Mensaje presidencial del doctor Raúl Alfonsín a la Honorable Asamblea Legislativa

Honorable Congreso:

Culmina un esfuerzo del pueblo argentino, sólo parangonable con el llevado adelante en las luchas iniciales, tendiente a concretar la transición más definitiva de su historia: de la dictadura a la libertad; de la decadencia al desarrollo; del privilegio a la justicia; de la dependencia a su reconocimiento soberano; del centralismo al federalismo; de la arbitrariedad al estado de derecho.

Cerramos un año más de gobierno, con hechos positivos y realizaciones concretas.

La transformación de nuestro mercado económico comercial, técnico y cultural, por vías de asociaciones bilaterales y multilaterales con Italia y España. Los acuerdos con Brasil y Uruguay, que significan un avance notable en nuestro camino hacia un espacio económico regional y la integración latinoamericana.

Las reformas estructurales en los sectores petroquímico y siderúrgico, el impulso exportador para nuestra agroindustria y el inicio del proceso de desmonopolización y privatización del sector público a través de convenios que permiten asociar capitales y técnicas gerenciales a las empresas del Estado.

Concretamos el desafío de convocar a la sociedad a un Congreso Pedagógico Nacional para debatir sobre un tema prioritario como es el de la educación.

Erradicamos definitivamente la mentalidad asistencialista, distante y burocrática en los programas sociales, reemplazándola por una concepción más cercana y participativa.

Se han restablecido las convenciones colectivas de trabajo que funcionan normalmente por primera vez en muchos años.

Hemos promulgado la Ley de Defensa Nacional que permite reinsertar a las fuerzas armadas en sus funciones específicas de acuerdo al espíritu de nuestra Constitución Nacional.

Hemos garantizado la transparencia de las últimas elecciones nacionales, la transmisión del mando en todas las provincias y redoblado con éxito nuestros esfuerzos para ofrecer a la población argentina las mejores condiciones de seguridad.

Hemos alentado y facilitado el florecimiento cultural de nuestro pueblo, que se ha materializado en una multiplicidad de manifestaciones sin precedentes.

En materia de seguridad y justicia, los acontecimientos del último año evidencian el afianzamiento decisivo de los mecanismos propios de las instituciones republicanas para preservar la paz, la convivencia civilizada y la condigna sanción a todos los transgresores de nuestras normas legales y de nuestro estilo de vida democrático.

Hemos generado un mecanismo político nuevo en nuestra historia regional: el Grupo de los Ocho con la creación de instancias de consulta y concertación que permite avanzar un paso más en el proceso de integración latinoamericana.

Vengo así por quinto año consecutivo a declarar inaugurado el período ordinario de sesiones de ambas Cámaras.

Las circunstancias que enmarcan hoy esta presentación tienen un contenido social y político particular y me siento hondamente comprometido por ello.

Voy a mirar de frente a la realidad, señores legisladores.

Sé que tenemos delante nuestro un país inquieto y preocupado. El año transcurrido desde mi anterior discurso pronunciado en este recinto fue un año de tensiones y de conflictos.

Si todos coincidimos hoy en el agotamiento de un modelo que ya no puede responder a las expectativas y necesidades de nuestra sociedad, sabemos también que se nos imponen salidas perentorias para superar las urgencias y, al mismo tiempo, afirmar el camino de las reformas estructurales de más largo plazo.

En esta conjunción de tareas, de reordenamiento y consolidación, por un lado; de reforma y transformación por el otro, se concentró nuestra acción de gobierno.

Las políticas de envergadura y el proyecto estratégico que implica la voluntad de emerger del atraso, comienza a plasmarse hoy en hechos concretos.

Hemos consolidado el respeto de los derechos humanos, la libre expresión de ideas, la justicia, la convivencia pacífica y el pluralismo político.

Hemos logrado recuperar la paz y estamos decididos a defenderla con firmeza y en el marco estricto de la ley contra todo intento absurdo de perturbación.

Todas las fuerzas realmente representativas de nuestro pueblo confluyen hoy en la asunción de la libertad como valor fundamental de los argentinos. Desencuentros e intolerancias que fueron casi distintivos de nuestra pasada historia son rechazados masiva y enfáticamente por nuestro pueblo, integrado en una sociedad que reconoce valores y principios comunes.

Estos logros ya son irreversiblemente nuestros, han sido incorporados a la vida cotidiana y constituyen para nosotros un motivo de orgullo acentuado además por el reconocimiento que se hace de ellos en el mundo.

Honorable Congreso:

El comportamiento de la economía nacional desde el último mensaje a la Honorable Asamblea Legislativa presenta aspectos contrastantes.

La inflación se mantuvo alta durante todo el período, al tiempo que el ritmo de crecimiento del nivel de actividad económica tendió a desacelerarse. En cambio, si se atiende a la reorientación en curso de los ejes tradicionales de desarrollo del país y a la inversión en las actividades productivas, el balance es positivo.

Así, la economía industrial ha dado pasos significativos en su vinculación a los mercados internacionales, comenzando a trascender las fronteras del mercado interno, como lo testimonia el apreciable crecimiento de sus exportaciones.

El volumen de inversión continuó con la recuperación iniciada en el año pasado, acumulando entre 1986 y 1987 un incremento de casi el 40%, lo que ha permitido comenzar a revertir el descenso que produjo la crisis de la deuda externa.

El productor agropecuario ha recuperado condiciones de rentabilidad.

Realismo cambiario, quita de retenciones, sistemas de precios sostén y transparencia en los mercados, unidos a la implementación de medidas que contribuyen a la modernización de los sistemas de comercialización, son parte de las herramientas con que se implementa la política al servicio del crecimiento agropecuario.

Estos contrastes que exhibe la economía nacional ponen de manifiesto las limitaciones pero también las posibilidades que encierra el proceso de reconstrucción económica en el marco de la transición democrática argentina. Corregir las primeras y consolidar las segundas es el compromiso que encara el gobierno nacional, a fin de que el extraordinario esfuerzo del pueblo sirva para sentar las bases de un crecimiento más sostenido, una mayor estabilidad y un perfil de desarrollo del país más adaptado a los desafíos de la hora y a las aspiraciones de bienestar de los argentinos.

En lo que se refiere al crecimiento, es convicción del gobierno nacional que no hay posibilidades de un desarrollo sostenido si la economía argentina no logra una mayor integración a la economía mundial.

Los argentinos sabemos que la persistencia en el aislamiento y la búsqueda de vanas autarquías, ha ahondado la dependencia con respecto al exterior.

Por eso, nuestro primer desafío en la política exterior fue pasar del aislamiento a la plena y libre inserción de la Argentina en la comunidad de naciones.

Hoy podemos decir con orgullo que hemos logrado plenamente ese objetivo. La acción internacional de la democracia nos ha devuelto el prestigio y ha estrechado nuestros lazos con el mundo.

