaria deberá surgir del proceso productivo y no de especulaciones financieras. La actividad bancaria operará como elemento indispensable para el desarrollo y crecimiento de la actividad productiva y no podrá, bajo ningún concepto, utilizar el ahorro público para actividades especulativas.

Por lo tanto, de aquí en más, la actividad financiera volverá a ser absolutamente transparente.

Debemos anunciar, además, que en los próximos días elevaremos al Fondo Monetario Internacional una carta de intención que permita llegar a un acuerdo con dicha entidad, dentro de los propósitos y objetivos que nos hemos fijado previamente.Solicitaremos la convocatoria del Club de París, para lo que ya existen conversaciones avanzadas, y asimismo la de los bancos comerciales para la refinanciación de los saldos pendientes de pago y de los vencimientos hasta el 31 de diciembre de 1984.

No hace falta señores legisladores, que reitere que todo este esfuerzo será realizado sobre la base de la defensa de la dignidad nacional y de los intereses permanentes de la República.

La que antes esbozamos, señores legisladores, es parte de la herencia recibida cuando asumimos el gobierno. Para revertir esta situación hemos desarrollado diversas acciones que, por la magnitud de la crisis, todavía son incompletas. He aquí algunas:

• Planteamiento de la deuda externa argentina, preconizando la necesidad de ajustar las exigencias de los acreedores a las posibilidades reales del país y condicionando el pago a las disponibilidades de divisas resultantes de nuestro comercio internacional.
• Instrumentación del régimen de apoyo financiero a las actividades productivas,con ampliación y extensión de plazos, para mantener la capacidad de producción y las fuentes de trabajo.
• Creación de una comisión de estudios de la política salarial para el sector público.
• Desarrollo de acciones tendientes a someter a control el déficit fiscal cuyo nivel alcanzó valores excepcionales en el último trimestre del año anterior.

Para ello se suscribieron los decretos 120 y 477 de contención de gastos y congelamiento de vacantes, respectivamente.

• Eliminación del IVA en medicamentos y alimentos, que fue compensado con aumento de los impuestos a los combustibles.
• Elevación al Congreso Nacional de proyectos de leyes modificando los impuestos: ganancias, capitales, patrimonio neto, impuestos internos y fondo para la Junta Nacional de Granos (habiendo recibido sanción los dos últimos), y creando nuevos impuestos: revalúo de hacienda, fondo especial para el INTA, fondo especial para medicamentos, fondo nacional para la vivienday derecho de estadísticas, habiendo recibido sanción los dos últimos proyectos.
• Confección del proyecto de presupuesto 1984, donde se han reducido gastos en sectores de baja prioridad social y en áreas sobredimensionadas y se aumentaron los gastos destinados a salud, vivienda y educación.
• Elaboración del proyecto de ley de promoción de exportaciones, con el propósito de reordenar los mecanismos de promoción existentes y con el marco legal necesario para proceder a modificar regímenes vigentes.
• Puesta en práctica del nuevo régimen de importación, cuyo funcionamiento permite cumplir con los objetivos de agilidad, transparencia y equidad, a la vez que elimina las irregularidades administrativas.
• Utilización en mayor medida del poder negociador del Estado para expandir el comercio exterior. Mediante ese poder se induce a acuerdos sectoriales o intersectoriales que permitan sustituir importaciones con el consiguiente ahorro en divisas.
• Juntamente con el Ministerio de Salud y Acción Social y la Secretaría de Industria se estableció un mecanismo de fiscalización del sector químico-farmacéutico, mediante el cual se ha logrado reducir la subfacturación y se promueve la sustitución de importaciones de aquellos productos que en algún momento fueron fabricados en el país, o que se entiende que éste se encuentra en condiciones de hacerlo.
• Elaboración del proyecto de ley del consumidor.
• Lanzamiento del programa de fertilización que apunta a incrementar la actividad agrícola, mediante el uso intensivo de fertilizantes, para aprovechar el potencial biológico de las nuevas variedades de cereales.
• Implementación de una política global de carnes para encarar soluciones de largo alcance para el abastecimiento normal de consumo, la recomposición del sector ganadero y la ordenada evolución de los mercados y los precios.
• Lanzamiento del plan para mejorar el almacenamiento y movimiento de cosechas.

Este plan ha logrado un préstamo, por parte del Banco Mundial, del orden de los 87 millones de dólares que se derivarán a la construcción de 22 silos con una capacidad total de 180.000 toneladas y ampliación de otras cinco instalaciones en provincias del Nordeste y Noroeste. Se adquirirán también 850 vagones de tolva, se ampliará y mejorará la red ferroviaria de acceso a puertos, de acuerdo a lo convenido con la Secretaría de Transporte. La línea de crédito al sector privado contempla mejoras similares con una ampliación de almacenamiento de 700.000 toneladas.

• Devolución al INTA de su autarquía financiera y administrativa.-Proyecto de nueva ley de promoción industrial.
• Aprobación de numerosos proyectos de inversión de acuerdo a los términos de la ley de promoción industrial, siguiendo un riguroso criterio de selección en cuanto a la sólida participación empresaria.
• Estudio de proyectos para promover industrias sectoriales de alta tecnología, como la informática, sobre la cual se está trabajando en coordinación con diferentes sectores del gobierno a efectos de fijar las bases de una nueva política para el sector.
• Iniciación de los estudios de factibilidad del proyecto de la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, que permitirá a nuestro país autoabastecerse de cobre e iniciación de correspondientes a una mina de azufre en la provincia Salta, desmantelada durante el régimen anterior.
• Establecimiento de una línea de crédito a empresas privadas para la explotación de nuevos yacimientos mineros.
• Creación del Consejo Federal Pesquero, cuyos objetivos fundamentales son la compatibilización de los intereses regionales y el adecuado manejo de los recursos pesqueros.
• Creación de la Secretaría de Desarrollo Regional. -Reorganización del Instituto de Vitivinicultura, poniendo acento en el control y la fiscalización, para lograr un ordenamiento de la oferta de vino en el mercado y desgravación de 50 por ciento por fraccionamiento de vino en origen, a efecto de mejorar la calidad y controlar la cantidad del mismo.
• Establecimiento de líneas de financiación a través de los bancos provinciales para cosecha de uva, con redescuentos gestionados ante el Banco Central.
• Traslado de la Dirección Nacional de Azúcar a la ciudad Tucumán, en cumplimiento de lo establecido en la ley 20.202.
• Establecimiento de un régimen de molienda autónoma de caña de azúcar con destino a alcohol, para incremento del programa alconafta (combustible para automotores) y para exportación.
• Ampliación del área yerbatera en 20.000 hectáreas, destinadas a productores de hasta 5 hectáreas y aprobación del precio definitivo de la yerba mate años 1982/83 y costo conjetural año 1984, para fines de créditos prendarios.
• Implementación de una política de disminución de los efectivos mínimos dirigida a volver a basar el crédito en la captación de depósitos y reorientación hacia el interior del país, estableciéndose una serie de encajes marginales diferenciales que, en relación con la zona A (Capital y Gran Buenos Aires) benefician a la zona C (Catamarca, Chaco, Formosa, La Rioja, Misiones y Santiago del Estero) y, en menor medida, a la zona B (resto del país). Se dispuso, también, que la capacidad prestable generada por los depósitos en cada zona debe aplicarse a préstamos en esa misma zona, o en otras de menor desarrollo relativo.
• Para concurrir al fortalecimiento de las economías regionales, el Banco Central dispuso que las demandas estacionales de fondos a que ellos den lugar sean satisfechas a través de recursos que faciliten a los bancos oficiales de las respectivas provincias, sin perjuicio de otras aportaciones que esta institución efectúe con iguales propósitos a las entidades crediticias del Estado nacional.
• Otorgamiento de redescuentos especiales con destino a bancos de provincia destinados a asistencia financiera para levantar cosechas de algodón, peras y manzanas, duraznos y tomates, tabaco, uva y arroz.
• Otorgamiento de créditos reintegrables a cooperativas de servicios públicos.
• Disminución de las tasas de interés para los créditos tomados en entidades financieras, dentro de las pautas de encuadrarlas, a mediano plazo, en niveles acordes con la buscada desaceleración del ritmo inflacionario, como parte de la política de franco apoyo al cooperativismo.
• Revisión de la Ley de Entidades Financieras, con el objeto de establecer concretamente las funciones del Banco Central para el control de las entidades y reglamentar su funcionamiento en forma sintética y clara, a fin de evitar interpretaciones que permitan distorsiones en el mercado financiero. E intensificación de la acción de inspección y control de las entidades financieras, a fin de procurar el normal funcionamiento del sistema.
• Implementación de un nuevo régimen para la refinanciación de los créditos hipotecarios otorgados por las entidades comprendidas en la ley 21.526, con destino a la vivienda única, de uso propio y permanente.
• Elevación al Congreso Nacional de un proyecto de régimen penalfinanciero, orientado a sancionar el manejo inadecuado de las entidades autorizadas, así como el de todo intermediario que opere al margen de la Ley de Entidades Financieras.
• Suspensión de los trámites judiciales y/o administrativos de cobro compulsivo con atraso y en vías de ejecución de deudas indexadas sobre viviendas populares.
• Establecimiento de facilidades a los productores de Catamarca para atender los vencimientos de sus obligaciones por capital e intereses. Posteriormente, esta medida se extendió a las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Mendoza, Jujuy y Formosa, con motivo de imponderables climáticos que afectaron el desarrollo de las economías primarias regionales.
• Fijación de límites de créditos a cooperativas y productores del Nordeste argentino por hasta 500 millones de pesos, con destino a la recolección y desmonte de la cosecha algodonera, y se dispuso contribuir con cifras del orden de los 800 millones de pesos para la adquisición de fibra argentina a las hilanderías algodoneras del país
• Aprobación de una línea de crédito por 3.500 millones de pesos para las pequeñas y medianas empresas con 2 años de plazo y 6 meses de gracia. Duplicándose la cartera de clientes del BANADE que a fines de 1983 ascendía a 1.600 empresas y hoy supera a las 3.500.
• Suscripción de un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar importaciones de insumos a las industrias locales exportadoras y prefinanciación de exportaciones industriales por un monto de 200 millones de dólares.
• Negociación con el Banco Mundial para la utilización de una línea de crédito para petróleo y gas, ya otorgada, por 100 millones de dólares, de la que se desembolsó sólo el 10 por ciento. Y otra línea por igual monto destinada al sector industrial que no fue utilizada.
• Creación del Instituto de Perfeccionamiento Bancario.
• Instrumentación del bono empresario, que apunta a que el BANADE se convierta en el banco líder en el desarrollo de préstamos para el financiamiento de grandes proyectos de inversión.

