Mensaje presidencial del doctor Raúl Alfonsín a la Honorable Asamblea Legislativa

Honorable Congreso de la Nación.

La Patria Argentina se ha hecho con libertad y con trabajo.

Nuestros abuelos patricios llenaron la tierra americana con un mensaje de libertad que fue bandera de todos, mujeres y hombres, grandes y pequeños, ricos y pobres, sabios y analfabetos. Cuarenta años costó establecer en nuestra tierra instituciones y garantías al servicio de la libertad.

En la tierra libre que ellos crearon, millones de inmigrantes, nuestros padres, encontraron una nueva patria donde sembrar el trabajo.

La Argentina libre por nuestros abuelos y laboriosa por nuestros padres, se hizo grande y admirable en el curso de un siglo en que no faltaron dolores, errores y fracasos, pero no faltó tampoco la confianza en el porvenir, el espíritu solidario y una garra extraordinaria para fundar culturas y levantar pueblos empujando la obra civilizadora hasta los confines del mundo habitable.

Cuando alguien quiso destruir las instituciones o imponer parcialidades fue derrotado porque “nada hay dentro de la Nación superior a la Nación misma”. Cuando algunos pretendieron reemplazar el trabajo por la especulación el pueblo se levantó en armas para restablecer el principio moral de que sólo el fruto del trabajo puede alimentar un destino noble.

Con libertad y trabajo se hizo la patria como se han hecho en la historia todas las grandes naciones. Porque en la libertad tiene respeto el que se esfuerza, el creador, el inventor, el pionero, y en ella se encuentra la protección de la justicia para recibir íntegro el fruto que corresponde a la labor realizada. Sólo con trabajo se puede ser libre porque el hombre lleva adentro una dignidad incuestionable y la Nación tiene la riqueza necesaria para defender sus derechos y elegir su destino.

El 10 de diciembre de 1983 iniciamos, todos, la reparación de la libertad y del trabajo. Decidimos todos terminar con la decadencia argentina en una marcha que tal vez no sea tan larga como la de nuestros abuelos ni tan azarosa como la de nuestros padres inmigrantes, pero no será fácil. Fácil fue destruir la Nación, pero difícil y duro será el trabajo de la reconstrucción necesaria. Porque es difícil nos reunimos todos en las calles y en las plazas en la campaña electoral de 1983, en las urnas el 30 de octubre y en la consulta del 25 de noviembre. Porque es difícil nos encontramos todos los días en el debate político en todos los ámbitos de la vida, con plena libertad. Los argentinos discutimos y realizamos la reparación de la patria.

Durante diecisiete meses hemos puesto todo nuestro empeño en restablecer la libertad. Restablecimos la libertad de las personas, la libertad de la justicia, la libertad de la educación, la libertad dela cultura, la libertad de la prensa, la libertad de las costumbres, la libertad sindical y la libertad política.

Cuando el 22 de abril se inició el juicio a los integrantes de las ex juntas militares, los argentinos estábamos restableciendo un principio esencial de la libertad de las personas, cual es que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y deben responder por sus actos, sin privilegios, cuando fueren acusados de actividades delictivas. Tengamos el orgullo de que tales juicios se realizan en un marco de libertad de la justicia como habrían deseado nuestros padres fundadores. Estamos cumpliendo las obligaciones de su legado histórico.

En cada una de estas reparaciones hemos debido enfrentar la resistencia, el encono y hasta el sabotaje de quienes le impusieron al país una concepción autoritaria. En muchos casos hemos visto malignamente deformado nuestro mensaje. En ocasiones hemos sentido que la falta del hábito democrático hacía que muchos hombres y mujeres de buena voluntad no comprendieran la nobleza de nuestro empeño o la magnitud de los obstáculos que hemos debido superar. Todos recordamos y recordaremos que en la reparación de cada una de estas libertades aparecieron invariablemente acusaciones de desbordes que en todos los casos resultaron falsas y que parecían dirigidas a que el pueblo argentino tuviera miedo de la libertad. Porque no hemos tenido miedo y porque no nos faltó aptitud para desarmar las trampas es que hoy vivimos en una Nación libre.

Por cuanto hemos hecho les pido a todos que asumamos como definitiva esta recuperación de la libertad y nos convirtamos en sus permanentes custodios.

En este marco, en este nuevo marco de la libertad, es posible el trabajo. Pero si las reformas para establecer la libertad han sido difíciles y riesgosas y lo que hemos logrado requiere y requerirá nuestra protección ciudadana y una permanente reflexión sobre conductas de cada uno, no menos ardua es la acción reparadora de trabajo.

Los destructores de la República nos impusieron una filosofía de autoritarismo y especulación. Así, la herencia fundadora del trabajo fue reemplazada por una moral de las apariencias en que lo único importante fue la ostentación de riquezas y el éxito superficial y materialista, sin que nadie preguntara de qué origen eran los esplendores que se ostentaban. En ningún otro momento de nuestra historia el trabajo ha significado tan poco como en los años que dejamos atrás.

¿Cómo ha de extrañarnos, entonces, que las bases materiales de la Nación estén debilitadas y que se haya contraído una aplastante deuda externa sin que los gobernantes se preguntaran con qué trabajo se iban a devolver esos créditos?

Nosotros sabemos hoy que esa destrucción sólo se repara con el trabajo de los argentinos. Pero lo primero que hemos de hacer es una reparación moral, para que en esta tierra la única ostentación legítima sea la ostentación del esfuerzo.

Al honrar y promover el trabajo, desalentamos el inmovilismo y combatimos la especulación. Pero lo haremos todos, y lo haremos siempre.

No se trata, como algunos pretenden, de que el gobierno elabore un programa para seis meses o cuatro años, se trata de que la Nación elija un estilo de vida, porque todos queremos vivir de otra manera y entrar en el siglo veintiuno con la misma gallardía con que traspusimos el umbral del siglo XX.

Infinitas serán las formas que adoptará nuestro empeño porque en cada escuela, en cada hogar, en cada fábrica, en cada sindicato, en cada municipio, los ciudadanos de esta Nación libre pueden aplaudir al que se esfuerza, premiar al mejor, convencer al remiso y reprender al flojo.

El gobierno impulsará y apoyará este gran cambio.

Su primera tarea es combatir las fuentes de la especulación. Y eso principalmente es lo que está contenido en la reforma financiera que hemos puesto en marcha, y en la reforma tributaria que enviamos al Congreso.

La reforma financiera está destinada a que el ahorro de la Nación pueda ser vigilado por la autoridad monetaria para que en lugar de destinarse a actividades especulativas sea puesto al servicio de la producción.

Hace diecisiete meses que tratamos de orientar el crédito para que esté al servicio de lo que producen y hace diecisiete meses que los ingeniosos especuladores frustran nuestras políticas. Este estado de cosas se termina. Quiero que sepan los productores del campo, los hombres de la industria, las familias que necesitan vivienda, que la reforma financiera que hemos iniciado está enderezada a que, de una vez por todas, podamos asistirlos, aunque sea en la modesta proporción de los recursos del presente. Es para ellos que emprendemos esta reforma y hacemos frente a las protestas de quienes han vivido en el clima de especulación que heredamos.

La reforma tributaria que el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso constituye también el punto de partida de una sucesión de cambios que haremos hasta lograr nuestro propósito de dotar de mayor equidad a un sistema francamente regresivo.

La equidad tributaria es aún más imperiosa en circunstancias de crisis y cuando es necesario mostrar cómo el ajuste de la economía se compadece con una política de progreso y justicia social.

La reforma contribuirá también a cercar, identificar y corregir a quienes no cumplen sus obligaciones impositivas, lo cual, en las actuales condiciones del país, significa negarse a participar del esfuerzo de reconstrucción.

No se puede admitir que debamos postergar reclamos de los trabajadores, imponer sacrificios a los empresarios de la producción o a los consumidores que realizan sus actividades dentro de la ley y permitamos que la cuarta parte de la riqueza circule al margen de los deberes sociales. Si sacrificios hemos de hacer, tenemos el deber moral de agotar previamente todos los medios de la autoridad para que los recursos ilegítimos salgan a la luz.

El gobierno respeta y aplaude las ganancias del trabajo productivo de empresarios y asalariados, pero las obligaciones de la ley deben ser cumplidas por todos y para eso propiciamos esta reforma impositiva.

Si ella no fuera buena o se mostrase insuficiente seguiremos reformando, porque el objetivo es bueno e irrenunciable.

Pero el campo más crítico y más importante para la especulación, y la causa más dolorosa del desaliento en el trabajo, es la inflación.

La inflación que padece el país no es ya sólo materia de la política económica, sino una cuestión fundamental de la reconstrucción de nuestras instituciones. En el mundo de la economía la primera de todas las instituciones es la moneda y es esa institución la que ha dejado de existir.