Contra aquellos que predican el alineamiento como método para recibir las dádivas del mundo exterior, hemos demostrado no sólo que la dignidad nacional es compatible con el aprovechamiento de las oportunidades exteriores sino que es la condición para ser respetado internacionalmente.

La renovada presencia e inserción de nuestro país en el orden internacional no obedece a un hecho casual o fortuito, sino que es el resultado de la coherencia de nuestra política exterior, que ha permitido recuperar la credibilidad de nuestra Nación y ha reforzado la confianza en nuestras instituciones democráticas.

Esta idea de unirnos al mundo permite construir también un nuevo horizonte para nuestra economía.

De allí que hayamos puesto el acento en la promoción de las exportaciones, y en particular, de las exportaciones industriales. Los instrumentos ahora utilizados para favorecer una mayor integración de la Argentina al mundo han mostrado que el abandono de la estructura semiautárquica con la que hemos funcionado durante décadas no tiene por qué transitar por carriles traumáticos como sucediera en épocas no muy lejanas.

El tipo de cambio alto, que el gobierno nacional ha mantenido y se compromete a mantener, y las demás iniciativas adoptadas han provocado un despertar en los sectores de la producción que, aunque opacado a veces por las dificultades de la coyuntura es, de todos modos, visible cuando se presta atención a la respuesta positiva del campo y la industria. Esta actitud está transformando el comportamiento de las empresas, merced a la puesta en marcha de nuevos proyectos, la incorporación de tecnologías y nuevas modalidades de gestión y comercialización. Estamos en presencia de una realidad promisoria que, no lo dudamos, se consolidará gracias al coraje y la creatividad de los empresarios argentinos.

Esta transformación nos devolverá fuentes genuinas de acumulación y crecimiento; fuentes que, a lo largo de una prolongada decadencia, hemos ido perdiendo: la renta de la tierra, la renta petrolera, la oportunidad de concertar en el mundo negocios provechosos para el campo, la industria, los cultivos regionales.

Movilizar este potencial es una de las palancas de la expansión argentina. Pero, para seguir adelante con estos cambios en nuestros ejes tradicionales de desarrollo, es preciso actuar también sobre toda la gama de cuestiones que abarcan lo que a veces se ha dado en llamar el «costo argentino». Por mucho tiempo, lo que se entendía por costo argentino incluía, en primer lugar, nuestra crónica inestabilidad política.

Cualquier proyecto económico debía computar la prima de riesgo que significaba la posibilidad de ruptura del orden constitucional y la consecuente alteración de las reglas de juego.
Hoy esta situación se ha modificado.

La firme voluntad expresada por las principales fuerzas políticas y sociales del país en defensa de la experiencia democrática que iniciamos en 1983 nos permite asegurar que, en lo que se refiere a esta cuestión, el costo argentino ya no existe. Quien quiera pensar en el progreso, quien quiera invertir, podrá hacerlo con la seguridad de que estas instituciones de la democracia tienen detrás una comunidad dispuesta a hacer de ellas el lugar natural para el crecimiento y el bienestar.

El año transcurrido ha sido de prueba para la democracia argentina. De prueba de su fortaleza, porque ha visto funcionar sus mecanismos internos de renovación sin que las actividades de los inadaptados o de los sectarios pudieran obstaculizar o siquiera perturbar su flujo vital.

Las elecciones del 6 de septiembre rompieron la cadena de fatalidad que había impedido, desde 1950, que se completara la renovación de la Cámara joven y se produjese un recambio completo de los gobernadores constitucionales. Esto confirma que más allá de las diferencias de opiniones, ritmos o procedimientos, el pueblo y los dirigentes están convencidos de que todas ellas deben dirimirse en el marco institucional y en un clima de paz y libertad.

En ese sentido, el gobierno inició consultas con los partidos políticos y se arribó a lo que denominamos Mesa del Consenso Democrático.

Su tarea permitió alcanzar acuerdos sobre temas de fondo que necesitaban respaldo legislativo. Es el caso de la Ley de Defensa y de la sucesión de pasos que permitió finalmente llegar a la nueva Ley de Coparticipación de Impuestos Nacionales, instrumento de orden en la relación entre el gobierno federal y las provincias que el Poder Ejecutivo nacional venía propiciando desde 1986.

El Poder Ejecutivo ha multiplicado sus contactos con los gobernadores de las provincias. A las distintas iniciativas de éstos, el gobierno nacional ha sumado su decisión de crear una comisión interministerial encargada de relevar los asuntos que pueden ser materia de un programa de reformas federales.

El afianzamiento del federalismo, la auténtica integración nacional que supone poner fin a la postergación de vastos espacios del territorio y acabar con la macrocefalia que nos agobia, y todo lo distorsiona, constituye una honda e insatisfecha aspiración de los argentinos.

Esa ambición nacional fue interpretada y recogida con fidelidad por este Congreso, cuando sancionó la ley 23.512.Un paso igualmente decisivo dieron las Legislaturas de Río Negro y Buenos Aires, cediendo parte de sus territorios para la instalación de la futura capital de los argentinos en Viedma -Carmen de Patagones,

Ese empeño transformador, mucho más que un mero cambio administrativo; ese propósito capaz de encauzar toda una política de descentralización; ese anhelo que exterioriza una colectiva voluntad de cambio, es no sólo un compromiso asumido y señalado por los legisladores. Es también una convicción profunda y un empeño del cual se enorgullece el presidente de la Nación. Pero aunque no faltan los que han querido confundirlo con una obsesión personal, desde la sabia sanción otorgada por los representantes del pueblo, ese proyecto, esa cara ambición, esa invitación a la epopeya está convertida en una ley de la Nación.

El Poder Ejecutivo es responsable de su ejecución y está resuelto a llevarla adelante. Con convicción, con auténtica pasión argentina, lo que es decir, ajustada con fidelidad a los anhelos y las necesidades del pueblo. Ese entusiasmo por un proyecto transformador y de futuro será ejercido con responsabilidad. No confundimos convicción con quimeras; transformación con ilusiones, empeño esforzado con voluntarismo.

Abandonar ese propósito a la espera de un supuesto momento ideal es ceder a la prédica resignada de los que no creen que los cambios se realizan en medio de las dificultades y por exigencia de ellas. Porque son cambios para atacar las bases mismas de la postergación.

Negarse a destinar al desván de las ilusiones perdidas este propósito de auténtica afirmación federal no significa desconocer los escollos. Ni encierra una obsesión petulante o un criterio irresponsable en el empleo de los recursos públicos.

Los plazos de ejecución se ajustarán a las posibilidades y al nivel de erogaciones. Nada se hará que conspire contra el esfuerzo colosal que hoy realizan los argentinos para superar la crisis.

Nos negamos a que se confunda lo esencial con lo superfluo. La batalla que seguiremos librando contra el gasto público, contra el Estado ineficiente, poco tiene que ver con una obra que, precisamente, apunta a servir de ariete contra una estructura injusta, contra una administración obsoleta, contra la concentración del poder político y económico.