Honorable Congreso:

En una sociedad de desarrollo medio como la nuestra, el poder del Estado debe dirigirse a abrir nuevas posibilidades, a inducir e impulsar nuevos caminos.

No fue así en el área de la obra pública que, junto al sector de servicios, fue subordinada permanentemente a los intereses sociales y políticos del régimen autoritario, antes que al verdadero interés nacional.

Al asumir el gobierno encontramos un área desquiciada con empresas débiles, endeudadas y sin planteles técnicos de categoría, dependiendo casi exclusivamente del Tesoro nacional. Cada empresa o sociedad del Estado operaba con total independencia sin responder a una política nacional.

En el área de la energía, los planes de acción y presupuesto de las empresas del sector eran elaborados sin una coordinación efectiva de la conducción política; esto es, de la Secretaría de Energía.

No existe un banco de datos con la información de las empresas y sociedades públicas y privadas que posibiliten realizar los estudios necesarios que permitan prever el comportamiento futuro.

Encontrarnos que no había estudios que determinaran la proyección de la oferta y la demanda del sector como, por ejemplo, los relativos a la mejor utilización del parque de plantas para la producción de combustibles; que no existían estudios técnicos y económicos de los proyectos presentados y que no había intervención de las autoridades políticas en la determinación del régimen de promoción, inversión y asistencia financiera de proyectos nacionales e internacionales.

Con relación a las empresas del área, además del abultado endeudamiento externo del cual Yacimientos Petrolíferos Fiscales es un ejemplo, existían una serie de problemas: un nivel tarifario insuficiente; un inadecuado régimen tarifario para la venta a distribuidores; una composición inadecuada del endeudamiento; un importante retraso en la percepción de los fondos de energía a aplicar a obras eléctricas, con respecto a lo presupuestado; importantes trabas para importar bienes de capital, no producidos en el país, destinados a obras de ampliación y una significativa indefinición en la asignación de responsabilidades de los diversos entes prestatarios y provinciales. Y atrasos en obras proyectadas como Yacyretá o Piedra del Águila.

En el área de las comunicaciones, las empresas estaban agudamente descapitalizadas. Encontramos, ahí, problemas derivados de la integración de la planta de personal, carencia de un banco de datos de permisionarios, un sistema arancelario desactualizado e injusto, ausencia de reglamentación de muchos de los servicios y superabundancia de reglamentación en otros casos. No se cumplían acertadamente las tareas referidas a la fiscalización y el Laboratorio Nacional de Telecomunicaciones (LANTEL) soportaba –y soporta—problemas derivados de su crecimiento. Todo esto debe ser conjugado con una serie de obras faraónicas presupuestadas pero no coordinadas por la autoridad política acentuándose la crisis del sector por las abultadas deudas de las empresas públicas del área.

Al asumir el gobierno encontramos una situación similar en el área de los recursos hídricos. En la empresa Obras Sanitarias no se cuenta con un relevamiento que permita determinar el estado general de conservación, edades y cantidad de escapes de agua que se registran. Esta situación similar a la que padece el Servicio Nacional de Agua Potable obligó a contratar la reparación por terceros y nos permite afirmar que se requerirá un gran esfuerzo técnico—económico para solucionar estos problemas, agravados por el hecho de una gran cantidad de tramos de la red de distribución de agua que tiene la vida útil cumplida. Hemos llegado a descubrir que Obras Sanitarias, que por ley tiene que evitar la contaminación de los cursos de agua, se ha convertido en uno de los principales contaminantes del río de la Plata ya que por las enormes carencias del sistema de desagües cloacales se ve obligado a arrojar 5 metros cúbicos por segundo de líquido cloacal sin tratamiento.

En el área del transporte nos hemos visto obligados, como en tantas otras áreas, a trabajar sobre lo urgente, antes que sobre lo importante.

Hemos recibido un parque ferroviario inutilizado en gran parte, con un déficit de locomotoras diesel de 50 unidades. Sin pensar en una expansión del servicio son necesarios aproximadamente, 2.000 vagones de carga anuales y solamente se han entregado 260. Es necesario, también iniciar tareas de mantenimiento de 1.100 kilómetros de vías por año cuando sólo se reparaban y mantenían 350 kilómetros al año. El déficit de Ferrocarriles Argentinos no es solamente financiero, también se extiende a los planteles técnicos y al equipamiento.

En el área de vialidad hemos recibido una red caminera total de 30.580 kilómetros, estando en buenas condiciones sólo 12.055 kilómetros, esto es un 45 por ciento, mientras que 6.525 —el 25 por ciento- están en estado regular, y lo restante en mal estado. Durante 1933 se construyeron 1.300 kilómetros y los estudios desarrollados para recuperar la actual red indican que se requiere construir 3.000 km/año, durante cinco años.

Una inapropiada asignación de recursos ha derivado en la iniciación de proyectos no prioritarios o inadecuadamente distribuidos en el tiempo, lo cual obliga a asumir compromisos que sustituyen alternativas más racionales que no siempre pueden concretarse en virtud del alto costo que supone la cancelación.

Las marcadas deficiencias instrumentales y criterios heterogéneos entre las distintas empresas en la determinación de los sistemas de cobro de los servicios públicos impiden una adecuada programación financiera y elevan sustancialmente el costo de los mismos.

No quiero extenderme, señores legisladores, pero en idéntica situación se encuentran otras empresas del área. Para revertir esta situación hemos desarrollado las siguientes acciones:

• Fijación de una política de transporte que tiene por objeto llegar a contar con un sistema nacional integrado, para lo cual se implementó una organización institucional que comprende a los diferentes medios terrestres, acuáticos y aéreos. Complementando esta definición, se procedió a transferir a la Secretaria de Transporte toda la red básica de infraestructura que antes dependía orgánicamente de otros ministerios.
• Dragado del canal Mitre para llevarlo esta temporada a mínimo de 25 pies.
• Preparación del antepuerto de Buenos Aires para el trasbordo de granos.
• Suscripción de un convenio con la provincia de Córdoba para la utilización de los talleres de Cruz del Eje confines industriales, y se está implementando un programa de medidas tendientes a la radicación de industrias privadas del área metalmecánica y con el tratamiento en «máxima promoción».
• Instrumentación de la reapertura del taller ferroviario Tafi Viejo, en Tucumán, para la reparación de vagones del Ferrocarril General Belgrano.
• Establecimiento de la autoridad única portuaria, disponiéndose que la Capitanía de Puertos actué como ente coordinador de los organismos dependientes del Ministerio de Obras Servicios Públicos con el propósito de mejorar su operatividad, especialmente en el periodo de exportación de granos.
• Financiación internacional para realizar un estudio sobre ampliación del canal de acceso y el puerto de Bahía Blanca. Se pretende hacer un puerto profundo y, en consecuencia, mejorar las crecientes necesidades de exportación de granos.
• Suscripción del quinto préstamo vial con el Banco Mundial por un monto de 100 millones de dólares, destinados a la construcción y mejoramiento de caminos en las redes nacionales y provinciales.
• Por primera vez en este tipo de créditos participan las provincias, para atender obras en su jurisdicción.
• Finalización del estudio de factibilidad para complementar la red de comunicaciones con un sistema de satélite doméstico.
• Formulación de un plan nacional para el desarrollo de la tele radiodifusión, con el propósito de incrementar el número de estaciones y las áreas cubiertas.
• Implementación del programa de emergencia de provisión de agua (Proagua), destinado a la provisión de agua potable de los habitantes de asentamientos marginados de zonas urbanas. La primera etapa de las obras se desarrollará en un lapso previsto de dos años, para lograr el abastecimiento de aproximadamente 500.00O pobladores de barrios de emergencia de la denominada «área metropolitana», que incluye a la Capital Federal y diecisiete partidos del conurbano. La tarea consiste en conexiones que se inician en las redes troncales existentes, con el fin de instalar grifos suficientes en las villas de emergencia para lograr el normal flujo de agua potable. De esto se ocupará Obras Sanitarias de la Nación (OSN) y Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (OSBA). El Proagua se funda en la misma concepción ética con respecto a la situación social que aflige al país que el denominado PAN (Programa Alimentario Nacional).
• Implementación del Comité Hídrico de la Cuenca del Plata, cuya misión es la de proponer la política hídrica a aplicar en el ámbito argentino de esa cuenca.
• Puesta en marcha del programa para el desarrollo de los recursos hídricos del territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
• Puesta en marcha del Plan Hídrico Nacional.-Suscripción de un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo para el otorgamiento de créditos por un monto de 260 millones de dólares, que serán aplicados a la reconstrucción de obras de infraestructura y servicios públicos afectados por las recientes inundaciones en el litoral fluvial.
• Implementación con Brasil y Paraguay del sistema de alerta hidrológico, que permite predecir crecidas sobre nuestros cursos mesopotámicos.
• Negociación con el Banco Mundial para la asistencia crediticia que se aplicará al Programa Nacional de Saneamiento Básico, y con el BID, para la ampliación del Programa del Servicio Nacional de Agua Potable para Áreas Rurales.
• Seguimiento estricto de la política enunciada en la plataforma electoral mediante la examinación uno por uno, de los contratos renegociados por el régimen militar, sin arbitrariedades, pero defendiendo el patrimonio nacional.
• Comienzo de la ejecución del proyecto que permitirá poner en operaciones en 1987, un complejo de aprovechamiento de olefinas que, con una inversión prevista de 104 millones de dólares, elaborará 87.000 toneladas anuales de productos petroquímicos. El complejo, emplazado en Ensenada, se abastecerá con 100.000 toneladas anuales de gas licuado provisto por la Destilería la Plata de YPF, y en un año podrá generar un saldo favorable de 43 millones de dólares por la sustitución de importaciones.
• Implementación e impulso de un plan de sustitución de combustibles líquidos por gaseosos, tendiente a un aprovechamiento integral de las reservas gasíferas que alcanzan Ia cifra de un billón doscientos mil millones de metros cúbicos de gas natural en los yacimientos patagónicos y en Salta.
• Suscripción con la provincia de Buenos Aires de un convenio por el que se concreta el tendido de las redes domiciliarias en ciudades de ese distrito, que se concretarán en el curso de este año, y para la realización de los mismos trabajos en otros 32 centros urbanos en los siguientes dos años.
• Ampliación de la red domiciliaria de distribución de gas natural en las ciudades de Río IV, Córdoba, San Miguel de Tucumán y Salta. Y suscripción de un contrato entre Gas del Estado y las municipalidades de Los Cóndores, Elena, Corralito, San Agustín, La Cruz y Berrotarán de la provincia de Córdoba, que permitirá la ampliación del gasoducto calamuchitano, derivación del que une Río III con VillaGeneral Belgrano.
• Decisión de proveer combustible y lubricantes a los productores agropecuarios a través de una franquicia de crédito y con un plan de pago que va más allá del levantamiento de la cosecha, como una contribución al esfuerzo del agro. -Inauguración de las obras de la represa hidroeléctrica de Urugua-I, cuya concreción brinda energía a 65.000 usuarios radicados en la provincia de Misiones, incrementando la capacidad de distribución que actualmente vuelca a ese sector del país, el sistema interconectado nacional.
• Consecución de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por 400 millones de dólares para el proyecto hidroeléctrico de Piedra del Águila. Se realizan los trámites para la apertura de las ofertas de licitación a fin de ejecutar las obras civiles.

El esfuerzo a realizar en este año pondrá énfasis en revertir el estado de cosas enunciado. Para lograrlo se trabajará en dos niveles: el global y el particular. Respecto al primer nivel se consolidarán y profundizarán los nuevos procedimientos de planificación, programación y coordinación institucional, que vienen desarrollando las autoridades constitucionales.

A nivel particular y atento a las diferentes áreas que corresponden a esta jurisdicción, merecen señalarse aquellas obras que prioritariamente se están encarando dentro de las limitaciones presupuestarias derivadas del estado económico-financiero en que se ha recibido el gobierno. En tal sentido se ha tornado la decisión de impulsar el proyecto de ampliación y modernización del puerto de Bahía Blanca para permitir la operación de buques de gran porte de hasta 45 pies de calado, para lo cual se tramita el financiamiento externo a través del Banco Mundial.

Se integrarán los distintos medios para lograr un más eficaz sistema de transporte de los productos exportables a los puertos, buscando una operación más económica y racional.

Se pondrá énfasis en la conservación y mantenimiento de la infraestructura vial y ferroviaria, privilegiando estas realizaciones sobre aquellos nuevos proyectos que no estén debidamente fundamentados.

Se ha encarado un programa de recuperación del parque de tracción ferroviaria y del de vagones.

Se intensificarán las obras de construcción de elevadores, con el objeto de concluir las que están largamente demoradas. Al mismo tiempo, se buscará corregir deficiencias en la operación de los mismos, generadas por la falta de una clara visión del objetivo buscado, lo que se explicita en ausencia de accesos racionales, mal uso de los elementos técnicos incorporados, etcétera.

Se ordenará la inversión de ENTEL, poniéndose énfasis en la recuperación y mantenimiento de las redes, con el objeto de mejorar el servicio que presta. Asimismo, se invertirá en líneas nuevas hasta el límite compatible con la operatividad dela empresa, la que mejorará sistemáticamente.

Se instalarán centrales telefónicas de baja capacidad en más de 250 localidades del interior del país.

Se ha tomado la iniciativa de poner en órbita, en el futuro, un satélite doméstico multipropósito con destino a dar mayor amplitud a los servicios de radiodifusión sonora y TV, y complementar los servicios telefónicos, telemáticos, meteorológicos, etcétera. A tal efecto, se ampliarán los estudios de implantación terrena y la posibilidad de la industria argentina para satisfacer las necesidades del proyecto. Al mismo tiempo se hará la reserva internacional de la posición orbital correspondiente.

Se comenzarán las obras de Yacyretá, para lo cual, en los próximos días arribarán al país los primeros equipos pesados de movimientos de tierra, con destino a la ejecución de la presa.

Se adjudicará y dará comienzo a las obras civiles de la central hidroeléctrica de Piedra del Águila, para lo cual se cuenta con financiamiento externo.

Se continuará con la instalación de las redes de interconexión eléctrica que están en marcha atendiendo las necesidades regionales del país.

Se intensificará la instalación de redes domiciliarias de gas natural en localidades del interior del país, así como el estudio racional de las cuencas hídricas con participación de las provincias.

Se intensificará la captación de gas especialmente en los yacimientos de reciente desarrollo.

En la precedente enumeración solamente hemos marcada aquellos aspectos que hacen a la particular necesidad de definir las grandes líneas de un plan de mayor alcance, cuyo objeto fundamental es la racionalidad, la economía y el buen criterio en la asignación de recursos.

Honorable Congreso:

Al asumir el gobierno encontramos en el sector educativo un panorama sumamente complejo. Un sistema educativo seriamente deteriorado en lo cuantitativo, con una calidad de enseñanza muy diversa, cuyos mejores niveles correspondían a los grupos sociales más alto, mientras que la población más desprotegida sólo recibía una educación de escasa calidad. El modelo autoritario imperaba en todos los niveles del sistema, desde los organismos centrales hasta los propios establecimientos educativos. Toda participación había sido eliminada y sólo el accionar sereno, sensato e idóneo de muchos miembros del personal docente y no docente sirvieron, en cierta medida, de contención a la prepotencia del régimen.

Los problemas de analfabetismo y semianalfabetismo constituyen indicadores dramáticos de la situación encontrada. Un pueblo interesado en su propio crecimiento no puede desatender el nivel escolar primario y el entrenamiento constante de quienes egresan de él, continúen o no sus estudios. Un concepto moderno de educación permanente asegura que aquellos que han aprendido a leer y escribir necesitan una realimentación constante por medio de recursos renovados y adecuados a su condición de adultos para no transformarse en analfabetos por desuso.