Cuando eso sucede y ya nadie sabe lo que vale su trabajo, se subvierten todos los valores. Entonces resulta más importante acaparar que arriesgar, especular que producir. A ese punto hemos llegado. Y de este punto tenemos que salir.

Después de casi diez años de pugnar, especular y acaparar en lugar de trabajar, arriesgar y producir, comprobamos que no sólo vivimos en el desorden y en la incertidumbre, sino que esta larga práctica ha producido daños estructurales en la economía del país. La ruina de las faenas productivas ha empujado a millones de personas a actividades de simple supervivencia. La preferencia por la especulación ha facilitado una enorme evasión de capitales y desalentado las inversiones privadas y públicas, año tras año. La desesperación frente al empobrecimiento ha engrosado las filas de la administración pública. Y la pérdida de confianza en el futuro ha ahuyentado los capitales nacionales y extranjeros. Todo esto es la consecuencia y la verdadera causa de la inflación que padece el país, porque la producción ya no alcanza a satisfacerlas necesidades de la sociedad y lo que producimos ha sido perdiendo calidad o se ha quedado al margen de la carrera mundial hacia el progreso.

Los argentinos trabajamos, millones trabajan duramente, pero trabajamos mal, en actividades improductivas, con equipos anticuados o con dirigentes que para sobrevivir han debido abandonar las preocupaciones de fondo y dedicarse a lo urgente para evitar la ruina.

Ha llegado el tiempo de encarar todo esto con una idea nueva. Trabajaremos, sí. Trabajaremos con ganas. Pero es indispensable que organicemos el trabajo para que esos esfuerzos den frutos. Debemos iniciar de inmediato la modernización del país.

El punto de partida es la modernización de las ideas y de las organizaciones. Con ideas y organizaciones antiguas no se pueden tener frutos modernos.

A la vuelta de muchos años de autoritarismo, la Nación no ha podido discutir sus problemas, se ha aislado de los cambios mundiales y ha sido parcelada por un “reglamentarismo” que castiga más duramente al que está más lejos del poder. En muchos ámbitos de la vida nacional vivimos con ideas y organizaciones que, habiendo sido muy nobles hace 40 o 50 años, no se adaptaron al progreso mundial, a los deseos de los ciudadanos o a la mayor complejidad de un país que ha duplicado su población. Hoy esas estructuras son como una cincha que no nos deja respirar.

Hemos de empezar pues por adoptar con coraje la costumbre de preguntarnos cada uno si son buenas nuestras ideas, si son buenos nuestros hábitos de vida, si son buenos los modos de organización de la vida ciudadana.

Llevamos muchos años legislando y dictando reglamentos que parecen dirigidos a ciudadanos de mala fe. Este concepto en la acción de gobierno ha creado una maraña fantástica de control, que todos padecemos. Los hombres de bien, que son la inmensa mayoría de nuestro pueblo, ven cada vez más trabado su esfuerzo creador y se sienten sospechados injustamente por la autoridad. Los verdaderos delincuentes encuentran impunidad en un sistema tan complejo que es de aplicación casi imposible.

Llevamos muchos años concentrando la autoridad y centralizando todas las decisiones. Nada más útil para las aventuras totalitarias, porque reemplazando o vigilando a unos pocos funcionarios y dirigentes de las organizaciones de la comunidad se obtiene el ejercicio del poder absoluto. Si queremos que los treinta millones de argentinos participen en el esfuerzo creador —y sabemos que es el único camino—es necesario tener confianza en todos y en cada uno de los ciudadanos. Esto vale para el gobierno y para las organizaciones no gubernamentales. La Argentina ha dejado de ser una sociedad abierta. Vivimos todos rodeados de imposiciones, prohibiciones y privilegios que paralizan las manos del innovador y favorecen a cúpulas que se han fortificado en las organizaciones para servirse de ellas.

Llevamos muchos años reemplazando la justicia por la influencia. Los gobiernos autoritarios han procedido con desprecio de la dignidad y función gobernante del Poder Judicial.

Hoy, para la defensa de un derecho legítimo, resulta más importante, a veces, conocer las triquiñuelas de una legislación frondosa que acudir ante los jueces con las razones simples del buen derecho. Si no impulsamos la reforma de la justicia, será imposible reemplazar el desorden de las normas por el orden de las conductas.

El “reglamentarismo”, la centralización y la impotencia judicial desalientan el trabajo creador, generan falsas necesidades de trabajo improductivo y cierran los caminos de la participación ciudadana en las decisiones políticas y en la ejecución concreta de las transformaciones.

Pocas leyes y reglamentos, jueces ejemplares y confianza en los ciudadanos para descentralizar la administración de las decisiones del gobierno y de los cuerpos sociales, constituyen los requisitos básicos para modernizar las organizaciones. Pero que nadie se ilusione. Hemos de persistir mucho en esta dirección de marcha para obtener buenos resultados, pues quienes están abroquelados en el desorden existente resistirán el cambio.

La modernización de las ideas y de las organizaciones se consolida modernizando la educación. El país necesita formar ciudadanos con mentes abiertas, sin miedo al cambio pero con humildad intelectual suficiente para cultivar la prudencia.

El país necesita potenciar los recursos humanos escasos de que disponemos. Nadie puede ignorar ya que este siglo termina con un avance indiscutible de las naciones que han dedicado a la educación y a la investigación sus principales esfuerzos. La independencia depende hoy de la tecnología más que de ningún otro factor, y ésta es una de las grandes ideas que el país debe discutir y revisar, porque a pesar de que hasta en el terreno doloroso de la guerra hemos sufrido los testimonios de esta verdad, no hemos terminado de aceptar la experiencia. Muchos piensan aún con los criterios de la primera mitad del siglo, cuando los recursos naturales y los servicios públicos eran los campos preferidos de la lucha por la supremacía. Tiempo es de revisar estos criterios, y entonces se comprenderá el énfasis que deseamos poner en la modernización de la educación, en la libertad para la creación y en la prioridad para los recursos destinados a la ciencia, a la técnica, a la educación y a la cultura.

Modernizar la educación es también aumentar los niveles de exigencia, y en esto debemos empezar por los dirigentes. Porque si millones de argentinos trabajan pero lo hacen en las condiciones de baja productividad, eso se debe en primer lugar a que los organizadores del trabajo no han resuelto convenientemente los problemas que se presentaron.

Necesitamos por fin modernizar los instrumentos de trabajo. Esto significará para la Nación un énfasis en el esfuerzo de inversión que debe ser un objetivo inmediato de la política económica y una preocupación de cada uno delos ciudadanos.

En la primera línea de esta acción deben estar los servicios públicos, que constituyen la trama de la actividad creadora tanto más esencial cuanto más compleja la vida de la Nación. Cuando los servicios públicos se envejecen o se detienen en su crecimiento comprometen la vida de la comunidad en su totalidad.

El esfuerzo de modernización debe realizarse con ahínco en la producción de bienes. Dado el actual estado de empobrecimiento en que se encuentra el país, debemos velar porque los pocos recursos disponibles sean utilizados con la mayor prudencia e ingenio por los responsables de dirigir el aparato productivo. La Argentina necesita empresarios inteligentes, audaces y emprendedores. Son ellos los depositarios de los recursos productivos para combinarlos de modo de hacer crecer la riqueza, multiplicando lo que la sociedad pone en sus manos.

La condición de empresario es una calificación profesional de aquellos ciudadanos que, sean o no propietarios del capital, saben utilizar los recursos productivos y lo hacen con el más alto sentido de responsabilidad.

Necesitamos formar esos empresarios y exigirles el cumplimiento de sus deberes sociales. Los directivos que utilizan situaciones de preeminencia y disponen de los recursos de la comunidad para otros fines que los mencionados –procediendo a destruir riqueza allí donde debería ser producida—deben ser marginados de la actividad económica.

Todo el programa de modernización del país supone disponer de importantes recursos económicos. La Argentina no los tiene, pero el pueblo argentino es capaz de formarlos. Es porque pensamos que esta formación requerirá una dedicación redoblada al trabajo y una postergación de gastos y consumos es que hemos dicho que entramos en tiempos duros. Duros porque debemos trabajar más para producir lo que hoy producimos y al mismo tiempo producir las herramientas de la modernización.

Nunca hemos pensado en políticas de empobrecimiento, sino en políticas de más trabajo y por eso el esfuerzo que nosotros pedimos es completamente diferente de los sacrificios propuestos por los grupos minoritarios. Nosotros representamos al pueblo y porque sabemos de su calidad es que creemos en una reparación por el trabajo.

Esto significa también una invitación para que los dirigentes de las actividades del trabajo se esfuercen en garantizar su continuidad, porque a fuerza de reclamar derechos o ventajas, muchas veces atendibles, por vía de interrumpir el trabajo productivo se alejará cada vez más la posibilidad de satisfacer esos derechos u otorgar esas ventajas. El derecho de huelga que garantiza la Constitución Nacional es el recurso grave y último en situación de conflicto, y en las condiciones en que se encuentra la República quienes deciden utilizarlo deben tener presente que esa decisión significa restarse en el esfuerzo de reconstrucción que nos imponen las circunstancias.