Los recursos que se destinarán al cumplimiento de la ley no constituirán una dilapidación. Y aunque los plazos deban ampliarse y el ritmo de las obras no sea el deseado, quedará clara y firme la voluntad y decisión de ejecutar este empeño transformador.

Lo contrario sería ceder a la prédica de los sofistas que, no por casualidad, son los mismos que siempre han estado dispuestos a defender que todo siga como está.

En el mismo camino ha habido avances marcados en la promoción del debate y la formación del consenso que son necesarios para encarar la reforma parcial de nuestra Constitución Nacional. El Consejo para la Consolidación de la Democracia ha producido en segundo dictamen sobre modificaciones que nuestro texto constitucional requiere.

Diversos partidos políticos y el gobierno han constituido comisiones técnicas para estudiar la reforma.

Cada vez resulta más claro que nuestro régimen político, que responde a un presidencialismo extremo, genera una dinámica de permanente confrontación entre los partidos, que atenta contra la continuidad y eficiencia institucional requerida.

Por eso estoy convencido de la necesidad de adoptar un sistema de gobierno que atenúe los enfrentamientos partidarios, permitiendo acuerdos entre las diversas representaciones en el Parlamento y una coordinación más fluida entre éste y la administración, que refleje en la formación del gobierno las sucesivas expresiones de la voluntad del electorado.

Necesitamos una Constitución que ofrezca cauces institucionales definidos para los conflictos políticos graves, que evite la personalización del poder, que incluya mecanismos más ágiles de sanción de las leyes, y que incorpore pautas de descentralización del poder y de la participación directa de los ciudadanos en las decisiones que les conciernen.

Tengo la firme expectativa de que en este año parlamentario que se inicia se complete el necesario debate y se exprese el amplio consenso que haga posible presentar a vuestra honorabilidad un proyecto de declaración de una reforma parcial a nuestra Constitución Nacional.

Otro aspecto decisivo de la consolidación institucional, relacionado al llamado «riesgo argentino», reside en la lucha contra la corrupción de funcionarios públicos. Esta corrupción no es sino la deformación de una moral individual, producto de una cultura de enriquecimiento fácil inculcada en el país durante largo tiempo.

El gobierno se compromete a un redoblado esfuerzo en la lucha contra la corrupción. No sólo se trata de hacer cumplir la ley y proteger el patrimonio
público, sino de persuadir a todos de que en la Argentina que queremos sólo es legítimo progresar por el trabajo honesto y productivo.

Del mismo modo una justicia más rápida y eficaz es fundamental para el desarrollo y sostén de nuestro sistema democrático y nuestro crecimiento económico. Los extraordinarios avances realizados en estos años prestigiaron a nuestro estado de derecho pero evidenciaron, al mismo tiempo, las graves falencias de nuestro sistema jurídico.

En el año en curso el Honorable Congreso debería tratar una serie de proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, que incluyen:

La reforma procesal penal, tendiente a afianzar el juicio oral y público.

La creación de 45 juzgados de trabajo y la justicia vecinal, que llevará la justicia donde hoy no llega,al ámbito del ciudadano, para resolver cuestiones típicas derivadas de su inserción en la comunidad.

Pero hay otra cuestión importante que forma parte del costo argentino: la inestabilidad económica, largas décadas de inflación han creado un clima poco propicio para el crecimiento, porque es difícil planificar inversiones y apostar al futuro en una situación dominada por la incertidumbre y el corto plazo. Los altos costos de esta situación se han traducido en decadencia y estancamiento.

En 1985 pusimos en marcha el Plan Austral como una operación de emergencia destinada a hacer frente a una coyuntura inflacionaria que se tornaba ingobernable. Pero también nos propusimos actuar sobre los desequilibrios básicos de la economía, cuya sola presencia tendía a recrear la situación de inestabilidad inmediata que dicho plan, con sus políticas de corto plazo, procuraba controlar. Es preciso reconocer que en un comienzo las medidas de fondo que fuimos tomando fueron insuficientes con relación a la envergadura de los problemas.

Ya hemos empezado a superar este desfasaje. Me referí antes a las políticas dirigidas a promover una mayor integración de la economía al mundo. A este mismo fin propenden las iniciativas tomadas en el ámbito de las empresas públicas, que por primera vez desde que fueran creadas encaran un proceso de desregulación y de apertura a la asociación con el capital privado. Lo que estamos haciendo tiene una significación profundamente transformadora, en un campo donde muchos otros, antes que nosotros, tuvieron la oportunidad de hacer y nada hicieron.

Por eso, nos hemos propuesto la reforma del Estado. Se ha implementado una serie de medidas que significan sustanciales avances en la modernización, desburocratización y capacitación dentro del aparato estatal.

Entre esas medidas cabe destacar la puesta en funcionamiento de sistemas informatizados de gestión, la implementación del decreto tendiente a derogar, sustituir o modificar normas que traban la relación entre el público y la administración, y la creación del cuerpo de administradores gubernamentales.

Es nuestro deber tomar decisiones que introduzcan reformas en la estructura y funcionamiento del Estado que, con su tamaño, objetivos y modus operandi actuales, «des-acumula» capital, fabrica inflación y no satisface las necesidades de la mayoría de la población. En el marco de este objetivo principal —la reforma del Estado—se inscribe como valor instrumental la decisión de estimular el acceso de la iniciativa privada a la prestación de los servicios públicos.

Lo que está en marcha es una reforma del Estado; la privatización total o parcial de determinadas empresas públicas es sólo una de las herramientas de esa política. El objetivo es dar al Estado la capacidad de decisión y los recursos que, en su conformación actual, no tiene.

El déficit de las empresas que dependen del Ministerio de Obras y Servicios Públicos representa la mitad del déficit fiscal de la Nación y allí se manifiesta la ineficiencia del Estado, que la sociedad percibe y sufre en los servicios que prestan esas mismas empresas.

Gas débil, cortes de energía y otras deficiencias, conocidas por todos, son manifestaciones de la crítica situación de nuestro sistema estatal de servicios públicos.

Por otra parte, estamos seguros de que la única manera de fortalecer las empresas públicas es capitalizarlas y dotarlas de eficiencia a través de inversiones genuinas, que ni el Tesoro nacional, ni las tarifas por sí solas pueden aportarles. Es necesario renovar su equipamiento y posibilitar su acceso a las nuevas tecnologías, así como incorporarles capacidad gerencial actualizada que les permita un desarrollo empresarial creciente.

Estos objetivos y estas políticas han permitido que en estos primeros meses del año hayamos avanzado concretamente en proyectos de asociar capitales y capacidad gerencial experimentada a la explotación de los servicios públicos.

Aventados y superados los escollos que permanentemente han jaqueado la tarea institucionalizadora, estamos procediendo a priorizar la eficiencia y capacidad de gestión de las empresas del Estado, proporcionándoles variantes asociativas que les aseguren aportes de capital, de los que hasta hoy carecían.