Utilizándose como pantalla el relativamente bajo porcentaje de analfabetos, que según el censo de 1980 alcanzan al 6,1 por ciento de la población de mayores de quince años, se encubrió que ese valor significa casi 1.200.000 personas marginadas por esa limitación de las múltiples formas de participación que, en el mundo de hoy exigen el dominio de la lectura y escritura. Si a ello agregamos los datos correspondientes a la población mayor de 15 años que no completó la escuela primaria, que alcanzan a 5.200.000 personas, se llega a la abultadísima cifra de 6.400.000 habitantes que no han completado la educación primaria, que son desde analfabetos totales (sin escolaridad o con uno o dos grados) hasta los que poseen cierto nivel de conocimientos (con tres o másgrados).

El analfabetismo y el semianalfabetismo son cuantitativa y cualitativamente problemas importantes que debemos enfrentar prioritariamente para lograr el afianzamiento de la democracia.

La transferencia de las escuelas a las provincias no previóalgunos aspectos que afectaron sensiblemente el nivel primario desde punto de vista nacional. No fue previsto un servicio adecuado de prestación de asistencia económica y técnica paralela al traspaso.

Muchas provincias carentes de recursos y de la infraestructura necesaria vieron así decrecer el rendimiento de sus escolares y aumentar los índices de repitencia y deserción.

En cuanto a la enseñanza primaria, se garantizará mediante la asistencialidad, la promoción y protección del educando y la de salud psicofísica y social, la igualdad de posibilidades, a fin de que los sectores marginados y carenciados se incorporen vigorosamente a la comunidad educativa.

Además, se coordinarán medidas con todas las jurisdicciones para la implantación de la doble escolaridad, la creación de escuelas albergue, la concreción de toda medida que se considere adecuada a estos fines, tales como gabinetes psicopedagógicos y grados de recuperación y de nivelación.

Estas acciones tenderán a lograr que la obligatoriedad del nivel no se limite al ingreso al sistema educativo; la permanencia de los educandos en el mismo está seriamente dañada por el problema de la deserción, en casi todos los casos resultado de la realidad socioeconómica que surge de planes correspondientes a un proyecto político dependiente, antinacional, que ha afectado gravemente al país, además de contrariar las necesidades y reclamos del pueblo.

En el ámbito netamente educativo se tratará, en coordinación con todas las jurisdicciones del país, la homogeneización de objetivos y contenidos curriculares básicos, que aseguren la unidad del sistema educativo nacional, respetando peculiaridades geográficas, socioeconómicas, culturales e históricas propias de cada contexto regional.

Se prestará dentro de este nivel una especial atención a la educación de adultos, no sólo en lo referente a la iniciación y terminación de sus estudios primarios sino también en lo relacionado con programas especiales que contemplen, entre otros problemas a encarar, la recuperación de desertores para la continuación de estudios formales o no formales y que involucren a poblaciones indígenas o marginadas. Dentro de estas acciones, adquiere relevancia muy especial todo lo referente a los programas de alfabetización para adultos y a salidas laborales inmediatas.

El nivel medio adquirirá progresivamente carácter de obligatoriedad en la medida en que se vaya facilitando el acceso al mismo y su democratización interna.

Los contenidos de todas las modalidades serán paulatinamente modificados para que sean una respuesta real a la doble finalidad del nivel: preparar al alumno para estudios superiores, con la jerarquía suficiente como para cumplimentar las exigencias de dicho nivel, en especial la universidad, y proporcionarles una salida laboral que tenga en cuenta la realidad nacional y las necesidades propias de la realización personal del educando. Estas acciones se integrarán con aquellas que, junto con las citadas, tienden a la profesionalización de la enseñanza al adecuar sus niveles a los requerimientos nacionales, estableciendo carreras cortas y salidas laborales y enfatizando el rol que debe cumplir la enseñanza artesanal y técnica.

En este sentido se coordinarán con las provincias todas aquellas medidas que lleven a preservar la unidad del sistema educativo nacional, dentro de la multiplicidad de ofertas educativas de los respectivos contextos regionales, y a asegurar la movilidad del alumno tanto vertical como horizontal dentro de la totalidad de las jurisdicciones.

En el orden universitario fueron tantas las marchas y contramarchas, tantos los inconvenientes que pareciera que las autoridades del régimen anterior preferían una universidad sin alumnos. En estos largos ocho años los egresados de todas las carreras fueron disminuyendo progresivamente, en todas las universidades y año tras año.

La decreciente participación del sector educativo en el presupuesto nacional limitó severamente las posibilidades de contar con núcleos activos de investigadores en el orden oficial, en las universidades y en institutos cuyo quehacer está ligado a la investigación como una forma de enriquecer su propia acción.

Esto motivó un serio y preocupante déficit, que observamos en la incorporación de nuevas tecnologías e innovaciones metodológicas en el área. Cuando un país no investiga y no trabaja en la producción de su propia tecnología se convierte en consumidor de tecnología importada, proporcionada por los países centrales.

En el ámbito de la cultura encontrarnos una situación caótica. Una industria editorial, que estuvo en los primeros planos mundiales, debió retroceder ante los increíbles gravámenes, el alto costo de los insumos, la apertura total en cuanto a la importación y la errática política cultural que habitualmente practicaba la censura. La cultura argentina agonizó durante los años del régimen.

El gobierno propicia una universidad democrática y abierta al pueblo, por lo cual se han eliminado las limitaciones elitistas, buscando a su vez la elevación académica.

En tal sentido cabe destacar el aumento significativo de la matrícula universitaria, siendo en algunos casos el triple que la registrada en 1983.

En cuanto a la universidad privada, seremos respetuosos de la libertad de enseñanza, sosteniendo la convivencia de la universidad privada con la pública en un régimen de libertad de elección.

Durante los últimos años, el derecho de todos los habitantes a la igualdad de posibilidades y oportunidades educativas se vio limitado en muchas áreas. Una de ellas, con un peso social y cultural significativo, resultó del abandono de las bibliotecas. Tanto las que funcionaban en instituciones como las bibliotecas populares fueron menospreciadas en sus funciones de núcleos irradiantes de cultura. Empobrecidas las colecciones por falta de incorporación de nuevos volúmenes, limitadas en cuanto a la selección de personal idóneo, desatendidas en su mantenimiento, las bibliotecas dejaron de cumplir su misión específica.

Otra de las áreas que sufrieron el embate del régimen está referida a la educación física. El abandono de las prácticas deportivas en las escuelas de nivel medio, junto con la disminución de las actividades recreativas, constituyó una norma general que privó a un vasto sector de la juventud de los beneficios de una actividad deportiva bien guiada, de prácticas de convivencia al aire libre, de ocasiones de recreación que contribuyeran a desarrollar su físico en un ambiente educativo positivo.

Esta es la Argentina que debemos cambiar, entre todos. Para ello, el gobierno ha encarado, entre otras, estas acciones:

• Normalización universitaria. Con la designación y asunción de los rectores en cada una de las universidades nacionales y el posterior nombramiento de los decanos se ha logrado culminar con éxito la primera etapa de la normalización universitaria.
• Reapertura de la Universidad de Luján, que fuera cerrada por las autoridades del régimen anterior.
• Impulso a la recreación del Consejo Nacional de Educación. A través del mismo se implementará el plan nacional de alfabetización, con el cual el gobierno estima incorporar a más de cinco millones de personas en la utilización cultural del lenguaje.
• Reincorporación de los docentes y empleados administrativos que fueron cesanteados arbitrariamente por razones gremiales, políticas e ideológicas.
• Creación de la Subsecretaría de la Actividad Profesional Docente y de la Dirección de Asistencia Educativa.
• Implementación de un nuevo sistema que permite lograr la igualdad de oportunidades y posibilidades educacionales; elevar el rendimiento y democratizar la relación pedagógica y el gobierno de la educación.
• Articulación de un sistema educativo nacional, con participación de las distintas jurisdicciones.
• Abolición del Ente Nacional de Calificación Cinematográfica y ratificación de la libertad de expresión.
• Creación y puesta en funcionamiento de las direcciones nacionales temáticas: del libro, de teatro,de antropología y folklore, de música y danza, de museo y artes visuales, para la implementación de una nueva y descentralizada política cultural de largo aliento.
• Reorganización del Fondo Nacional de las Artes y recomposición de su directorio.
• Reordenamiento de la política de subsidios —hasta ahora caótica y estéril—para que responda en forma coherente y eficaz al plan nacional de cultura.
• Aceleración de las obras para la terminación del edificio de La Biblioteca Nacional.
• Actualización legislativa a través de anteproyectos de las leyes del libro, de artes plásticas, del cine, del disco, de bibliotecas populares, del trabajo y de la ley de defensa del patrimonio cultural y natural.
• Cambio de los objetivos de la política de ciencia y técnica. Iniciación de un proceso de sustitución de la política anterior, por una política metódica orientada a introducir a la ciencia y a la técnica en la sociedad nacional no como un apósito, sino como componentes del curso mismo del desarrollo socioeconómico.
• Iniciación de la tarea de rescate del patrimonio nacional de científicos e investigadores, vinculando a los residentes en el exterior con el quehacer científico nacional y facilitando reincorporaciones a los institutos científicos y a las universidades.
• Normalización del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Reincorporación del personal prescindible por decretos carentes de base legal y estructuración de modalidades jurídico-contractuales que faciliten la transferencia de tecnología generadas en los institutos del Conicet a la industria y los servicios del sistema económico.
• Creación de dos nuevas áreas de estudio: fármaco-química y medicamentos, en colaboración con el Ministerio de Salud y Acción Social, e hidrología y meteorología, en vinculación con la Secretaría de Recursos Hídricos.
• Elaboración, con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Forestal Nacional y las universidades, de un proyecto de investigación y desarrollo integral regional que se implementará próximamente como experiencia piloto en algunas provincias.