Las tareas del gobierno se han realizado en medio de las perturbaciones debidas a la verdadera postración en que se encuentran la organización y los recursos del Estado. Un largo período de autoridad centralizada, confusión de roles entre las distintas áreas y escalafones de la administración pública y evolución errática de las remuneraciones nos ha dejado un Estado ineficaz, con servidores desalentados.

La reforma del Estado es la reforma del instrumento principal de gobierno. Ya tiene principio. El curso para administradores gubernamentales ha comenzado con dos primeras pruebas de selección realizadas con una extraordinaria concurrencia de postulantes. Todo el país siente la necesidad de un cambio en el Estado, pues los ciudadanos acuden al llamado con interés ejemplar.

El programa de reformas tendrá un nuevo hito en el establecimiento de un adecuado Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, que el poder ejecutivo cuenta tener terminado en el curso del corriente año, para someter a consideración de vuestra honorabilidad, previa consulta con los sectores directamente interesados.

Referiré ahora aspectos sustanciales de la acción de gobierno, reseña que se completa con los informes de los respectivos ministerios que quedan a disposición de vuestra honorabilidad.

LIBERTAD, DIÁLOGO Y DEMOCRACIA

La Nación vive en libertad. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial han trabajado de consuno durante todo el año transcurrido para que así sucediera y este esfuerzo ha signado la vida de los ciudadanos. Con ser éste el estado normal de la sociedad según las prescripciones de la Constitución Nacional, acta fundacional de la República, debemos sin embargo reconocer y reconocernos en este logro, porque pocos fueron los presidentes que en las últimas décadas de nuestra historia han podido presentarse ante vuestra honorabilidad para hacer esta sencilla afirmación.

La acción de gobierno ha estado encaminada a proteger y promover la libertad sabiendo que la Nación dolorida y exasperada que encontramos el 10 de diciembre de 1983 necesitaba y sigue necesitando una acción de los dirigentes encaminada a apaciguar los espíritus, encauzar las quejas y evitar los desbordes. Nunca hemos querido anteponer la autoridad al convencimiento, aun cuando de esta ley de conducta pudiera derivarse una lentitud aparente.

Siempre llega más lejos la acción de todo un pueblo convencido de su obrar que el acto solitario del gobernante por genial que parezca. Esa es la superioridad histórica de la democracia sobre el autoritarismo.

La Nación se ha puesto a discutir sus grandes problemas en un debate que empezó entre los dirigentes pero que ha llegado ahora a la intimidad de los ciudadanos. Nos hemos acostumbrado a hablar y, mejor aún, a escuchar, y todos mis compatriotas saben ahora que no sólo cuenta su voto, sino que cuenta su opinión, de modo que es menester opinar con conocimiento, con respeto y con prudencia.

Este el sentido último del esfuerzo tesonero que ha hecho el gobierno para dialogar y concertar manteniendo abiertos los caminos del intercambio de pareceres, aun cuando tropezáramos con actitudes hostiles o con dilaciones exageradas. Quiero manifestar mi agradecimiento a los hombres del gobierno y de la oposición que han participado en esta faena trabajosa, porque más allá de los frutos inmediatos del acuerdo o de las constataciones de disenso han ensanchado de manera formidable el cauce histórico de la unión nacional y de la democracia.

El gobierno, además, ha procedido con absoluta certeza de que la libertad de hablar y de escuchar sólo existe en un ámbito de seguridad que proteja a los ciudadanos contra el agravio, la intimidación y el crimen político. Hemos garantizado la seguridad pública con resultados que, aunque imperfectos, nos anuncian que marchamos por la buena senda. Todos los ciudadanos sienten este nuevo clima que nos rodea y ésa es prueba suficiente de lo dicho. El nuevo prestigio de la democracia argentina en el mundo y las pruebas de respeto que nos llegan del exterior son una confirmación feliz de esta certidumbre.

Para perfeccionar esta política hemos procurado avanzar en las necesarias reformas del marco institucional. La Ley de Protección del Orden Constitucional que vuestra honorabilidad ha tenido a bien sancionar y la creación del Cuerpo de Protección del Orden Constitucional son prueba de ello. Esperamos que las consultas en curso para la redacción del Estatuto de los partidos Políticos nos permitan contar prontamente con un instrumento moderno a este aspecto de la vida cívica.

Tenemos la certeza de estar acompañados por la inmensa mayoría de la Nación en el empeño de consolidar las instituciones de la democracia y proteger las libertades. Así lo acaba de ratificar vuestra honorabilidad y así también lo han manifestado los partidos políticos cuando en el documento del 25 de abril pasado afirman: “La unión nacional es el instrumento que la hora reclama. Unión nacional que sólo concebimos en defensa de los intereses de la República, enfrentada a quienes desde adentro y desde afuera conspiran contra ellos. Unidad nacional para superar la dependencia y los condicionamientos que origina una deuda externa injustificada y gravosa que pesa en detrimento del nivel de vida de nuestro pueblo y frena nuestras posibilidades de desarrollo; unidad en torno a las grandes banderas de la justicia social y de la libertad”.

El Poder Ejecutivo hace suya esta afirmación y quiero manifestar ante los representantes del pueblo que hemos encontrado en tales manifestaciones una renovada energía para continuar por el camino que hemos emprendido.

Porque la gravedad de los males que aquejan a la Nación hace ilusorio que un solo partido político, por importante y fuerte que fuere, sea capaz de realizar la obra reparadora. Todos trabajaremos por la patria, porque más allá del juego del poder, natural en una sociedad democrática, debemos asegurar que ese juego sea posible por tiempo indefinido.

Debemos asegurar la democracia y dar sustento material a nuestras instituciones. De todos ha de ser el esfuerzo. Y de todos será el fruto de ese esfuerzo.

LA ACCIÓN INTERNACIONAL

Los cambios en la vida de la Nación son la fuente del renovado prestigio internacional de la República. Es a la vista de los nuevos modos y calidades de nuestra vida pública que la opinión mundial se ha interesado por nosotros, ha escuchado nuestras propuestas y ha reconocido la legitimidad de nuestra voz.

Siempre es así. Cuando los pueblos americanos saludaron a nuestras banderas y a nuestros ejércitos en las guerras por la independencia, la libertad que proclamábamos afuera imperaba ya dentro de nuestras propias fronteras. Los que han creído en años recientes que las relaciones exteriores de la Nación podían ser tratadas sólo con criterio publicitario, despreciaban a la opinión pública mundial con el mismo desprecio de que fue víctima, en lo interno, la opinión del pueblo argentino. Hemos dicho que porque no tenemos dos morales no tenemos dos políticas, y éste es el principio fundamental que ha informado nuestra política exterior. Cualquier ciudadano argentino puede interpretar e informarse sobre la filosofía del gobierno y reflexionar sobre nuestra acción interior siguiendo los pasos de nuestra política internacional, porque expresada con voces y en ámbitos diversos la filosofía del gobierno es una sola.

Con estos principios, el gobierno ha realizado una intensa acción internacional en el último año, y a pesar de las distancias que nos separan de otros pueblos, la vida cotidiana de los argentinos ha estado marcada por la presencia en nuestro territorio de grandes personalidades del quehacer mundial y la voz del pueblo argentino ha sido llevada a todos los continentes, tanto por los funcionarios del Poder Ejecutivo como por los señores senadores y diputados.

Este esfuerzo por volver a comunicar al pueblo argentino con todos los pueblos del mundo, sin exclusión de ninguna especie, ha permitido avances destacados en temas vitales para la Nación.

Los acuerdos alcanzados con la República de Chile consolidan la paz en nuestra extensa frontera occidental y prestan un servicio definitivo al gran proyecto de la integración latinoamericana. Las fuerzas creadoras de argentinos y chilenos quedan así disponibles para la acción civilizadora individual o conjunta en los vastos territorios australes, donde hemos de asentar formas civilizadoras nuevas en esa geografía del agua y del frío, única en la tierra latinoamericana.

Cuando nuestros mayores construyeron los primeros acuerdos con Chile, a fines del siglo XIX, pusieron en marcha una civilización del Sur que en sólo ochenta años ha producido frutos extraordinarios. En tierra argentina han crecido cinco provincias integradas hoy a nuestro Pacto Federal, centenares de pueblos y ciudades y una actividad económica de la que depende en buena medida nuestra producción ganadera, nuestra pesca, nuestra fruticultura y nuestro abastecimiento energético. Estos triunfos extraordinarios, que forman parte de nuestra realidad más inmediata, deberían ser prueba suficiente de que la paz es el único ámbito posible para el progreso.

Por todo esto, podemos abrigar hoy la esperanza de que el Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile inicie una nueva era de impulsos fundacionales donde el genio argentino se manifieste y las jóvenes generaciones se realicen.