Por otra parte, debemos pensar en los usuarios de servicios que el Estado ha prestado monopolicamente a sus expensas, porque resultan cada vez menos confiables y eficientes. Por ello, establecimos la libre concurrencia del sector privado en el área de actividad de las empresas dependientes del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, excepción hecha de la explotación, industrialización y comercialización de hidrocarburos.

Hemos entendido, y lo ratificamos ahora, que el Estado no tiene derecho de reprimir la oferta de servicios esenciales a la comunidad, cuando no tiene la posibilidad de brindarlos.

La sociedad ya no tolera que el Estado no deje hacer lo que no puede hacer, en desmedro de una mejor calidad de vida.

El Poder Ejecutivo acaba de aprobar un plan para incrementar la producción petrolera. Los lineamientos generales del plan aprobado incluyen:

El impulso a la productividad de YPF.

El impulso inmediato a la producción incremental.

La firma de contratos entre YPF y empresas privadas que inviertan capital de riesgo.

En un país con recursos gasíferos de tanta magnitud como el nuestro, desde hace décadas hemos visto cómo buena parte de esa riqueza era venteada, ante la imposibilidad de canalizar hacia los centros de consumo. Nuestra política se orientó a incrementar el máximo aprovechamiento de los recursos gasíferos, impulsando para ello un proceso de crecimiento acelerado tanto en gasoductos como en redes.

Entre las principales obras ejecutadas y en ejecución podemos mencionar la ampliación del gasoducto Campo Durán-Buenos Aires, mediante la construcción de tres nuevas plantas compresoras; la construcción del segundo gasoducto troncal Neuquén-Bahía Blanca-Buenos Aires, con una traza de 1.370 kilómetros; la construcción de otros gasoductos menores para atender áreas de alto consumo y la extensión de nuevas redes de distribución en numerosas localidades del interior. También se logró la transferencia anticipada del gasoducto Centro-Oeste a Gas del Estado.

Forma parte fundamental de esta estrategia de modernización, asimismo, la racionalización y consolidación de nuestro sistema de defensa nacional. La reciente aprobación de la Ley de Defensa materializada por este Honorable Congreso es uno de los pasos claves en tal sentido.

En mi carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convalidé en diciembre de 1987 la decisión más trascendente de política militar de los últimos 50 años al definir las competencias para que cada fuerza cumpla sus tareas específicas y lograr su accionar conjunto, armónico y eficaz.

Se tuvieron en cuenta las experiencias del conflicto del Atlántico Sur y los estudios y ejercitaciones para lograr la máxima integración y aprovechamiento de los medios disponibles de las fuerzas.

Dentro del área de Defensa, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas inició la instrumentación del sistema de planeamiento, programación y presupuesto, con el fin de optimizar los gastos militares.

Se agilizaron los estudios de modernización de las fuerzas armadas para su racionalización, a fin de obtener economías en las funciones comunes, habiéndose alcanzado al presente resultados ampliamente satisfactorios.

El Ejército Argentino ha reafirmado la responsabilidad histórica e institucional que le corresponde dentro del sistema republicano.

La subordinación institucional al poder político quedó claramente evidenciada durante la crisis de enero pasado.

Se apreció en ese crítico período una revitalización estimulante de la ética sanmartiniana, a través de la disciplina, la subordinación y la lealtad de sus integrantes, valores permanentes que acompañan al honor militar y caracterizan al ciudadano de uniforme mediante un accionar que se basa en el absoluto acatamiento a los preceptos constitucionales y al orden jurídico.

En el caso de la Armada Argentina, es necesario destacar, entre otras de sus actividades permanentes: la promoción del desarrollo patagónico a través del Servicio de Transportes Navales, y la continuación de las operaciones de navegación en la zona austral, ejerciendo los derechos emergentes del Tratado de Paz y Amistad firmado con la República de Chile.

La Fuerza Aérea Argentina, por su parte, ha llevado adelante acciones para racionalizar y reestructurar su actividad, a partir de una planificación a corto, mediano y largo plazo coherente con las necesidades operacionales de la defensa nacional.

En tal sentido, se concretó la desactivación de la VIII Brigada Aérea y se trasladó la VII Brigada a la localidad bonaerense de Moreno.

En el campo de la producción para la defensa y referido a las industrias que integran el sector, se ha tendido a la búsqueda de la racionalidad económica y de resultados que produzcan el autofinanciamiento con fuerte énfasis en las ventas al exterior.

El Poder Ejecutivo dispuso además la venta de las acciones que el Estado nacional posee en ocho empresas en las cuales tiene participación el Ministerio de Defensa.

Llegamos ahora a un problema que en las actuales circunstancias es eje dominante de nuestras preocupaciones.

El ejercicio de 1987 se cerró con un déficit fiscal de un nivel incompatible con la consolidación de la estabilidad económica.

El gobierno nacional reconoce su responsabilidad al no haber conseguido reducir el déficit fiscal, pero también es preciso señalar que han pesado fuertemente ciertos hechos ajenos a su control, como la pérdida de ingresos por la caída vertical de los precios de las exportaciones agrícolas.

Estamos absolutamente dispuestos a producir una decisiva reducción del déficit fiscal. La experiencia del año 1987 revela a las claras su incidencia en la aceleración inflacionaria. Enseña también que, por dura que parezca una medida destinada a sostener el equilibrio fiscal, es siempre menos perjudicial para el bienestar y el ánimo públicos, que los efectos disociadores de la aceleración de la inflación.

El paquete impositivo que ha tenido reciente sanción legislativa no es suficiente. Esas medidas deben complementarse con una reducción del gasto público a fin de que el déficit fiscal sea compatible con los recursos disponibles, sean estos externos o internos.

Para lograr ese objetivo, el gobierno nacional ha decidido someter a una nueva revisión su presupuesto de gastos, dando expresas instrucciones en tal sentido a las diferentes áreas de la administración y a las empresas y organismos descentralizados.

Esta nueva revisión es causa de la demora del envío del presupuesto al Honorable Congreso de la Nación.

La reducción del gasto es una decisión que entraña un severo compromiso. Los límites presupuestarios al gasto público serán estrictamente respetados, y para ello se ejercerá una firme disciplina de control.

No habrá autorización para gastos adicionales a los determinados en el presupuesto.

No obstante, la simple compresión de los gastos fiscales no basta.

Si bien hay gastos postergables, éstos no son la causa principal del déficit del sector público. Detrás de cada decisión de gasto hay una decisión de política que la motiva.

La reducción del gasto público es, entonces, una tarea que va más allá de lo meramente contable y de la disciplina presupuestaria. En tanto estas decisiones políticas no se discutan y se adecuen a los recursos públicos efectivos, persistirá una presión tendiente a recuperar el nivel de gasto inicial temporariamente comprimido. La disciplina fiscal es necesaria. Es necesaria en toda ocasión. Pero no puede sustituir al análisis de fondo y la definición política sobre el papel del Estado en cada una de las áreas en que está involucrado.