Honorable Congreso:

El gobierno iniciado en 1976 agravó, en el campo social, ciertos males preexistentes y simultáneamente agregó otros nuevos y muy graves. Durante esa etapa se acentuaron desigualdades sociales, con una creciente polarización entre grupos privilegiados y sectores marginados en incesante expansión como consecuencia directa de políticas económicas sistemáticamente regresivas en materia de distribución, así como también de las concepciones elitistas que orientaban el desempeño de las instituciones de gobierno.

La política social aplicada durante el régimen autoritario fue errática en sus objetivos y tuvo un carácter meramente paliativo de situaciones focales. En ella imperaba una mentalidad de dádiva, con total ausencia de criterios redistributivos de justicia social. Se carecía de un orden de prioridades que hubiera servido para orientar las políticas sociales a la atención de necesidades básicas de los sectores más desprotegidos en materia de salud y vivienda, así como el refuerzo de la institución familiar, amenazada por el deterioro económico-social imperante.

Desde 1976 en adelante, podemos apreciar un franco debilitamiento del Estado en la generación e implementación de políticas sociales, como parte y expresión de una ideología que privilegiaba el funcionamiento de los mecanismos de mercado en el acceso a los bienes y servicios básicos, antes que los de solidaridad social propios de cierto tipo de organizaciones intermedias y de las instituciones públicas. Todo esto se agravaba en la medida en que crecía la desconexión de los organismos responsables de la política social del gobierno (acción social, salud pública, seguridad social, educación, cultura y trabajo) que duplicaban funciones, contradecían políticas y malgastaban recursos.

En el área de la vivienda, la excesiva burocratización de ese departamento de Estado había orientado sus esfuerzos en forma preponderante a la administración de las obras en construcción y atención de las empresas, descuidando su objetivo fundamental: atender la demanda que no puede expresarse en el mercado de la vivienda.

Como conclusión, la política habitacional sufrió un freno, acrecentando el déficit del sector y haciendo más grave aún la tarea de la reconstrucción.

En el área de la salud, la situación encontrada no es otra que la expresión sanitaria de un deterioro social global.

Sabemos que, en proporción a las respectivas poblaciones, en nuestro país se mueren muchos más niños antes de cumplir un año que en Chile, Costa Rica y Cuba, países de menor desarrollo que la Argentina.

Sabemos que entre las enfermedades que matan en esa primera edad todavía ocupan lugar destacado las diarreas, las infecciones respiratorias y la desnutrición, que no son otra cosa que flagelos derivados de la miseria y la marginación social.

Sabemos, también, que alrededor de tres millones de argentinos están infectados con el agente productor de la enfermedad de Chagas y que, aunque esto no implique que estén enfermos, miles de entre ellos habrán de estarlo más acá o más allá en el tiempo.

Sabemos del recrudecimiento de viejas infecciones que habían disminuido hasta casi desaparecer años atrás, tales como la tuberculosis, las venéreas y numerosas parasitosis.

Sabemos de la reiterada insatisfacción del usuario de los servicios asistenciales públicos y privados, que deambula buscando no sólo una posible solución técnico-científica, sino una respuesta humana y protectoraante su problema.

Hubo una alarmante disminución de camas hospitalarias estatales que pasaron del 74 al 66 por ciento del total de camas de internación del país; una también alarmante disminución de la inversión pública en el área de la salud; un agravamiento de los vicios de las obras sociales que, además, tuvieron que soportar la desocupación y la compresión del salario real. En la Argentina de hoy, cerca del 60 por ciento de su población pertenece a una obra social; en 1973, ese porcentual rozaba el 80 por ciento.

En el área de la minoridad, la ancianidad y la familia, encontramos un sector particularmente vulnerado por la aplicación de las políticas regresivas en materia económico-social que marcaron el perfil del Estado durante el régimen autoritario.

El incesante aumento de los índices de marginalidad, desnutrición, abandono y crisis familiar no se ha visto acompañado por un incremento sustantivo de las actividades del área. Encontramos, también, un perfil excesivamente centralizado, ya que el accionarse basa en una concentración de servicios en el área metropolitana, sin coordinación con otras áreas quitándole capacidad de irradiación en la formulación de políticas nacionales; y una acelerada disminución presupuestaria. Algo similar sucedió en el área de Deportes y también en la de Previsión Social.

En síntesis, hasta el 10 de diciembre de 1983 la política social estaba ausente. Para remediar tamaño deterioro hemos realizado lo siguiente:

• Al asumir las nuevas autoridades, en la esfera de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental, existían 65.000 unidades de vivienda en ejecución en diferentes estados. Se encauzó y concretó la factibilidad financiera y el seguimiento técnico de las mismas para asegurar continuidad y terminación en plazo.
• El Banco Hipotecario Nacional ha abierto líneas de crédito para remodelación y ampliación de viviendas y financiamiento para la construcción de nuevas unidades habitacionales, otorgando prioridades a las familias de menores recursos. Se apunta a que el equivalente al 3,5 % del producto bruto interno se destine a la construcción de viviendas.
• Corrección de la diferencia de criterios entre el Estado y el sector empresario con relación a los costos de edificación y sus variaciones. Para superar esta situación se suscribió un acuerdo entre la Secretaría de Vivienda, el Banco Hipotecario Nacional y las cámaras empresarias, mediante el cual se definen las reglas de liquidación de variaciones de costos para toda la República.
• A los efectos específicos de organizar el verdadero Plan Nacional de Viviendas 1984/89 y con el propósito de buscar fondos genuinos para la política habitacional, se ha establecido un sistema de trabajo en común con la Secretada de Hacienda, el Banco Central y los bancos oficiales, proponiéndose distintas vías para obtener recursos líquidos no inflacionarios.
• Proposición de modelos de reactivación de la industria privada.
• Control del precio de los medicamentos, juntamente con la Secretaría de Comercio, lográndose resultados a través del reajuste mensual de precios.
• Control efectivo de la sobrefacturación en la importación de drogas, a través de la creación de una oficina específica de control, eliminándose una sobrefacturación estimada en el 100% sobre los precios promedios internacionales.
• Elevación al Congreso Nacional del proyecto de ley de Fondo de Asistencia de Medicamentos, que combatirá la inmoralidad de la ausencia de fármacos esenciales en el sector de la población que más lo necesita.Formulación de una política crediticia con el BANADE y el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la producción de medicamentos genéricos por la industria nacional.
• Creación de la Dirección Nacional de Alimentos para la formulación de normas para todo el país del control higiénico-sanitario, dietético y bromatológico.
• Lanzamiento del programa de atención primaria, creándose la Dirección de Atención Primaria, y cotejando críticamente todos los programas provinciales de atención primaria de la salud, proyectándose un significativo aumento de supervisiones en las áreas provinciales de esta materia.
• Instrumentación del Programa Nacional de Salud Bucal que pone énfasis en la prevención en todos los niveles.
• Instrumentación del Programa Nacional de Chagas.
• Lanzamiento del Plan Nacional de Salud Mental, cuyo primer objetivo consiste en la integración del tema específico de salud mental en los programas de salud general, la prevención de acciones extendidas a toda la comunidad, la posibilidad de acceso popular a consultas de orden psicológico o psiquiátrico y el trabajo en conjunto con organismos provinciales y municipales.
• Proyección del hospital de niños Juan Garrahan, centro que resumirá en su seno tres funciones: atención medica al mejor nivel con una infraestructura de excepción, la docencia que permitirá el acceso de estudiantes a experiencias y material técnico adecuados y la investigación aplicada a las enfermedades que son comunes en nuestra sociedad.
• Creación de una comisión sobre prevención del abandono del niño, cuya acción tiende a estudiar y proponer soluciones al problema de la marginalidad, el riesgo familiar y el abandono de menores.
• Creación de la Dirección Nacional de la Juventud y la Dirección Nacional de la Mujer, en cuyo seno se desarrollará el Departamento de la Mujer.
• Reactivación de las unidades de apoyo familiar, que en el Gran Buenos Aires ofrecen ayuda alimentaria a familias en situación crítica. -Ampliación del Programa de Promoción Social Nutricional, con una meta que alcanza a 595.000 niños de dos a cinco años (infantiles) y 850.000 niños entre cinco y doce años (escolares), lo que implica alrededores del 25 por ciento de la población de esa edad en todo el país, exceptuando la Capital Federal.
• El Programa Alimentario Nacional (PAN), que permitirá la realización de una acción destinada a enfrentar la situación de deficiencia aguda alimentaria de sectores de la población más vulnerables o de extrema pobreza. El objetivo del PAN es enfrentar la emergencia aguda que padecen las familias carenciadas, especialmente aquellas donde existen mujeres embarazadas y niños menores de seis años. El PAN es un programa participativo que engloba a los beneficiarios y a la comunidad integrando al programa a los mismos beneficiarios.
• Incremento de las jubilaciones y pensiones mínimas entre diciembre y marzo, en un 82 por ciento. En las jubilaciones y pensiones medias ese aumento fue del 77,1 por ciento.
• Aumentos en las asignaciones familiares en un 50 por ciento por hijo y en un 100 por ciento por cónyuge.
• Aumentos en las asignaciones familiares por escuela primaria (66,7 por ciento); escuela primaria y familia numerosa (62,5 por ciento); escuela media y superior (62,5 por ciento); escuela media y superior y familiar numerosa (60 por ciento). Incremento en la ayuda escolar en un 1.233 por ciento (de 1° a 3° grado) y en un 777,3 por ciento ( de 4° a 7° grado). Incrementos en las asignaciones por matrimonio en un 650 por ciento y un porcentual similar por nacimiento.
• Iniciación de estudios de orden técnico-legislativo con el fin de proyectar reformas del sistema previsional con vistas a su perfeccionamiento. Están en curso de ejecución varias medidas de racionalización administrativas.
• Implementación del Plan Nacional de Natación que alcanza a 25.000 niños de escasos recursos, no sólo en lo que hace a la introducción al deporte formativo sino, y también, en lo relacionado con la asistencia médico-odontológica, alimentación y vestimenta.
• Celebración de un convenio con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el cual la Secretaría de Deportes elaborará y supervisará los planes de deporte educacional primario. Los mismos alcanzan a 280.000 niños de 480 escuelas porteñas.
• Evaluación con el Comité Olímpico Argentino del programa correspondiente a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, sobre la base de una delegación mínima, con la expectativa de competir honrosamente.
• Implementación de un programa de recursos humanos con cursos para entrenadores y deportistas, solicitando a diversas federaciones la implementación de un plan nacional de difusión de cada disciplina, siendo apoyado el mismo por la Secretaría de Deportes.
• Programa de deportes para todos, que comenzó el pasado 14 de abril y beneficiará a grupos familiares carenciados de todo el país en un número de 50.000 para la primera etapa hasta alcanzar 200.000 participantes, en coparticipación con las provincias y los municipios.