En lo referente a las Islas Malvinas, nuestra posición siguió siendo terminante: la de no cejar ni por un instante en el esfuerzo por su plena recuperación, así como por la recuperación de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur: que no haya pues duda alguna de que no nos apartaremos de este camino. Aunque también reiteramos con igual seguridad y claridad, que la política internacional de la democracia argentina se basa en el principio de la solución pacífica de los conflictos entre las naciones y el respeto en esta materia específica, de las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Seguimos aspirando a que en este contexto se superen las distancias que nos separan del Reino Unido, no obstante la cerrada intransigencia demostrada hasta ahora por su gobierno, aunque cabe señalar con esperanza que ya hay amplios sectores de la vida política británica y de su opinión pública que comienzan a tener en cuenta no sólo el alto espíritu que impulsa nuestra acción y la verdadera voluntad de solucionar este conflicto, sino, además, la necesidad histórico-política por parte del Reino Unido, de reconocer finalmente los innegables derechos históricos, geográficos, culturales y políticos de nuestro país sobre las islas, con la reserva, claro está, del debido respeto por los intereses de sus actuales habitantes, cosa que estamos absolutamente dispuestos a garantizar.

Porque hemos proclamado la paz asumimos la tarea de una posición activa a favor del desarme. Porque a la paz no se la sirve sin justicia, hemos trabajado incansablemente para que se comprenda que el sistema económico internacional imperante nos conduce a todos, ricos y pobres, acreedores y deudores a un verdadero holocausto político.

La historia de la humanidad está llena de testimonios de que la injusticia económica puede conducir a sucesos de la más alta capacidad destructiva.

Los pueblos empujados a la miseria defienden su vida con su vida y por eso reclamamos y reclamaremos una inmediata revisión de un orden mundial que ha destruido la prosperidad y está destruyendo la esperanza de miles de millones de seres humanos.

Así es que en junio de1984 once países de América latina nos reunimos en la ciudad de Cartagena. Formulamos una declaración llamada Consenso de Cartagena, señalando la gravedad que para nosotros tenía esta nueva dependencia externa. A esta reunión siguió la de Cartagena II, que se cumplió en nuestro país, en la Ciudad de Mar del Plata. Más adelante en Santo Domingo, República Dominicana, tuvo lugar Cartagena III, donde también concurrió nuestro país participando activamente en su desarrollo y decisiones.

Como hemos defendido la justicia internacional, hemos respaldado también la justicia política. Ante el gravísimo y preocupante conflicto de América Central, mantuvimos de manera firme y probada, nuestro pleno apoyo al Grupo de Contadora y a sus esfuerzos para lograr una solución negociada del conflicto. Al respecto, insistimos ante todos y cada uno de nuestros interlocutores sobre la necesidad de una solución pacífica y negociada, fundada en los siguientes principios básicos: a) respetar el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos; b) promover el establecimiento de sistemas democráticos pluralistas; c) condenar toda forma de expansión del conflicto que lo sitúe en términos de enfrentamiento Este-Oeste.

LA REESTRUCTURACIÓN MILITAR

Honorable Congreso:

El 10 de diciembre de 1983 expresé ante vuestra honorabilidad que “las Fuerzas Armadas no pueden vivir enfrentadas con la sociedad civil” y el logro de ese objetivo en el que estamos empeñados supone para ellas el regreso a la actividad específica y a la subordinación a la autoridad civil constitucionalmente establecida.

Los hombres de las Fuerzas Armadas han asumido y comprendido ese rumbo insoslayable que es parte de la restauración institucional y es oportuno reconocer el esfuerzo de subordinación consciente que han realizado en procura de encontrar juntos y solidarios las mejores soluciones a la problemática integral de la República.

Han entendido, además, que le rol por cumplir dentro del planteamiento militar conjunto que está en desarrollo, perfeccionará a las Fuerzas Armadas para un mejor desempeño en la efectiva custodia de la soberanía nacional.

Las Fuerzas Armadas han tomado conciencia, también, y conciencia cabal de la crítica situación económica que se padece y que ha tocado el nivel de vida de sus cuadros y afectado en cierta medida su entrenamiento y equipamiento.

Restricciones éstas que se irán revirtiendo tanto con el desarrollo de la reestructuración militar que está en ejecución como cuando con el esfuerzo de todos, comencemos a cambiar paulatina pero sostenidamente la economía de crisis que nos agobia.

Conviene destacar el esfuerzo realizado por las Fuerzas Armadas en un contexto difícil y a veces poco alentador, para enfrentar esta transición con encomiable vocación de servicio y aportando alternativas nuevas con el fin de estructurar un moderno y eficiente accionar conjunto.

Es en este sentido que se está en camino de lograr, en un plazo prudente y con ritmo sostenido, la interacción solidaria y concurrente de todos los factores de poder del Estado a fin de satisfacer el mandato constitucional de “proveer a la defensa común”.

Hay realizaciones ya ejecutadas dentro de la reestructuración militar que siguen en estudio y desarrollo. En 1984 se efectuó una notable reducción en el gasto de Defensa para encuadrarlo en una dimensión adecuada al presupuesto nacional. La participación del presupuesto del sector Defensa fue así, del 2,7 % del PBI y en lo relativo al presupuesto de las Fuerzas Armadas se observa una caída del 4,2 % al 2,1 % del PBI entre 1983 y 1984.

Y se han concretado cambios de organización y supresión de distintas unidades con la consiguiente reducción de plantas y equipamientos y se torna necesario proseguir con esta reestructuración para que el presupuesto de este año sea suficiente y no ocasione obstáculos en la tarea sustantiva de las fuerzas.

Con todo, las medidas adoptadas preservan la capacidad militar que se mantiene en condiciones de hacer frente a las responsabilidades emergentes de la defensa nacional.

Ya ha sido organizado el Estado Mayor Conjunto como organismo superior responsable del planeamiento estratégico militar, a la vez que se ha concretado la reestructuración del Ministerio de Defensa con el propósito de ponerlo en condiciones de atender adecuadamente las funciones de dirección superior de las Fuerzas Armadas.

La reestructuración en ejecución se verá completada y avalada por la sanción del proyecto de ley de Defensa Nacional que ya se encuentra a consideración de vuestra honorabilidad.

Sus regulaciones, al mismo tiempo que definen los ámbitos normativos dentro de los cuales se desarrolla la defensa aspiran a permitir la expresión, con vigor y eficacia, de respuestas racionales y dinámicas, apropiadas, en definitiva, a las cambiantes situaciones que supone la existencia del conflicto.

Asimismo, establece claramente la subordinación de todo el sistema al presidente de la Nación y a las instituciones constitucionales. Dentro de esta reestructuración debe destacarse la elaboración de un nuevo plan académico para la Escuela de Defensa nacional, que responde plenamente a las exigencias del estado de derecho vigente,dinamizado y jerarquizando el aprendizaje y adecuándolo a la nueva concepción de la defensa nacional imperante en el mundo democrático moderno.

Un criterio de defensadinámico y moderno exige racionalizar y agilizar la actividad empresarial del sector y es con ese fin que se ha elaborado un proyecto de ley por el cual se crea la Corporación Industrial General Savio, Sociedad del Estado, que será la sucesora de la Dirección General de Fabricaciones Militares.

La falta de coordinación existente entre las sociedades y organismos de producción ya está siendo corregida a través de la centralización de la conducción empresaria en el área del Ministerio de Defensa. Esto implica poner término a la duplicación de esfuerzos y actividades que se venían verificando en distintas empresas del sector, como también lograr un cabal conocimiento de sus posibilidades de producción.

Se han unificado también los esfuerzos de comercialización y centralizado las tareas de investigación, lo que sumado a un régimen de fiscalización externo, ejercido por la Sindicatura General de Empresas Públicas, ha permitido solucionar la inexistencia de control que se verificaba al comienzo de la gestión del gobierno constitucional.

LA ACCIÓN EDUCATIVA

Honorable Congreso:

El sistema educativo argentino ha sufrido las mismas o mayores destrucciones que el resto de nuestras instituciones fundamentales. Quienes no pensaron en el futuro inmediato mal podían inquietarse por el porvenir de los niños y los jóvenes confiados a su cuidado. Si la Nación tiene hoy 6 millones de analfabetos funcionales como si hubiésemos retrocedido a las realidades que escandalizaban al gran Sarmiento, es porque algo trágico ha sucedido en la educación argentina.

Los derechos garantizados por la Constitución y las obligaciones establecidas por nuestras leyes directrices como la ley 1420 han sido abandonados. Los hijos de las familias arrojadas a la marginalidad económica, sanitaria y política mal pueden cumplir con la obligatoriedad de la enseñanza primaria. Es allí que empieza la faena titánica de la reconstrucción.