En este sentido, parece evidente que hoy el Estado es un organismo sobrecargado de demandas sectoriales que no pueden ser todas financiadas, salvo con inflación.

Un país por muchas décadas replegado sobre sus propias fronteras y, por lo tanto, una sociedad que progresivamente le dio la espalda a la necesidad de competir y de capturar el progreso técnico, le pidieron al Estado que, además de sus funciones constitucionales, hiciera muchas cosas y a cualquier costo.

Así, el Estado ha debido afrontar la demanda de que se convirtiera en garante de la producción y el crecimiento. Pero mientras que en los Estados modernos esta demanda es satisfecha mediante el diseño de una estrategia para toda la Nación y con reglas de juego transparentes que movilizan la iniciativa social, en la Argentina el Estado se vio llevado a hacerlo, sea a través de la creación de empresas públicas en muchas áreas –como las de las industrias y los servicios básicos–, sea a través del subsidio al capital privado, en muchas otras. Es cierto que este papel dominante del sector estatal en la economía estuvo algunas veces justificado dado que la inestabilidad política y económica del país generaba un clima desfavorable a las inversiones de riesgo.

Pero hoy los argentinos no tenemos elección: o fundamos un proyecto de crecimiento menos asociado a la inversión pública, menos apoyado en un conjunto de empresas estatales politizadas, burocratizadas e infiltradas por las corporaciones, menos basado en privilegios fiscales y crediticios a los empresarios privados, o, pura y simplemente, perpetuamos la inflación y el estancamiento.

En una economía más integrada al mundo, que quiere crecer a partir del poder de compra de los mercados internacionales y no vivir del poder de compra de un sector público prácticamente en quiebra, estamos obligados a asignar los fondos del Estado con el máximo de eficiencia económica y el máximo de eficiencia social. Esto impone establecer una atenta vigilancia sobre las inversiones públicas, transferir al sector privado aquellas empresas cuyo mantenimiento en manos del Estado ya no significa un beneficio para la comunidad, y terminar con el error de creer que legalizar la evasión impositiva es promover la industria y que venderle caro al Estado es defender al empresariado nacional.

No puede haber en el futuro mejor Estado que aquel que planifique sus inversiones con independencia de presiones corporativas, ni mejor promoción industrial que aquella que, a partir de la plataforma del mercado interno, le abra a nuestros empresarios los negocios del mundo, ni mejor defensa del empresariado nacional que otorgarle una protección transparente y adecuada a un mercado menos regulado.

También el Estado debe enfrentar la necesidad de garantizar la justicia social. En este caso igualmente, un propósito válido fue dejando paso a una práctica distorsionada, derivada de una mentalidad meramente asistencialista.

Nuestra política está dirigida a modificar esta mentalidad y lograr crecientes niveles de bienestar en el ejercicio práctico de la solidaridad y la participación popular. La Argentina –y es bueno que se sepa–es el país de América latina que mayor proporción invierte de su PBI en gasto y desarrollo social. Unagran parte de nuestra riqueza se destina así a atender a los jubilados, la salud, la educación, la vivienda, la alimentación del pueblo y a la promoción de su desarrollo individual y social.

Quiero referirme ahora, especialmente, al tema de los jubilados.

El Poder Ejecutivo nacional ha convocado a la constitución del Consejo Asesor de la Seguridad Social, integrado por trabajadores activos, empleadores, jubilados y el Estado, que tendrá como función primordial y perentoria sentar las bases de un nuevo sistema previsional argentino, proponiendo reformas a la legislación vigente.

Juntamente con dicha convocatoria se envía a este Honorable Congreso para su tratamiento durante el presente período, un proyecto de ley cuyos aspectos básicos pueden definirse en los siguientes puntos:

Retorno a partir del 1° de enero de 1989 a los valores históricos de los haberes jubilatorios, que alcanza a la totalidad de los beneficiarios de los regímenes nacionales de jubilaciones y pensiones, dando cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 49 de la ley 18.037.

Modificación del artículo 39 de la ley 18.033, a fin de adaptar la movilidad de las prestaciones jubilatorias del régimen de trabajadores autónomos a las características que presenta el trabajo por cuenta propia.

Clarificación de los recursos que ingresan al sistema de seguridad social, diferenciando con total transparencia aquéllos que se destinan directamente al régimen jubilatorio, a las cajas de asignaciones familiares y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

Establecimiento de un sistema para el cumplimiento de las sentencias judiciales firmes que condenan al sistema previsional al pago de reajustes, facultando a la Secretaría de Seguridad Social para disponer los correspondientes cronogramas de pago y ofrecer acuerdos transaccionales.

Ordenamiento a los efectos de una correcta técnica legislativa de las diversas normas que rigen en la materia mediante su adaptación, modificación o derogación.

Como en la materia que nos ocupa no hay tiempo para esperas, se ha comenzado a cumplir con la actualización de los haberes jubilatorios, conforme a los índices que se determinan en la legislación de fondo, porcentajes éstos que han acumulado más de un 80 por ciento de incremento de los haberes jubilatorios en el cuatrimestre enero-abril del corriente año, y que continuarán aplicándose cada vez que se produzcan desfasajes en los montos que perciben los jubilados y pensionados nacionales.

También a partir del segundo semestre del corrienteaño se comenzarán a abonar las retroactividades determinadas por el decreto 648/87 a todos aquellos beneficiarios que hayan prestado su conformidad al mismo.

Asimismo, en el período que va de julio de 1987 a abril de 1988, la relación haber jubilatorio-salario al cese se ha incrementado del 34 por ciento al 53 por ciento promedio de dicha relación.

Mucho es lo hecho ya en el tema de la salud. Sin embargo, hace ya cuatro años que estamos pendientes de un hecho fundamental: la aprobación de una ley sobre seguro de salud. El gobierno presentó hace tiempo un proyecto, que puede ser mejorado o cambiado, pero lo que la sociedad no puede tolerar es que no se apruebe ninguno, que los distintos sectores involucrados no se pongan de acuerdo y que millones de compatriotas no puedan proteger debidamente su salud.

El progreso social se mide también por la calidad de la convivencia, por la capacidad de los actores sociales de utilizar responsablemente su libertad, de acordar sin coerción alguna, la mejor forma de cooperación para el crecimiento de todos y para asegurar la justicia social.

A comienzos de este año calendario, convocamos a formalizar las convenciones colectivas de trabajo. En algunos sectores productivos se han sellado por libre voluntad de las partes los acuerdos respectivos.

En otros prosiguen todavía las negociaciones con diferentes grados de avance, pero quiero rescatar el enorme progreso que el solo hecho de su celebración implica.

Todo ello nos advierte que no sólo hay problemas y dificultades en la economía argentina. También hay señales de un despertar y de un deseo de renovación, de una modificación de criterios y de expectativas, a la que no es ajeno el restablecimiento de la libre negociación entre sindicatos y empresarios con la aprobación de la ley de convenios colectivos.

En este marco de convivencia, se realizó la Asamblea Nacional del Congreso Pedagógico, con lo que culminaron formalmente sus actividades.