Honorable Congreso:

Hemos sostenido, reiteradamente, que no hay posibilidad de consolidar la democracia sino contamos con sindicatos fuertes, representativos y democráticos, tanto en su funcionamiento como en su organización.

Ocho años de administración de los sindicatos, ejercida en más del 90 por ciento de los casos por decisión del régimen militar, han creado una situación cuya revisión, que es imprescindible, resulta difícil.

Hemos objetado, sostenidamente, los métodos utilizados por el régimen para normalizar los sindicatos pues creíamos, y creemos, que no había democracia en ellos, que persistían los vicios autoritarios subordinados al interés político del régimen.

Al asumir el gobierno, la situación que recibimos se caracterizaba por la prolongada paralización de la actividad sindical, no sólo en lo interno sino, y fundamentalmente, en la defensa adecuada de los intereses de los trabajadores. Hoy podemos decir que los efectos de las medidas de suspensión de esa actividad, tomadas en 1976, han sido nefastos en lo social, en lo económico y en el plano de la preservación de las condiciones más elementales de vida de amplios sectores de la población.

Señores legisladores: debemos ayudar a nacer al nuevo sindicato, que deberá tener poderío material y económico y, fundamentalmente, contenido humano.

Hemos desarrollado las siguientes acciones que persiguen ese objetivo:

• Elevación al Congreso Nacional del proyecto de ley de reordenamiento sindical, que en sus distintas alternativas concluyó en un sistema que importaba la presencia de todos los sectores existentes y preexistentes para las funciones de gobierno y fiscalización, la supervisión de las prácticas comiciales y precomiciales ejercida por la justicia electoral. La representación de las minorías y la eliminación de cláusulas restrictivas —antigüedad excesiva y antecedentes en cargos electivos—configuraron una propuesta concebida para la coincidencia unánime. El rechazo por parte del Honorable Senado de la Nación obligó al gobierno a buscar nuevas formas para lograr el irrenunciable objetivo de la normalización democrática del sindicalismo argentino.
• Ratificación de las afirmaciones programáticas a través del Consejo Nacional del Salario Mínimo, Vital y Móvil, previéndose la participación de las entidades gremiales en organismos que impulsan la concertación. Este proyecto de ley tuvo en vista la necesaria actualización del salario mínimo, determinada por el avance de los precios y también la necesidad de modificar el criterio socioeconómico determinante del carácter del salario mínimo vital.
• Formulación de una propuesta presidencial a todos los nucleamientos sindicales para constituir un organismo de concertación en materia de precios y salarios, variables cuya interrelación es vital para la preservación del salario y la correcta rentabilidad del aparato productivo.
• Proyecto de creación de un consejo económico-social, como instrumento para delinear responsabilidades en el crecimiento de la economía y en la participación de sus beneficios.
• Proyecto de legislación que instrumente los derechos sociales consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y del Código del Trabajo y la Seguridad Social.

Durante el presente ejercicio, señores legisladores, nuestra administración restablecerá y actualizará la legislación sobre convenios colectivos de trabajo, poniendo en práctica una legislación que contemple sistemas de negociación permanente por medio de comisiones paritarias u otras comisiones para el tratamiento y resolución de conflictos colectivos. También buscaremos la sanción de una ley que establezca que la duración del período de vacaciones, calculado en su vida activa laboral y abonada la diferencia correspondiente a lo establecido en la actual Ley de Contrato de Trabajo, por medio de la caja de asignaciones familiares. Alentaremos, también, el desarrollo y fortalecimiento de los organismos provinciales en materia laboral y modificaremos la actual ley de obras sociales, con el concurso de los sectores interesados.

Reformaremos, además, la ley 9.683, eliminando la obligatoriedad del depósito en la caja de accidentes para el pago de indemnizaciones tarifarias en juicios laborales.

Estas realizaciones y proyectos ratifican las propuestas formuladas y aspiran a conducir a una sociedad postergada, y con síntomas de frustración, al ritmo y la dinámica que caracterizan el crecimiento acelerado que hizo de nuestro país tierra de paz y promisión.

La paz social, señores legisladores, encontrará al gobierno siempre dispuesto a servirla; ella es el presupuesto necesario para el progreso.y la reconstrucción nacional.

Honorable Congreso:

Hemos señalado oportunamente que el establecimiento definitivo del sistema democrático en la Argentina exigía, entre otros factores, una adecuación evolutiva de las Fuerzas Armadas para que, dejando de serlo en sí mismas, lo fueran de la Nación toda; una forma de evolución que nos permitiera arribar a la consolidación de un poder militar conjunto subordinado al poder constitucional, sin otros objetivos que la defensa de la República y la preservación de la Constitución en el cuadro general establecido por las leyes y por los reglamentos militares.

En este mismo orden de ideas estamos contestes en que una evolución en el sentido señalado significará un esfuerzo constante, perseverante, ininterrumpido y sostenido, de forma tal que la propia secuencia de su desarrollo constituya palpable muestra de la voluntad del gobierno, de las Fuerzas Armadas y del pueblo de la Nación, de insertarlas decididamente en el proyecto nacional, popular, racional y democrático que hemos trazado, inspirados en la Constitución Nacional y al servicio de altos objetivos nacionales.

La problemática de la consecución de un objetivo tan ambicioso presenta variables que, si bien no son incompatibles entre sí, requieren ser ordenadas en un sistema de prioridades, que incluye la necesaria, la imprescindible, la irrenunciable valorización del rol que cada una de las fuerzas tiene asignada en el marco de los objetivos nacionales señalados.

Dijimos en nuestro mensaje a la Honorable Asamblea Legislativa el 10 de diciembre que “la defensa nacional es un tema que excede el marco de las Fuerzas Armadas, las cuales constituyen el instrumento militar de la defensa, razón por la cual debemos dedicarle sustancial atención”.

Encontramos unas Fuerzas Armadas divididas en su accionar profesional, sin un adecuado marco de acción conjunta y con superposiciones en actividades afines, que disminuyeron su capacidad para el combate y aumentaron los gastos.