Pero en tanto resolvemos los problemas sociales, mejoramos la educación primaria e impulsamos los programas de alfabetización, hemos mejorado de manera sustancial el acceso a la educación media y superior, emprendiendo con coraje reformas que a muchos han parecido temerarias. Temerario sería suponer que podemos rehabilitar la civilización argentina demorándonos un solo minuto en la reconstrucción de la educación. Nuestra obligación es hacer como lo quería Sarmiento, porque como gobierno y democrático y desprovisto de dogmatismo tenemos el derecho y la posibilidad de corregir.

Hemos restablecido la libertad de la cultura, en las ciencias y en las técnicas y garantizando un tratamiento digno y no discriminatorio para los científicos y los artistas, afianzando el concepto de que los argentinos residentes en el exterior también han de integrarse al patrimonio científico y cultural de la Nación.

El gobierno se complace en comprobar que vivimos un verdadero renacimiento cultural. Al solo llamado de la libertad se han alzado miles de expresiones creadoras.

Pero el esfuerzo económico y político por la administración, transformó ese florecimiento en una corriente de realizaciones que ha cubierto el país y alcanzado significativa consideración internacional.

El cine, la literatura, la pintura y la música abren rumbos. Con el nuevo instrumento de armonización e impulso que es el Plan Nacional de Cultura esperamos que el movimiento creador se extienda rápidamente a las artesanías, la preservación de patrimonio cultural, la danza, la televisión y el teatro.

Restablecidos están los jueces de la Constitución tras un año de tareas en que vuestra honorabilidad y el Poder Ejecutivo han dado muestras de la eficacia de los mecanismos constitucionales previstos para su designación. El Poder Ejecutivo y los representantes del pueblo han discutido calidades, eficacias y circunstancias políticas para concretar cada uno de los nombramientos y el Poder Judicial se encuentra hoy constituido conforme a las leyes.

Trabajamos ahora todos en garantizar por vía legislativa la jerarquía del Poder Judicial que prescribe la Constitución y tengo la seguridad de que en un proceso de perfeccionamiento continuo avanzaremos hasta la creación de un funcionamiento perfectamente armónico de los tres poderes.

Es a este funcionamiento armónico que quiero referirme para señalar que los poderes creados por la Constitución han funcionado en plenitud durante el año que ha transcurrido. Los numerosos proyectos de ley sometidos por el Poder Ejecutivo a vuestra honorabilidad han merecido un tratamiento cuidadoso y eficaz. Cuando ellos han sido rechazados por los señores senadores y diputados, el Poder Ejecutivo ha tomado debida nota de sus razones y ha procurado adecuar sus políticas a la voluntad expresa de los representantes del pueblo.

Con el mismo espíritu, el Poder Ejecutivo ha hecho uso prudente del derecho de veto que le otorga la Constitución Nacional, restringiéndolo a los casos en que los intereses superiores de la República podrían verse afectados.

La gran mayoría de los proyectos vetados se referían a actos de disponibilidad cuyo sentido de generosidad es loable, pero que resultaban incompatibles con la situación de penuria en que se encuentra la Nación y que el poder administrador tiene la obligación de conocer mejor que ningún otro.

LA SITUACIÓN ECONÓMICA

Honorable Congreso:

La evolución de la economía nacional a lo largo de 1984 estuvo signada por las complejas negociaciones en torno de la refinanciación de la deuda externa, por la obligación de generar un saldo comercial que permitiera atender los principales compromisos con el exterior, por la urgencia de reactivar un aparato de producción severamente dañado y deprimido, por la necesidad de recuperar los bajos niveles salariales prevalecientes y, finalmente, por la intención de reducir el ritmo de crecimiento de los precios a niveles social y políticamente tolerables.

Es difícil encontrar en la historia de nuestro país una conjunción de problemas económicos de gravedad comparable a la que hemos tenido que afrontar en el año transcurrido. Y aun admitiendo que los errores de los hombres de Gobierno en la búsqueda de soluciones pudieran tener un valor significativo, nadie puede desmerecer el peso de la trágica herencia que hemos recibido. En la acción cotidiana de gobierno se reiteran, día tras día, los momentos de perplejidad y tristeza a medida que se comprueba, en sucesión casi interminable, que los daños han llegado a todos los terrenos del quehacer económico. Sólo la historia podrá explicarnos qué móviles o qué conjunción de adversidades impulsó a los gobernantes de los años pasados a realizar y permitir esta devastación incalculable.

Desde el análisis político la explicación es sencilla. Cuando se pierde de vista el interés general y se ataca sistemáticamente a las estructuras organizadas de la sociedad, privadas o gubernamentales, se desarma la red de relaciones que permiten la vida de las sociedades complejas. La destrucción de la organización social es el camino más seguro para la ruina de una civilización. Ninguna guerra y ninguna catástrofe natural tienen los mismos efectos destructivos que la dilución social. Las grandes civilizaciones de la humanidad han decaído siempre a partir de su desorganización interna y éste es el mal que ha castigado y castiga aún a nuestro país.

Necesitamos reconstruir las relaciones internas, restableciendo sus principios éticos, sus modos de comunicación, los límites de los derechos sectoriales, los estímulos y los castigos y la referencia al interés superior de la comunidad. Necesitamos, pues, restablecer las relaciones del trabajo, de la producción, del consumo, del ahorro y de la inversión.

El signo distintivo de la desorganización de la economía argentina es la inflación. El resultado más visible de los errores del pasado es la deuda externa.

Durante todo el año transcurrido el Poder Ejecutivo consagró esfuerzos muy significativos a ordenar y negociar la pesada deuda externa. La posición argentina en esta materia ha sido invariable y en un todo de acuerdo con la voluntad manifiesta de la Nación. Hemos fijado el criterio rector de buscar un acuerdo con nuestros acreedores que preserve el equilibrio entre las obligaciones del presente y la imperiosa protección del futuro, apuntando a introducir en el mismo criterios de flexibilidad y realismo que lo hicieran viable y compatible con la perpleja naturaleza de los problemas económicos argentinos, en particular nuestro agudo proceso inflacionario y nuestra decisión indeclinable de no admitir políticas que atenten contra la economía nacional o comprometan nuestra paz social.

Hemos encontrado el debido eco en nuestros hermanos latinoamericanos, a través del Acuerdo de Cartagena, para darle a este problema su debida dimensión política.

El empeño por reactivar el aparato productivo dio frutos, traduciéndose en un crecimiento del 2 % en el Producto Bruto Interno, y la necesidad de recuperar los bajos niveles salariales se satisfizo con una reparación del salario real.

Todas estas acciones condujeron por primera vez en diez años a un aumento del 6,5 % en el consumo por habitante. No puede ignorarse, sin embargo, que este crecimiento se acompañó con una caída en la inversión bruta fija del 12 %.

Todas estas labores, unidas a la permanente preocupación por reducir las presiones inflacionarias, impusieron una política de ordenamiento para el gasto público que el Gobierno procuró llevar adelante muchas veces en medio de la incomprensión de otras jurisdicciones de la administración pública.

En este sentido, corresponde mencionar que se alcanzó una reducción del déficit fiscal consolidado del sector público, resultado de una disminución de las erogaciones (excluidos los intereses) del orden del 8 % y un mantenimiento de los ingresos.

La reducción operada en los niveles de gasto se verificó en un contexto de cambio en su estructura. Las erogaciones del Presupuesto de la Administración Nacional en concepto de salud, cultura y educación, bienestar social y ciencia y técnica fueron en 1983 del 19,5 % y del 32,3 % en 1984. Por su parte, los gastos en administración general, defensa y seguridad disminuyeron del 30,3 % en 1983 al 28,7 % en 1984.

La magnitud del desequilibrio fiscal impone, sin embargo, nuevas iniciativas para reforzar la acción emprendida y realizar correcciones más inmediatas. A ese efecto, el Gobierno nacional ha preparado un programa fiscal de emergencia que hoy anunciamos y cuyas disposiciones principales son las siguientes:

En el terreno del gasto público, las medidas abarcan las empresas estatales y la administración central. Nos fijamos como objetivo una disminución del orden del 12 % en el nivel de gasto previsto para 1985.

Con ese fin, se está procediendo en el caso de las empresas estatales a ajustar los presupuestos de inversión y los gastos en bienes y servicios. En la administración central se han llevado a cabo economías en varios programas conforme a la ejecución de los primeros meses del año. Es decisión del Gobierno nacional mantener esta orientación, al tiempo que se imparten instrucciones para poner bajo un mayor control la política de contratación e incorporación de personal.

En la implementación de la política de reducción del gasto público será preocupación especial del Gobierno nacional reordenar sus compromisos de manera tal de respetar la prioridad que reviste la prestación de los servicios sociales que garanticen los niveles básicos de bienestar de la población, en particular los sectores más necesitados.