Las posibilidades de concretar esta experiencia notable de participación popular, con todo su andamiaje institucional, sus contenidos y mecanismos de funcionamiento fue un desafío que asumieron conjuntamente todas las corrientes políticas, ideológicas y culturales de la sociedad argentina.

Los trescientos representantes de todo el país elegidos por sus bases debatieron arduamente sobre algunos temas tradicionalmente polémicos. El diálogo fue fructífero, dando como resultados el logro de consensos sobre determinados puntos y de disensos respetuosos y necesarios en toda sociedad democrática.

Esta búsqueda de acuerdos no desconoció el pluralismo existente y reflejó el esfuerzo y la madurez de una sociedad que trata de superar las falsas antinomias que nos dividieron históricamente.

El encuentro de los representantes de las distintas jurisdicciones posibilitó el conocimiento y análisis de las realidades peculiares de cada una de ellas y un esfuerzo conjunto por encontrar soluciones que respeten estas singularidades.

Convocar a la sociedad para opinar sobre educación, fue un hecho inédito en la historia del país que amplió el marco del debate reservado casi exclusivamente a los especialistas.

La exitosa culminación de las distintas instancias del Congreso Pedagógico ha permitido demostrar una vez más que, cuando el pueblo ejerce su legítimo derecho a participar, se logran síntesis que superan conflictos y pasiones y permiten avanzar con inteligencia hacia la unidad nacional. Esta unidad lograda con el esfuerzo de todos, dará sentido a un proyecto educativo que la sociedad argentina necesita y reclama.

Los cambios que aspira lograr una política educativa en la sociedad democrática sin duda implican la extensión de la cobertura del sistema, el aumento de su eficiencia y el mejoramiento de la calidad de la educación.

De ahí se derivan como objetivos la diversificación de la oferta, la garantía de la educación básica y la equidad en el logro de la calidad, de modo que todos los grupos sociales no sólo tengan iguales posibilidades de acceso y permanencia, sino que su promoción en el nivel que cursan, no presente las desventajas de una formación cualitativamente desigual. En términos concretos estos objetivos se reflejan, por ejemplo, en programas como el de Asistencia Básica a la Comunidad a través del cual hemos llegado en el ejercicio con canastas escolares a más de 1.300.000 niños de todo el país, que recibieron 1.617 toneladas de elementos escolares, un lugar a cada joven para sus estudios medios y el libre acceso a la universidad, dan cuenta de la sensibilidad y objetivos de una nueva política educativa en la Argentina.

Críticas y problemas tenemos hoy y persistirán sin dudas en el futuro. Nuestro desafío es cumplir con aquellos objetivos en el marco de las actuales restricciones.

El gobierno constitucional marcó claramente desde el comienzo su decisión de abrir el acceso a la educación a un pueblo que desea capacitarse. Así lo demostró facilitando el ingreso a la universidad y garantizando un lugar a todo joven que comenzara la escuela media. Estas medidas fueron criticadas por los problemas que originaron. Pero ésos son justamente los problemas que debemos resolver. Si los habitantes de nuestra patria desean tener el mayor acceso posible a la educación y, por otro lado, el porvenir de la Nación depende en gran medida de la capacitación de nuestro pueblo, el deber del gobierno es responder a esa demanda y a esa necesidad encarando los problemas y desafíos que plantea. Se trata, sin duda, de problemas y desafíos considerables, difíciles de resolver no sólo aquí sino en todo el mundo. Son, sin embargo, los problemas y desafíos de nuestra época y todos sabemos que el lugar que la Argentina ocupará en el mundo dependerá de la habilidad que demostremos para solucionarlos y no de los expedientes a que apelemos para evitarlos.

Durante los primeros cuatro años de gobierno la mayor parte de nuestros esfuerzos se orientó a responder a las exigencias perentorias y masivas provocadas por el brusco aumento de los estudiantes universitarios y secundarios. Fue inevitable, ya que las restricciones que se habían impuesto durante años habían dejado fuera una masa de estudiantes que se volcó de golpe en las aulas. Debimos afrontar entonces una situación de emergencia en la que era preciso encontrar respuesta inmediata a las más variadas necesidades: desde la habilitación de locales hasta la designación de decenas de miles de nuevos docentes. En términos generales logramos superar esa emergencia gracias a un esfuerzo de todos.

A pesar de las penurias y restricciones que sufrimos, los presupuestos para educación fueron aumentados en términos reales.

Así, en créditos presupuestarios definitivos otorgados al Ministerio de Educación y Justicia, el nivel promedio logrado entre 1984 y 1987 fue un 23% superior al promedio registrado entre 1976 y 1983.

El año pasado, los créditos presupuestarios destinados a la educación tuvieron un incremento real global del 20% respecto al año anterior. En materia de construcciones, el aumento llegó al 150%. Medido en relación al producto bruto interno, la participación del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación para el año 1987 fue del 1,92%, lo que significa la cifra más alta del período que va desde 1973 hasta 1987. Durante el mismo año y en la órbita del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, fueron creados 73 nuevos establecimientos educativos para dar cabida a casi un 6% más de alumnos que en el año anterior y a más del 8% de docentes. En el ámbito de la educación superior universitaria y no universitaria, el incremento en la cantidad de alumnos fue de casi el 9% y el de docentes, del 11%.

Ahora que la población estudiantil tiende a estabilizarse, sin aumentos abruptos previsibles, entramos en otra etapa. En este momento pasan a primer plano la búsqueda de una mayor calidad, el empleo más adecuado y racional de los recursos y la exploración sistemática de soluciones a los problemas planteados por nuestra realidad.

Desde ese punto de vista, tanto el federalismo, como dato esencial de la organización política argentina, como la demanda de servicios de educación cada vez más variados y abundantes, marcan una ineluctable tendencia a descentralizar su prestación. Así ha cambiado y así cambiará el papel que compete al Estado nacional en el sistema educacional argentino. De la prestación directa de servicios educacionales debe pasar a proveer los servicios de apoyo y ejercer las atribuciones necesarias para asegurar un constante mejoramiento de la calidad de la educación en el país y, al mismo tiempo, ir ofreciendo a todos los argentinos igualdad de oportunidades para satisfacer sus demandas de educación.

En suma, la educación en la Argentina vive hoy una doble transición. Por un lado la que va de un sistema educativo autoritario y limitado a otro democrático y abierto. Por otra parte, frente al modelo educativo tradicional –que algún día fuera orgullo de los argentinos pero que no sólo no se renovó sino que sufrió un profundo deterioro en las últimas décadas–, estamos emprendiendo entre todos la búsqueda de un nuevo modelo que deberá ser el orgullo de la próxima generación de argentinos. Estas transformaciones acarrean tensiones y problemas que, en alguna medida, se han expresado en la reciente huelga docente. Si bien el reclamo salarial ha ocupado el primer plano, no podemos ni debemos ignorar que esta huelga y la situación que atravesamos plantean asimismo otras cuestiones de singular importancia que también deben ser atendidas, como por ejemplo la jerarquización y el perfeccionamiento de los docentes para responder a los desafíos de una educación moderna. Por eso, a las respuestas que el gobierno nacional está dando en materia salarial, se suman la aplicación del nomenclador docente y la titularización de más de 14.000 profesores de enseñanza media.