En el área presupuestaria, que tanto nos preocupa, encontrarnos:

• Una participación de un 6 % en el PBI.
• Un importante nivel de recursos presupuestarios, comprometidos para ejercicios futuros como consecuencia de equipamientos aprobados, lo que constituye un elevado grado de endeudamiento.
• Una distribución de recursos asignados al sector, que no respondía a las necesidades de un planeamiento militar conjunto, sino a pautas e indicadores de orden histórico que no reflejaban la realidad vigente.
• Una elevada rigidez en el nivel de gasto, debida a necesidades de funcionamiento y mantenimiento de infraestructura, así como la importante participación de las erogaciones en personal.
• Un régimen de retiros estructurado de manera tal que determinó el desaprovechamiento del recurso humano, produciendo el éxodo del personal a temprana edad, con un aumento importante de las pasividades.
• Un desequilibrio en la asignación de recursos al sector defensa en detrimento de otros altamente prioritarios tan importantes como el gasto militar en la concepción de la defensa nacional.

En el área de la producción, y como consecuencia de la división del poder político que existía entre Fuerzas Armadas, encontramos una sensible falta de coordinación entre las empresas en lo que hace a planes de producción, políticas de comercialización y conducción empresaria en términos generales.

Las empresas carecían de contravalor efectivo, puesto que los mismos responsables de su conducción superior eran los encargados de fiscalizarlas y verificar el resultado de las operaciones comerciales.

Como consecuencia de lo anterior, en varios rubros de la industria militar se descubrió duplicación y a veces triplicación de esfuerzos y actividades.

También era notable el desconocimiento de las posibilidades de producción de las empresas por parte de los responsables de formular los requerimientos de equipamiento de las fuerzas.

Existía una deficiente estructura de comercialización de las respectivas producciones, y en lo que hace al comercio exterior, cada fuerza procedía independientemente, con esfuerzos individuales que, por dispersos, resultaban ineficientes o inadecuados.

En el campo de la investigación cada organismo o instituto desarrollaba sus propios programas, sin la necesaria coordinación de los demás.

Todo ello pone de manifiesto las dificultades halladas en la estructura del gasto militar para la realización de economías importantes que, a su vez, permitan el normal desarrollo de la capacidad operacional de las fuerzas sin llevarlas a un nivel crítico de desenvolvimiento presupuestario.

Es, pues, evidente que no nos será posible reducir más la participación que tiene la defensa en el presupuesto nacional, con la actual estructura y organización de las Fuerzas Armadas, lo cual nos impone realizar la necesaria reforma militar que lo permita.

En el campo de las ideas, el gobierno no pretende uniformar el pensamiento de los ciudadanos militares como todos los demás ciudadanos; el personal de las Fuerzas Armadas tiene el derecho de pensar en función de los ideales que, en su concepción de la Nación y del Estado, y en el cuadro de la Constitución argentina, ha adoptado para sí mismo.

Para el personal en actividad, las restricciones son las propias del ejercicio del mando y de la obediencia.

Para el personal retirado, los límites están dados por el Códigode Justicia Militar y por el Código Penal de la Nación.

Para ambos, el marco referencial último, es el de la ética sanmartiniana.

Es mucho cuanto ya hemos avanzado. La modificación del Código de Justicia Militar, la jerarquización del Estado Mayor Conjunto y la puesta en marcha del planteamiento militar conjunto, la centralización en el Ministerio de Defensa de todas las empresas del área militar, con el objetivo de su optimización y debida coordinación en su accionar, el sometimiento individual ante los jueces de la Constitución de los responsables de la conducción política y militar anterior y, por sobre todo ello, la revitalización de la disciplina, avalada por la total responsabilidad del presidente de la Nación, que en ejercicio de sus funciones de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ha asumido en plenitud el comando que es Constitución le confiere, y de la instauración de un sistema de lealtades recíprocas, en lo ético, lo profesional y lo político.

Honorable Congreso:

Durante el régimen pasado asistimos al vaciamiento de la capacidad necesaria para producir una política exterior coherente y unitaria. No fue coherente por los vaivenes que se evidenciaron en las relaciones políticas exteriores. No fue unitaria porque hubo una feudalización del poder dentro del gobierno, porque la estructura misma del Poder Ejecutivo careció de unidad.

En esas circunstancias se desarrolló para los argentinos y para el resto del mundo una política exterior errática e imprevisible.

De esta manera la política exterior no sirvió para que la Argentina encontrara nuevos ámbitos para su desarrollo internacional, sino que se limitó a cubrir los problemas que la política interna producía en el frente externo.

Así, el rasgo dominante fue el de una política pasiva que no creaba hechos, sino que simplemente los seguía.

Esta política a la defensiva tuvo en definitiva como únicos temas propios el de los dos conflictos australes y el del intento de crear una cierta imagen argentina en el exterior. Y sus consecuencias han sido una grave herencia, por los errores tremendos cometidos para la resolución de los dos conflictos australes: una creciente pérdida de credibilidad del país en la comunidad internacional y, por último, un proceso notorio de aislamiento exterior.

Por otro lado, además, los errores de conducción no sólo se tradujeron en una política exterior débil y a la defensiva, sino que desgastaron los instrumentos institucionales para llevarla adelante. Así, los ritos formales reemplazaron la tarea de creación política y el mundo exterior fue visto como una suerte de permanente amenaza para la Argentina, en lugar de constituir el ámbito natural donde expandir la capacidad de nuestro país.

Hemos sufrido los vaivenes de una política exterior que iba del aislacionismo a ciertos sueños de hegemonía, sin que el péndulo se detuviera en la sensatez. Hay países que se aislaron para crecer, se encerraron sobre sí mismos para desarrollarse; pero pareciera que la Argentina se aisló para esconder su decrecimiento, para justificar hacia adentro lo injustificable hacia afuera.

Así, romper el aislamiento constituyó uno de los objetivos inmediatos de nuestra política internacional.

Pero quebrar ese aislamiento no sólo significa crear un flujo de afuera hacia adentro, desde el exterior hacia la Argentina. También es indispensable quebrarlo para que nuestra sociedad se expanda en la comunidad internacional. La Argentina estará presente en el mundo. Porque podemos pensar y porque podemos hacer cosas grandes. Son los que quieren que pensemos en pequeño los que en realidad nos quisieron achicar como país y como ciudadanos.

Nadie piense que el gobierno sostiene sueños de hegemonía; simplemente deseo afirmar la necesidad de estar presentes en el mundo con las posiciones sensatas de una sociedad que se desarrolla y busca el bienestar de sus habitantes.

La Argentina tiene que extender sus brazos al mundo y en el mundo, porque así aumenta sus puntos de sustentación: porque sin duda una Argentina real, no inventada por campañas de publicidad, presente activamente en la comunidad internacional, significa una garantía para la estabilidad de la República y su democracia.

Lo grave del aislamiento que padecimos es que limitamos enormemente; el espectro de nuestras alianzas políticas. Precisamente, ampliar al máximo nuestra capacidad de diálogo político con aquellos países que nos son más afines —sea por similitud de situaciones o por comunidad de valores—es uno de los medios con que podremos alcanzar el objetivo de autonomía política.

Así, un objetivo básico de la política exterior que venimos desarrollando es ampliar el número y el espectro de nuestros interlocutores. Estamos convencidos que mientras más puntos de apoyo tenga la Argentina en el mundo, menos dependiente será. Y la condición que deseamos asegurar es que esos puntos de apoyo no sean erráticos movimientos del azar o mero producto de la coyuntura.

Estamos reemplazando la anarquía de nuestra inserción en el mundo por una posición racional y previsible que haga saber a nuestros interlocutores qué es lo que espera la Argentina de cada uno de ellos y qué es lo que está dispuesta a dar.

Estamos creando activamente una política plural, de diálogo internacional sin prejuicios, pero también sin claudicación de nuestros valores fundamentales.

Es así como compartimos con los países en desarrollo los problemas del crecimiento, de la discriminación en el comercio internacional y la lucha por un mundo más justo. Esta comunidad de intereses crea un ámbito para el diálogo que estamos explorando activamente. Pero debe quedar claro que ese ámbito no invade el otro, el de nuestras convicciones fundamentales.

Creemos en la libertad individual, en la democracia plural sin restricciones ni censuras; creemos, en fin, que estas formas que se ha dado Occidente para organizar nuestras sociedades son válidas y que en ellas hallaremos el camino para asegurar el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo.

Somos no alineados porque vemos con enorme preocupación los impactos negativos que sobre nuestros países tiene el conflicto entre el Este y el Oeste. Que nadie deduzca de allí que vivimos fuera de la historia y de la geografía. Nuestra historia y nuestra geografía nos hacen occidentales. Pero que nadie tampoco confunda este reconocimiento con la pertenencia a un bloque determinado.

En esta empresa que busca romper el aislamiento del país y recrear las condiciones de credibilidad internacional. Latinoamérica ha sido el área priorizada en estos meses de gobierno.

Prueba de ello son la activa presencia argentina en los foros regionales y el incremento notorio de las relaciones bilaterales con los países hermanos de Latinoamérica. Fruto de ese incremento son los acuerdos y convenios firmados con los países del área durante estos cuatro meses.

Asimismo, hemos reiterado nuestra convicción que será a través de procesos crecientes de integración que nuestra región encontrará el camino para expandir todas sus potencialidades.