En el terreno de los recursos, el programa de emergencia fiscal descansa, en primer lugar, sobre medidas de índole tributaria adicionales. Ellas son el acortamiento de los plazos de ingreso del impuesto al valor agregado, el establecimiento de un sistema alternativo de vencimientos del citado gravamen y la creación de un régimen de ahorro obligatorio.

En segundo lugar, el programa prevé medidas destinadas a recomponer los ingresos del Tesoro a través del financiamiento adecuado de las tarifas de las empresas públicas.

El programa fiscal de emergencia apunta también a mejorar el financiamiento del sistema de seguridad social, condicionando la elevación del nivel real de las jubilaciones a la evolución de los recursos; con la moratoria previsional en marcha se espera además aumentar los ingresos del sistema y reducir la evasión.

Finalmente, es intención del Gobierno nacional, en el marco de este programa, cumplir con la coparticipación federal conforme a la evolución real de los ingresos tributarios sujetos a distribución. Los déficit provinciales, acumulados durante 1984, serán atendidos dentro de las limitaciones que impone la presente emergencia fiscal.

El conjunto de las medidas enunciadas está dirigido a actuar rápidamente a fin de reducir el financiamiento inflacionario del sector público. Esta es una situación que no puede prolongarse, porque compromete el logro de las aspiraciones de bienestar y progreso de la población.

Central como lo es en la coyuntura actual, la lucha contra la inflación no es la única meta que guía al Gobierno nacional. La estrategia de crecimiento definida a comienzos de año reconoce como ejes fundamentales la expansión de las exportaciones y el estímulo a los proyectos de inversión privada.

Esta orientación, que hemos llamado el Ajuste Positivo, constituye la alternativa estratégica al estancamiento crónico de la economía argentina y a la restricción que impone el peso de la deuda externa. La expansión de las exportaciones, al permitir el pago de los intereses de la deuda y el aumento de las importaciones, crea las condiciones que posibilitan el crecimiento. La concreción de proyectos de inversión privada hace efectivo ese crecimiento.

Estas iniciativas que no agotan, sin embargo, las decisiones que el Gobierno nacional se apresta a tomar para alentar el crecimiento, serán inútiles si no se alcanza una reducción del actual ritmo inflacionario y se recrea, en consecuencia, un funcionamiento más sano y estable de la economía.

La agricultura argentina avanza en una nueva era signada por la tecnificación, la imaginación y la aceptación con del riesgo. El gobierno hará cuanto esté a su alcance para favorecer los cambios que marcarán una nueva etapa de crecimiento de la Argentina agropecuaria. Hemos entrado en la agricultura de la excelencia y el país entero ha de acompañar este proceso.

Ese es el sentido del Programa Nacional Agropecuario que tiene la particularidad de presentar un marco de referencia estable y permanente para la labor rural.

La magnífica diversidad de la producción agraria argentina obliga también, y con más razón en tiempos difíciles, a extremar la agilidad de la acción pública. La crisis del mercado interno argentino castiga a rubros que tuvieron un gran desarrollo hace veinte años y que hoy padecen estancamiento. Hemos buscado para ellos nuevos destinos industriales, nuevos regímenes de regulación y nuevos mercados.

Y puede vuestra honorabilidad llevar a los pueblos que representa la certidumbre de que este Poder Ejecutivo no cederá en la voluntad de hallar soluciones novedosas y eficaces.

La reactivación de la pesca ha sido considerada por el gobierno nacional como uno de los pilares para consolidar y expandir nuestros mercados de exportación, contribuyendo al crecimiento de la economía y a que Argentina ocupe el puesto de relevancia al que la innegable potencialidad de sus recursos le permite aspirar; como lo indican bien a las claras sus cuatro mil kilómetros de costas marítimas y su extensa plataforma continental e islas del Atlántico Sur que cubre más de un millón de kilómetros cuadrados de Mar Argentino.

Paralelamente con esa expansión se encuentran otras metas como son la necesidad de defender el principio de las 200 millas y afirmar la soberanía en las áreas de explotación exclusiva, mediante la actividad principalmente de empresas pesqueras nacionales y evitando la depredación del recurso por parte de flotas pesqueras extranjeras.

También es de fundamental importancia para el desenvolvimiento interno, acelerar el desarrollo de su litoral marítimo y de su región patagónica.

Los gravísimos daños que ha sufrido el aparato industrial argentino han seguido pesando sobre nuestras espaldas. El crecimiento del 4,3 % en el Valor Agregado por la industria manufacturera en 1984 no alcanza a resolver el proceso de descapitalización del sector, ni podrá mantenerse con el solo impulso de un mercado interno de vitalidad comprometida por las dificultades presentes. Además, los recursos disponibles para desarrollo industrial han sido mal utilizados por una política equivocada de promoción cuya absurda inequidad está ya de manifiesto. Al lado de eso, magníficos complejos industriales con equipamiento de alta calidad y, sobre todo, con organizaciones humanas únicas y que han costado años de paciente estructuración, soportan graves dificultades sin que el Estado disponga de los medios para concurrir en su auxilio.

Esta anarquía irracional debe terminarse y los pocos recursos con que contamos deben dirigirse sin más demora a sostener y apoyar lo que tiene verdadero mérito. Debemos entrar en una industria de genuinos inversores. El gobierno espera que con el concurso de vuestra honorabilidad demos pronto nacimiento a una política industrial justa, eficaz y moderna.

Parecidas esperanzas deben ser puestas en el desarrollo de la minería que interesa a algunas de las regiones más pobres del país y cuyo letargo secular parece la prueba palmaria de que los argentinos no somos capaces de asumir una política económica de desarrollo integral e independiente.

Los trabajos realizados en el último año y que esperamos cuenten con el apoyo de vuestra honorabilidad deben llevarnos a terminar con el inmovilismo minero.

Es motivo de escándalo que en un país sediento de recursos nobles puedan existir riquezas identificadas y significativas que no se movilicen, por faltarle al ejercicio del derecho de propiedad el sentido social universalmente reconocido. Necesitamos una minería de movilización, y la tendremos.

Prueba de esta confianza es que el gobierno ha resuelto llamar a licitación para la explotación del mineral y de oro y plata de Los Huemules, Chubut, aplicando nuevos criterios de impulso oficial.

Hemos dicho que el trabajo argentino debe salir a competir a los mercados mundiales. Se trata de un desafío a nuestra capacidad y de un imperativo de la escasez de divisas que tenemos y tendremos por mucho tiempo. En el año transcurrido vuestra honorabilidad ha dado sanción a la Ley de Promoción de las Exportaciones y el Poder Ejecutivo ha de aplicarla con todo vigor para que su ejecución demuestre la bondad del instrumento y el comercio exterior nos ponga en camino de transformar a la Argentina en un país de activa presencia en los mercados internacionales.

Pero esta presencia depende de la más eficaz interrelación de la política de comercio exterior con los otros aspectos de la política económica. El desarrollo del espacio económico exterior de la Nación no es sino la proyección hacia el mundo de las mejores calidades de la economía interna.

Así, el objetivo de transformar la Argentina en un país comercial significativo requiere, en primer lugar, un esfuerzo particular en las políticas de producción interna, de inversión, de desarrollo tecnológico y, sobre todo, de adaptación a los cambios en los hábitos mundiales de consumo. Debemos terminar con la ingenuidad de suponer que se puede vender cualquier cosa, porque el comercio internacional de hoy es un arco gigante de operaciones inteligentes capaz de armonizar las actividades de un productor argentino con los deseos de un consumidor extranjero.

Los buenos resultados del comercio exterior argentino en 1984, ya mencionados, deberán ampliarse en el futuro con un ajuste estructural del sistema productivo, una nueva inserción de la Argentina en el mundo y un proyecto de integración regional.

De todos los anacronismos estructurales de la economía argentina, no es el menos dañino la organización del comercio interno de los productos alimenticios. En el área metropolitana más de 10 millones de personas están servidas por redes de comercialización que fueron concebidas, en el mejor de los casos, hace 40 años, con la tecnología de hace 40 años y para la población de entonces, que no llegaba al 40 % de la actual.

La deformación resultante se ha traducido en un desvío masivo de los recursos hacia operaciones improductivas, con gravísimos daños para productores y consumidores. La situación es tal, que una reforma comercial medianamente eficaz bastaría para duplicar los precios que reciben los productores, sin afectar para nada los que pagan los consumidores.

El gobierno ha emprendido esa reforma, disponiendo la habilitación del Mercado Central de Buenos Aires. Hemos de continuar en ella, realizando todas las modificaciones que sean necesarias.

En la organización comercial, en el consumo y en la producción, la Nación cuenta con organizaciones sociales originales y eficaces. Tales son las cooperativas,cuyas calidades y merecimientos han conducido a la creación de una secretaría específica que ha entrado en pleno funcionamiento en el curso del año concluido.

Ese nuevo departamento seguirá procurando armonizar los esfuerzos de esa noble actividad al mismo tiempo que abrirá los cauces necesarios para que el cooperativismo amplíe su participación en la construcción argentina.