Del mismo modo, en el ámbito universitario, tuvo decisiva importancia la recuperación de un marco institucional básico para el desarrollo de sus actividades.

Sin embargo, junto a esta política destinada a preservar derechos sociales elementales, había que atacar otra, nunca del todo explícita, que consistía en sostener artificialmente y a costa de un mayor desequilibrio fiscal los niveles de vida de los sectores menos necesitados. Así, las políticas estatales contribuyeron a crear la imagen de una Argentina «fácil», con empresas de electricidad, de teléfonos, de agua potable, que subsidiaban en forma indiscriminada su servicio.

Naturalmente, todo esto condujo a un creciente deterioro de los servicios públicos y a un aumento del malestar frente al Estado por parte de muchos que en el pasado se habían beneficiado de él. Así fue como ese Estado abarcador y universalista, que recogía y pretendía satisfacer las aspiraciones de todos por igual terminó dejando lugar a un Estado socialmente empobrecido y con una educación pública que de no mediar las reformas que estamos implementando continuaría deteriorándose, con ferrocarriles y teléfonos que sólo son usados porque en la mayoría de los casos es imposible evitarlos.

Tampoco en este caso hay alternativas. En medio de las dificultades fiscales que enfrentamos o se reconstruye una política social que garantice la igualdad de oportunidades o el ideal de justicia se convertirá en un recurso retórico. La política de transformación de este campo pasa por la reasignación del gasto social, de manera tal que cumpla con sus objetivos, para que llegue a quienes lo necesiten, para que no se oculten en él bolsones de privilegio.

La propuesta del gobierno nacional, que ya ha comenzado pero que llevará un trabajo paciente y perseverante concluir, es la reforma del Estado. Un proyecto de este tipo se diferencia del enfoque conservador en que no cree que la solución resida en un nuevo recorte del gasto público en el corto plazo, sino que sostiene que lo que hay que producir es un cambio sustancial en las funciones del Estado. ¿De qué valdría una política miope de contracción del gasto si a consecuencia de ella los ferrocarriles anduvieran peor, los empleados públicos ganaran aún menos y los haberes jubilatorios se evaporaran?

Este proyecto de reforma fiscal se diferencia también de la visión populista puesto que éste, al atribuir toda la responsabilidad del desequilibrio de las finanzas públicas a la transferencia de recursos que implica la deuda externa, niega erróneamente la crisis fiscal estructural y apela a recetas del pasado. Por supuesto que la deuda externa es un gran obstáculo a la solución de nuestros problemas. Pero los desajustes en las funciones del Estado también lo son, por lo que la aplicación eventual de mayores recursos a una estructura que funciona mal no haría más que reproducir las prebendas, los privilegios y las desigualdades.

Rechazando una y otra posición, por ser ambas conservadoras del pasado, el gobierno nacional está trabajando para redefinir las funciones del Estado a fin de adaptarlas a las necesidades de una sociedad y una economía más abiertas y más justas.

Esta acción se está librando en varios frentes y en ella se vuelca la experiencia que hemos recogido a lo largo de nuestra gestión. Esta experiencia nos ha permitido advertir que, no obstante las demoras en las que hemos incurrido, la dirección de nuestro esfuerzo es la correcta. Hoy ya se han instalado en el debate público los principios de desmonopolización, desregulación, transparencia de los subsidios, equidad en el gasto social, en suma, los postulados de la reforma del Estado.

Es en el marco de la continuidad de las acciones que venimos desarrollando que nos proponemos primero, establecer nuevas reglas de juego entre el Estado y el país, que servirán para el actual gobierno y los que vendrán, mediante las cuales se supriman los mecanismos que distribuyen privilegios y quitan transparencia a la acción del sector público. Segundo, nos proponemos continuar racionalizando la administración para eliminar organismos innecesarios, gastos postergables y, en fin, aumentar la eficiencia. Tercero, nos proponemos redimensionar el papel directo del Estado productor y suprimir todos aquellos subsidios explícitos o implícitos que benefician a algunos sectores privados a costa de otros y que, al perder su valor de promoción, se han convertido en puras prebendas. Cuarto, nos proponemos redistribuir el gasto social para recuperar la justicia como objetivo, descentralizando la ejecución de dicho gasto y ampliando la participación de la comunidad.

Estos distintos frentes en los que se despliega la acción de reforma tienen un objetivo común: suprimir la maraña de ventajas particulares enquistada en el gastopúblico para fortalecer al Estado, con el objeto de que pueda prestar mejores servicios, preservar la equidad y orientar la búsqueda solidaria de los argentinos en pos del crecimiento y el bienestar. Estos no son simples enunciados. Son compromisos que el gobierno nacional contrae a los efectos de superar los desequilibrios presentes y despejar el camino para el futuro.

En tal sentido quiero comenzar a enunciar ya mismo las operaciones correspondientes. En primer lugar, anuncio el pronto envío al Honorable Congreso de la Nación de un conjunto de iniciativas sobre nuevas reglas de juego que contemplan:

La fijación de mecanismos explícitos para limitar el otorgamiento de beneficios impositivos en forma discrecional por parte del Poder Ejecutivo.

La suspensión de las normas que facultan al Poder Ejecutivo a utilizar los precios de las empresas públicas como forma de subsidios y la reducción de los ya existentes. En ambos casos, la creación o el otorgamiento de nuevos subsidios deberán contemplar la fijación de fuentes de financiamiento alternativas.

La modificación del régimen de compre nacional y de compras del Estado.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central a fin de limitar su capacidad de otorgar subsidios a través de redescuentos y de financiar el gasto público.

La atención de las sentencias contra el Estado a través de la asignación correspondiente de su crédito presupuestario.

El programa de reformas estructurales que el gobierno nacional viene llevando a cabo, y que a partir de hoy recibirá un nuevo y más firme impulso en el sector público, es el producto de una convicción genuina, gestada a lo largo de estos difíciles años de la reconstrucción nacional. No son pocos los que en lugar de discutir nuestras iniciativas prefieren adjudicarlas a presiones o condicionamientos de todo orden. A esta administración elegida democráticamente y surgida de las entrañas de una fuerza política popular nadie tiene que venir a decirle, por ejemplo, que las regulaciones de privilegio arrebatadas al Estado son una fuente de injusticia y subdesarrollo, que la ineficiencia en los servicios de las empresas públicas es una causa del empobrecimiento colectivo, que la ausencia de equidad en la distribución del gasto social es una falta intolerable, para un país que pretende avanzar en forma solidaria hacia su realización como Nación.