Así como hace medio siglo la gran crisis nos obligó a volvernos hacia adentro de nuestras naciones, la crisis actual; quizás más profunda que aquélla, nos lleve a volcarnos hacia adentro de la región. Estamos convencidos que esta vez los viejos sueños de integración latinoamericana dejarán de ser una aspiración compartida, pero a veces retórica, para transformarse en una imperiosa necesidad derivada de la cada vez menos comprensible actitud de los países centrales, empeñados en continuar ignorándonos.

El vigoroso impulso hacia la integración latinoamericana en el que estamos empeñados cambiará sin duda el encuadre y la resolución de viejos conflictos que subsisten entre muchos de nuestros países. Así como la mayor integración económica que se ha dado en otros continentes fue cambiando la naturaleza y sentido de las controversias tradicionales entre sus países.

También ha sido claramente explicitada y ejecutada nuestra política respecto al cada vez más grave y preocupante conflicto de América Central. Allí hemos manifestado nuestro pleno apoyo al Grupo de Contadora y a sus esfuerzos para lograr una solución negociada del conflicto. Nuestra política en esa subregión se guía por los siguientes principios básicos: a) Respetar el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos; b) Promover el establecimiento de sistemas democráticos plurales; c) Condenar toda forma de expansión del conflicto que sitúe a éste en términos del enfrentamiento Este-Oeste.

Deseamos sobre este particular llamar la atencióna todas las partes involucradas acerca de las trágicas consecuencias que tendría una difusión de este conflicto no sólo para los pueblos centroamericanos sino para la estabilidad y seguridad de la región.

La política de fortalecer nuestros lazos con el conjunto de la comunidad internacional se ha expresado a través de la firma de numerosos instrumentos internacionales, entre los que corresponde citar:

2 de febrero 1984: firma de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica).
16 de febrero de 1984: firma del Convenio de Cooperación con Nicaragua.Marzo (Ginebra): Acuerdo con Alto Comisionado de las Naciones Unidaspara los Refugiados y con el Comité Intergubernamental de las Migraciones, para viabilizar el apoyo de esos organismos al retorno de los exiliados argentinos.
23 de enero de 1984: Declaración Conjunta de Paz y Amistad entre la Argentina y Chile.
26 de diciembre de 1983: firma del Acuerdo por canje de notas entre Argentina y Cuba otorgando una línea de crédito para la compra de productos argentinos.
27 de diciembre de 1983: firma del Acuerdo entre el gobierno de la República y las Naciones Unidas sobre cooperación argentina con los países en desarrollo a través de la CEPAL y del PNUD.

Y los convenios firmados con México, en ocasión de la visita de su presidente, sobreCooperación económica bilateral;Transporte marítimo;Cooperación sobre turismo;Planificación económica y social; Cooperación económica bilateral 1984-1985 (programa de trabajo); Mecanismo para programas de intercambio compensado.

A su vez, en esa misma línea de acción, se han enviado al Honorable Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley:

• La ratificación de la firma de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).Ley de normalización del servicio exterior y su decreto reglamentario.
• Para su tratamiento conjunto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la derogación de la ley de nacionalidad y ciudadanía, volviendo al régimen de la ley anterior (N° 346); y la modificación del artículo 6° de la ley 23.027 de creación de la Comisión Nacional de la Cuenca del Plata.

El reiterado principio de solución pacífica de las controversias ha sido puesto en práctica respecto a las dos situaciones heredadas del régimen pasado. Es decir, la cuestión del Beagle y la de nuestras islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

La controversia con Chile sobre la zona austral, que desde hace muchos años impide concretar los anhelos de paz y cooperación con la vecina república, ha sido encarada por el Poder Ejecutivo teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales.

En primer lugar, la convicción de que la actual negociación diplomática, conducida bajo los auspicios de Su Santidad Juan Pablo II, es el mecanismo pacífico más apto para llegar rápidamente a un arreglo satisfactorio. Si nos apartáramos de ese camino se mantendría latente una posibilidad de conflicto con su secuela de incidentes, interpretaciones negativas y fermentos belicistas que sólo perjudicarían la consolidación de la tranquilidad interior. La posibilidad de conflicto es incompatible con el propósito de afianzar nuestras relaciones con las repúblicas de Latinoamérica y contraria a la seguridad de una región cuyo desarrollo pacífico es indispensable para lograr una creciente y efectiva irradiación de nuestra acción en todo el continente.

En segundo lugar, el Poder Ejecutivo desea informar a vuestra honorabilidad que las conversaciones e intercambios que a partir del día 23 de enero de este año han tenido lugar entre nuestros delegados y los de la representación chilena, así como los que se han venido manteniendo con los integrantes de la oficina para la mediación, nos permiten decir que las esperanzas de arribar a una pronta solución del centenario diferenciado se ven alentadas por el contenido de las últimas conversaciones y el ánimo constructivo que hemos hallado en las autoridades de la Santa Sede.

De no surgir inconvenientes, podremos llegar a un tratado que refleje de manera justa y razonable las aspiraciones del pueblo de la República, proteja nuestros intereses permanentes y cumpla con los objetivos que se han trazado en sus respectivas plataformas la mayoría de los partidos políticos representados en el Honorable Congreso que en definitiva deberá decidir al respecto.

En lo referente a las islas Malvinas, nuestra posición es terminante: no cejaremos por un instante en bregar por la plena recuperación de nuestros derechos sobre ellas, así como las Georgias del Sur y los archipiélagos de las islas Sandwich del Sur. Que no haya duda alguna: no nos apartaremos de este camino.

Pero también afirmamos con igual claridad que la política internacional de la democracia argentina se basa, como ya lo expresamos, en el principio de la solución pacífica de los conflictos entre las naciones y el respeto en esta materia específica a las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Aspiramos que en ese contexto se superen las distancias que nos separan de la Gran Bretaña. Esperamos del gobierno británico un reconocimiento del espíritu que impulsa nuestra acción y la expresión de una voluntad igualmente amplia de solucionar este conflicto.

Finalmente deseo resaltar la manera en que se ha modificado la imagen que transmitió la Argentina todos estos años, durante los cuales nuestro país fue visto como un territorio donde, primero por el terrorismo y luego por la represión, fueron violados derechos humanos fundamentales.

En este campo hemos pasado del negro al blanco. La Argentina es ahora querida y respetada por la comunidad internacional. Hay cabalmente en el mundo conciencia de este milagro de la democracia argentina y del carácter de renovación moral que la identifica.

Estamos dando respuesta al desafío que esta nueva situación nos impone y que consiste en no ser sólo un país en el cual son respetados los derechos humanos, sino, a partir de ahora, ser un país que levante su voz frente a cualquier violación de estos derechos en cualquier parte del mundo.

Todos deben saber que es esta actitud coherente, no ideologizada de la Argentina la que permitirá un crédito internacional de indudables consecuencias prácticas.

No aspiramos a ser una potencia militar pero si aspiramos y podemos ser una potencia moral. Ya Yrigoyen había dicho que “tales son los anhelos de los pueblos sudamericanos, realizarse como entidades regidas por normas éticas tan elevadas, que su poderío no puede ser riesgo para la justicia, ni siquiera una sombra proyectada sobre la soberanía de los demás Estados”.

Honorable Congreso:

Por todo lo expuesto, queda claro que el gobierno está haciendo lo suyo en circunstancias dramáticas, elaborando las respuestas posibles para reducir efectivamente las injusticias, cancelar los privilegios y desterrar los procedimientos contrarios al derecho.

Frente a la adversidad, nuestra convivencia tiene que estar regida, sin fracturas, por un triple imperativo: las libertades políticas, la justicia social y el saber que sólo en la democracia pueden responderse eficazmente a los reclamos que provienen del conjunto social.

Queremos un país unido en torno al gran desafío nacional de la hora: la reconstrucción de la Argentina.

De allí mi pedido a todos nuestros compatriotas vinculado a la imperiosa necesidad de realizar un enérgico esfuerzo para ejercitar las intransferibles responsabilidades individuales y colectivas.

Es la hora de preguntarnos qué puedo dar yo a la República, qué debemos todos dar por ella.

Debemos anticipar el porvenir creándolo ya, y para ello hay que actuar con grandeza y dejar de lado las pequeñas diferencias que eventualmente puedan separarnos en los problemas vitales de la Nación.

No ignoramos, y lo marcamos de un modo notorio, que hay personas y sectores que colocan el grueso de sus energías en las pequeñas cosas queriendo desviar el paso de la sociedad. Ellos no alcanzan a descifrar el porvenir ni comprenden que el pueblo ya eligió su ruta: reconstruir la Argentina.

Tenemos fe y confianza en el futuro de la Nación y queremos compartir fraternalmente con toda la ciudadanía los resultados del esfuerzo solidario, para consolidar las instituciones de la República y alcanzar la grandeza soñada.

Con este humilde fervor, dejo inaugurado el presente período ordinario de sesiones.