EL REORDENAMIENTO SINDICAL

Honorable Congreso:

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mantuvo como objetivo primordial de su gestión restablecer las funciones básicas del sindicato revitalizando la representatividad y la participación irrestricta propia de una sociedad democrática y acorde con el mandato constitucional.

Con ese espíritu el Poder Ejecutivo elevó al Honorable Congreso la Ley de Reordenamiento Sindical que, inspirada en el artículo 14 nuevo de la Constitución Nacional y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, tomaba en cuenta la emergencia que afectaba a los sindicatos que soportaban en su casi totalidad intervenciones designadas por el gobierno militar.

Al no merecer la aprobación del Honorable Senado de la Nación, el Poder Ejecutivo nacional debió arbitrar los medios para lograr la impostergable normalización de las entidades sindicales. Así, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social acordó con los agrupamientos existentes las reglas para el proceso de normalización sindical. Se fijó un marco normativo en el que pudo optarse entre la fiscalización de la autoridad administrativa o la judicial. El Poder Ejecutivo aprobó lo acordado y lo remitió a vuestra honorabilidad, que lo convirtió en la ley 23.071 de normalización sindical.

En tal virtud hemos logrado procesos de normalización democráticos que han recibido la ratificación de elecciones con un alto grado de participación. En buena medida, puede decirse que el índice de participación —que en muchos casos superó el 90 %—es, históricamente, para estas condiciones de competencia electoral, el más elevado.

Afirmamos, con total certidumbre, que esta conquista no será dejada de lado: los trabajadores han alcanzado participación en un grado que no resignarán. Por el contrario, auguramos una evolución creciente hacia una participación plena, plural e irrestricta.

Honorable Congreso:

El sindicalismo volverá a ocupar de pleno derecho su papel de protagonista en el proceso social argentino. Tendrá poderío material y económico, pero también un rico contenido humano y cultural.

En este período avanzaremos hacia un nuevo régimen de Asociaciones Profesionales. Ese ordenamiento legal se ajustará a esta preceptiva

• Absoluto respeto a la voluntad de los trabajadores en las decisiones del sindicato.
• Fortalecimiento de las organizaciones por actividad.
• Estructuras ampliamente participativas con representación de las minorías.
• Preservación de las organizaciones gremiales de toda actitud discriminatoria de carácter político, racial o religioso y de las intromisiones de los empresarios, los partidos políticos y el Estado.
• Garantía del Poder Judicial para los procesos electorales.

Si concretamos un sistema legal que posibilite una organización gremial participativa, libre y democrática, como la requiere el artículo 14 nuevo de la Constitución Nacional y el Convenio 87 de la Libertad Sindical, habremos dado una prueba de madurez y espíritu de convivencia, lo que afianzará la paz social en el marco de unidad nacional a que hemos convocado.

El desorden generalizado que fue consecuencia de muchos años de manejo autoritario dejó un signo de retroceso y desarticulación de disposiciones legales, y organismos concebidos para defensa y protección del trabajador en sus condiciones y modalidades de trabajo y, en la posibilidad de una vida digna y segura para él y su familia.

Habría hoy que combatir el retroceso operado. En tal sentido, con la valiosa colaboración de la OIT —cuya consideración y respeto recuperamos con el advenimiento de la democracia—revitalizamos una política en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Para ello contamos con el asesoramiento de expertos nacionales e internacionales, así como entidades de trabajadores y empresarios. Estos esfuerzos permitirán la formulación de un programa nacional para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

Igual empeño se pone para mejorar los servicios de inspección laboral, virtualmente desechos, apelando a la coordinación con los organismos provinciales.Se impulsa asimismo la actualización de regímenes particulares de trabajo que han sido superados por el progreso tecnológico. Otro tanto ocurre con la legislación sobre convenciones colectivas y tratamiento y solución de conflictos.

Como materialización del amplio mandato que surge del artículo 14 nuevo de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 2.848 del 12 de septiembre de 1984 que creó la Comisión de Defensa y Protección del Trabajo que tiene por misión sugerir las modificaciones a la legislación para amparar al trabajador ante situaciones de despido arbitrario, falencia del empleador y cambios en la relación laboral que deriven de transformaciones económicas y tecnológicas.

Restablecer la función primordial del sindicato asegurando que sea participativo, democrático y vigoroso; consolidar la promoción y protección de los derechos de los trabajadores; revitalizar sus mecanismos de defensa, constituyen elementos inexcusables de un estado de derecho pluralista y democrático.

El sistema jubilatorio fue recibido en 1983 con un importante déficit acumulado que gravitaba pesadamente en el presupuesto nacional con el consiguiente impacto inflacionario. A lo largo de 1984 y lo que corre del actual, se han hecho enormes esfuerzos financieros para mantener en niveles soportables los montos de las prestaciones.

Ha sido imperioso generar recursos directos que permitieran liberar parte de los ingresos provenientes de impuestos coparticipados, que desde 1980 se afectanal pago de jubilaciones y pensiones, con el fin de reintegrar esos fondos para la atención de los requerimientos de las provincias. El restablecimiento parcial de la contribución patronal ha dado comienzo de solución a este problema.

Debemos reconocer que nuestro sistema previsional es por lo menos ilusorio ya que no presuntuoso: promete el 82 % móvil y no alcanza al 40 %, aunque es política del gobierno acelerar el progreso de las jubilaciones. Existe un 1.9 aportante por cada beneficiario, es decir menos de la mitad de lo que puede considerarse mínimo aceptable.

Debemos aceptar las transferencias de recursos para el alto fin social de que se trata, sin desconocer, sin embargo, que en la actual coyuntura impulsar un aumento de la presión tributaria previsional significa imponer cargas adicionales a una economía en crisis.

Por otra parte, se ha encarado con criterio realista el problema de un número considerable de empresas y trabajadores autónomos que estaban en mora. El Poder Ejecutivo nacional ha dispuesto una moratoria en condiciones sumamente razonables que permitirá la normalización de situaciones anómalas. Estas medidas de excepción deben acompañarse con gran rigor recaudatorio.

Es alentador señalar que en el último año la recaudación aumentó en un 10 % en términos reales.

El decreto 885/84 posibilitó que la gran masa de jubilados y pensionados que revistan en los niveles más bajos reciban un suplemento mensual que contempla su situación extrema.

Mientras tanto se han tomado varias medidas tendientes a perfeccionar el sistema de seguridad social. El subsidio de desempleo para trabajadores con cargas de familia permite afrontar la pérdida de sus ingresos durante un período razonable; la actualización gradual de las asignaciones familiares; la prórroga del régimen que permite a los beneficiarios continuar trabajando; igual beneficio en favor de varias categorías de docentes o investigadores; la ley 23.069, proyectada por el Poder Ejecutivo nacional que dispone que el sueldo anual complementario de jubilados y pensionados se liquide sobre la base del mejor haber del semestre; la reducción de la antigüedad para tener derecho a la asignación por maternidad; reglamentaciones de la ley de seguridad social para trabajadores del algodón, que ha permitido que miles de trabajadores accedan al régimen de asignaciones familiares, a las prestaciones asistenciales a través del Instituto de Servicios Sociales para Actividades Rurales y Afines y al cómputo de los servicios a los fines jubilatorios, terminando con una marginación que era una iniquidad social.

La seguridad social es una buena medida del sentido solidario de una comunidad.

El estado en que encontramos el sistema cuando llegamos al gobierno es medida de la decadencia del conjunto de la vida nacional.

LAS OBRAS PÚBLICAS

Honorable Congreso:

La política de obras públicas ha debido adaptarse a condiciones contradictorias. Por un lado, el gigantismo y la espectacularidad que informaron las acciones de los gobiernos precedentes han dejado en la sombra un deterioro general de la infraestructura y la insatisfacción de todas aquellas necesidades que, por modestas, no ofrecían ocasión de lucimiento. Por otro, el estado económico de la Nación nos ha privado de los recursos necesarios para atender las necesidades más imperiosas.

Hemos elegido una política de ingenio para resolver con recursos mínimos la mayor cantidad posible de problemas. Pero aún esta política ha tropezado con la perturbación de las catástrofes naturales que introdujeron un sentido de urgencia en muchas de las decisiones de las áreas respectivas.

Sin recursos económicos nacionales, sin posibilidad de aumentar el endeudamiento externo, debiendo sostener empresas públicas descapitalizadas y ajustar las tarifas, teniendo presente la pobreza relativa de los usuarios, la política de toda el área de servicios públicos se ha transformado en un esfuerzo de equilibrio inestable.Hemos procurado elegir soluciones realistas en el sector de los transportes, procurando mantener en funcionamiento nuestro sistema portuario, crecientemente exigido por las exportaciones de cereales y asegurar el mantenimiento de la red vial para no obstaculizar en demasía la actividad económica del país.