La política de reformas estructurales ha sido y es una decisión nuestra en la cual habremos de persistir, sabiendo que tropezaremos contra la resistencia de los intereses creados, pero sabiendo también que es una empresa contra la decadencia y en favor del crecimiento y del progreso social.

La deuda externa es, por cierto, otro formidable obstáculo que enfrentamos. El tiempo transcurrido desde el comienzo de la llamada «crisis de la deuda externa» ha probado que nuestro diagnóstico inicial expuesto en todos los foros internacionales, era correcto, que confrontábamos no sólo un problema de liquidez sino fundamentalmente un problema enraizado en profundas razones estructurales, comunes a muchos países en desarrollo.

La democracia heredó la agobiante carga de una deuda que, por su magnitud, compromete el porvenir de los argentinos y que, además, constituyó una formidable dilapidación de recursos. Otros países hermanos enfrentan un problema de endeudamiento de origen y magnitud similar al nuestro, pero tienen al menos como contrapartida tangible inversiones productivas que posibilitan una mayor disponibilidad de bienes y servicios. El endeudamiento externo de la Argentina es tal vez uno de los episodios más trágicos de la historia económica contemporánea, porque ha sido un proceso estéril destinado a financiar una estructura de consumo distorsionada, un alto desequilibrio fiscal y una masiva fuga de capitales. Esta lamentable herencia que ha recibido el gobierno democrático recae directamente sobre las espaldas de la Nación, ya que en la etapa final del anterior gobierno militar la deuda fue trasladada en su mayor proporción al sector público. Esto implicó agravar el déficit fiscal, generar una mayor transferencia de recursos al exterior a expensas de la inversión productiva y acentuar el proceso inflacionario, a través de las medidas necesarias para neutralizar el desequilibrio de las cuentas públicas que la propia deuda produce.

Desde el estallido de la crisis internacional de la deuda, hace ya casi seis años, la situación no ha mejorado para la mayor parte de los países deudores, y las perspectivas no son hoy suficientemente alentadoras. La existencia de un marco externo decididamente adverso ha desvirtuado el enorme sacrificio de nuestros países. Las tasas de interés en los mercados internacionales siguen siendo muy elevadas en términos reales y reflejan los desequilibrios fiscales de las grandes economías industrializadas. Los organismos internacionales parecen creer que es más fácil reducir rápidamente el déficit fiscal en nuestros países que en las naciones más ricas del mundo. Por otro lado, persiste el deterioro en los términos del intercambio, que en el caso particular de la Argentina está más relacionado con las políticas proteccionistas de los países industriales que con las fuerzas de la oferta y la demanda.

Hoy se impone una solución al problema de la deuda externa en la que todos los actores –gobiernos deudores y acreedores, organismos internacionales y bancos comerciales–asuman la responsabilidad y los costos que les corresponde.

Desde su instalación, el gobierno nacional llevó a cabo una negociación tendiente a reducir el monto de la transferencia de recursos al exterior. Ello fue logrado a través de la obtención de nuevos préstamos para pagar una parte importante de los intereses. A fin de generar un verdadero alivio a nuestra economía es imprescindible que este camino sea reemplazado por alternativas que generen una reducción en gran escala del peso de la deuda.

Últimamente se han elaborado una serie de mecanismos e instrumentos financieros que permitirían concertar en forma voluntaria, entre deudores y acreedores, reducciones de capital y de los intereses de la deuda. Mencionemos unos pocos: disminución de las tasas reales de interés a niveles compatibles con los valores históricos, quitas concertadas sobre las deudas incurridas, operaciones de conversión de deuda en capital, etcétera. Ninguno de estos mecanismos debe ser descartado si puede brindar alivio a nuestros países. Y es nuestra firme voluntad política actuar para que se concreten de una vez por todas.

Paralelamente, deben continuar las corrientes de financiamiento que complementan los esfuerzos internos con miras a consolidar el proceso de acumulación y crecimiento. Los organismos internacionales deben contribuir a este financiamiento sin que ello implique mayor condicionalidad, y los recursos adicionales que resulten disponibles deben ser a costos y plazos más realistas, acordes a los períodos efectivamente necesarios para crecer y estabilizar nuestras economías.

Nuestro objetivo de modernizar el país se conecta ineludiblemente con una solución duradera del problema de la deuda externa. Estamos hoy en una verdadera encrucijada.

Diversas experiencias ilustran de manera elocuente el alto costo que implica la búsqueda de soluciones unilaterales al problema de la deuda. No es nuestra intención transitarlas; nuestra actitud ha sido siempre la de explorar soluciones realistas y racionales. Pero el problema ha adquirido tal magnitud y se ha ido potenciando de tal modo en los últimos años que ya no alcanzan los paliativos, las soluciones para ganar tiempo o la mera obtención de más financiamiento. La mejor estrategia de financiamiento no podría generar el alivio que hoy necesitamos, como contrapartida al esfuerzo en que estamos todos empeñados.

Queremos despejar el horizonte económico para que crecimiento y estabilidad sean, ya no sólo valores compartidos, sino posibilidades ciertas y perdurables para el futuro económico de nuestro país. Para lograr tales objetivos, el problema de la deuda externa debe tener en poco tiempo una solución integral y definitiva. Las diversas soluciones posibles han sido discutidas ya exhaustivamente y no puede dilatarse su puesta en práctica.

Señores legisladores, en nuestra sociedad se han producido importantes transformaciones. Que la legítima competencia política –fundamental en toda democracia–, no sirva para empañar lo que con tanto esfuerzo hemos logrado obtener. Que la pasión no nos empuje a transmitir mensajes de incertidumbre al pueblo. No es hora de desaliento ni desesperanza. Y no digo esto por un mero y banal voluntarismo, sino porque efectivamente la Argentina de hoy es profundamente diferente a la que encontramos hace cinco años. Profundamente diferente, porque hemos dado los pasos fundamentales para superar una emergencia que nos tenía sumidos y lo hemos hecho –el gobierno, la oposición responsable, la sociedad en su conjunto–, luchando en desiguales condiciones, peleando cada tramo, disputando palmo a palmo.

Durante décadas soñamos con un país mejor. Ahora lo estamos construyendo. Hoy les he reseñado sólo algunos de los logros obtenidos. Nos marcan en qué etapa de la transición nos encontramos, en dónde estamos instalados.

Hemos concretado hechos, cosas tangibles que están a la vista de la sociedad y que ella juzgará. No son todos los deseados, sin duda. Pero el trayecto recorrido es mucho más de lo que nuestra visión cotidiana o interesada, puede a veces abarcar.

Nuestra Nación está en marcha.

Nuestra Nación se está recomponiendo, la transformación ya no es una expresión de deseos sino un proceso irreversible que nos conduce al cambio.

Inconformes, pero responsables, vamos a continuar enfrentando cada injusticia –por pequeña que ella sea–con la misma pasión, con la misma voluntad, expresada al inicio de nuestra gestión.

Lo haremos hasta construir esa Argentina desarrollada, moderna y fundamentalmente justa que todos deseamos.