Hemos procedido con la misma prudencia en el sector ferroviario, aunque registramos avances importantes en el equipamiento y en el volumen de tráfico.Cuando la emergencia nos ha golpeado, como en el caso del elevador N° 5, de Bahía Blanca, el gobierno ha reaccionado con gran destreza resolviendo en pocos días lo que se presentaba como una prolongada crisis.

Con el mismo sentido de ordenada administración se han realizado las tareas en materia de comunicaciones y en el mantenimiento y mejoramiento de los servicios de agua en las zonas urbanas. Un ejemplo del sentido de servicio a los más carenciados lo constituye el plan Proagua, destinado a proveer de agua potable a 500.000 personas.

El área energética ha pasado a constituir un campo de desafío y de esperanza para nuestro país.

La Argentina es hoy un país gasífero y el gobierno está impulsando todos los cambios necesarios para potenciar esta realidad. Impulsamos la producción de gas, y su consumo, en lugar de combustibles líquidos, tanto para el uso directo como para la generación de electricidad, y llamamos al capital privado nacional y extranjero a participar en estas actividades.

Estamos convencidos, también, de que la relativa modestia de nuestras reservas petrolíferas reclama nuevos esfuerzos de exploración. Cuanto ha sucedido en el mundo en los últimos diez años muestra que el uso inteligente del capital y la tecnología pueden mejorar de modo cualitativo las condiciones del recurso natural. Por tales circunstancias hemos formulado un nuevo llamamiento para interesar al capital y la tecnología privadas en la explotación de las cuencas petroleras argentinas. Las nuevas inversiones en los programas de exploración y explotación ya acordados representan un aporte del orden de los 580 millones de dólares, que se volcarán a promover el crecimiento en las cuencas mediterráneas y en las costas aledañas a las cuencas submarinas.

En los grandes emprendimientos, el gobierno busca equilibrio entre las necesidades ciertas de largo plazo y las penurias no menos ciertas del presente. La Nación no puede renunciar a su futuro, pero no puede tampoco perder el sentido del equilibrio en la administración del presente.

Procuramos mantener en marcha aquellas obras que, como el complejo Yacyretá, representan una perspectiva de progreso continuo. Esperamos que la primera turbina de dicho proyecto pueda entrar en funcionamiento en 1991.

Un conjunto de intereses esenciales de la Nación se conjuga en el campo de la energía atómica. Las dificultades económicas conocidas no han obstado a una continuación de los trabajos, aunque hemos reordenado las prioridades. Nuestra primera preocupación ha sido preservar los recursos humanos y la organización, sabedores de que constituyen el corazón irremplazable de nuestro futuro atómico, y una posibilidad inestimable de avance tecnológico y científico en las más diversas ramas de la producción nacional.

Una mayor difusión de los radioisótopos y las radiaciones para su aplicación en el terreno de la salud y en las actividades económicas ha concurrido a enfatizar nuestra vocación de uso pacífico del recurso. En el mismo sentido, se ha procurado continuar con el plan de obras, acompasándolo a la modestia de los medios financieros que define la realidad de la hora.

LA ACCIÓN SOCIAL

Honorable Congreso:

Las urgencias sociales de la Nación son tan graves que no hay ningún otro terreno de la vida concreta donde puedan medirse tan precisamente los daños que hemos sufrido.

Nos propusimos luchar por la vida y lo hacemos luchando por la salud. La política en el área de la salud y la acción social está dirigida a atender los problemas estructurales pero, antes que todo, a socorrer a las víctimas de la crisis, de la marginación y de las catástrofes naturales.

Hemos puesto el acento en los problemas hospitalarios, fortalecido el Instituto de Obras Sociales, reforzada la atención primaria de la salud y encarado políticas nuevas a favor de los discapacitados y en la protección contra la drogadicción.

El concurso eficaz de vuestra honorabilidad, al sancionar la ley 23.102 del Fondo de Asistencia de Medicamentos, ha dado el marco para una política de medicamentos que, respetando los intereses económicos legítimos, dé un contenido particular que se corresponda con el objetivo social y humano eminente de la industria farmacéutica.

Pero todo esto no alcanza a conformar un cambio duradero sino en la medida en que marchemos hacia el establecimiento del seguro nacional de salud que reglamente los derechos establecidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, articulando armoniosamente las obras sociales, el hospital público y los prestadores privados de servicios de salud.

La Nación atraviesa por un período de prueba y la penuria es, y será nuestra compañía cotidiana.

Pero cuando hay riesgo de la salud y de la vida ningún privilegio es admisible y es por ello que la moral nos impone el deber de reunir todos y cada uno de los elementos de que disponemos en un solo accionar armónico para que lleguemos de la mejor manera posible a resolver las emergencias en que se juega la vida.

Ese, y no otro, es el sentido de la creación del seguro nacional de salud, y por eso tengo la certeza de que, más allá de los razonables disensos, el Poder Ejecutivo podrá contar con el concurso de vuestra honorabilidad para darle a la Nación esta institución indispensable.

Con el mismo sentido de urgencia y de excepción hemos creado el Programa Alimentario Nacional, cuyos beneficios llegan ya a más de un millón de familias y hemos potenciado los comedores preescolares y escolares que han casi duplicado la cantidad de prestaciones llegando a 677 mil niños en 1984.

La vida necesita también vivienda y es por eso que en el año transcurrido hemos acelerado los programas de construcción. Cuando nos hicimos cargo del gobierno había en el país 62 mil viviendas en ejecución, de las cuales 50 mil se encontraban paralizadas. Al 30 de abril pasado el país tiene 165 mil viviendas en ejecución dentro de los programas gubernamentales. Con el mismo sentido de servicio social, vuestra honorabilidad ha dado sanción a la ley 23.091 de Promoción de Locaciones Urbanas que armoniza nuestra vocación de libertad en las transacciones con un régimen de promoción y garantías que atiende al sentido social del gobierno.

Las preocupaciones del gobierno por el problema de ordenamiento ambiental, promoción del desarrollo urbano, patria potestad compartida y protección de las comunidades indígenas se han reflejado en sendos proyectos de ley que vuestra honorabilidad tiene a su consideración.

Pero las garantías del equilibrio de la salud y el reconocimiento del derecho al gozo de la vida necesitan también la expresión del deporte, que hemos promocionado con resultados sociales de magnitud.

Honorable Congreso:

Hace pocos días el pueblo, protagonista esencial de la democracia, a través de su movilización y por medio de sus representantes en este recinto, brindó pruebas inequívocas de su decisión de defender y afianzar la democracia recuperada por los argentinos.

Esa defensa institucional, requisito básico de la unión nacional e instrumento de la reconciliación que la sociedad reclama, nos demuestra además cómo surge de la democracia nuestra fuerza común para afrontar la dura realidad sin escamoteos y para acometer el mayúsculo esfuerzo que hoy se nos exige.

No es posible, ni son perdurables, los sacrificios sin esperanzas. Precisamos entonces que cada argentino conozca el tamaño del esfuerzo que se debe hacer, pero que sea también consciente de la esperanza que nace de esta lucha.

Se trata de esperanzas fundadas y no de vanas ilusiones. Porque si se sospechara que el esfuerzo de unos sirve para el enriquecimiento de otros, y si el esfuerzo de la sociedad no encontrara respuesta en el gobierno, nadie estaría dispuesto a continuar esta lucha.

Por lo tanto, la equidad es la condición inviolable del esfuerzo de la reconstrucción argentina.

El país no es el gobierno y no se trata de hacer esfuerzos para un gobierno. La empresa es de todos, pero la responsabilidad de conducción si es del gobierno y la asumimos con plenitud.

Dije hace pocos días, y quiero reiterarlo en este ámbito, expresión augusta de la soberanía popular,que mi gobierno no ha venido a ocupar el espacio entre dos gobiernos militares. Estamos dispuestos –y así interpretamos, sin distingos, la voluntad de todos—a desterrar para siempre la causa de los fracasos políticos y económicos y poner así fin a una larga decadencia.

No sólo defenderemos la democracia política, sino que avanzaremos para construir la democracia social. Y esto sólo se logra con una creciente participación.

Es indispensable que cada argentino sepa que la posibilidad de construir la Argentina que soñamos depende de cada uno.

El gobierno hará lo suyo: abrirá puertas, destrabará la economía, impulsará, en suma, la contundente energía de un pueblo que, si tuvo fuerza y convicción para la restauración institucional, no habrá de arredrarse ahora por honda que sea la crisis que lo desafía.

De ese modo los éxitos que alcanzaremos no serán triunfos del gobierno, sino realizaciones del pueblo; los planes no serán tema para iniciados, sino metas para el esfuerzo común, y los obstáculos no serán la preocupación de un equipo, sino el desafío del conjunto. Serán los éxitos, los planes y los problemas de los argentinos.

Todos seremos los artífices de esta obra que pondrá fin a la decadencia y nos permitirá concretar la Argentina fuerte, digna y solidaria que nos merecemos.